El ELN, las disidencias de las FARC y el FBL son algunos de los grupos criminales que operan en este estado fronterizo, donde el narcotráfico y el contrabando de mercancías diversas son cotidianos
Apure
La violencia se ha instalado en las zonas productivas y apartadas del estado Apure, al suroeste de Venezuela y en la frontera con Colombia. Allí operan con libertad grupos armados colombianos y locales, indígenas que están al servicio de la guerrilla y hampa común. Amenazan, extorsionan y matan a los ganaderos, así como a personas dedicadas al robo de ganado en las fincas.
De acuerdo con reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Apure, en 2019 se produjeron 130 homicidios, mientras que hasta el 31 de octubre de 2020, en la entidad fronteriza con el departamento colombiano de Arauca se habían registrado 40 asesinatos.
Las cifras, que parecen ir en baja, por sí solas no son un reflejo de las particulares formas de violencia que se viven en esa región invadida por poderosas organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL o “boliches”).
En la mayoría de los homicidios reportados se involucraron algunos de estos grupos irregulares. En ocasiones se valen de indígenas para delinquir, tomar los territorios y desplazar a productores agropecuarios, quienes, ante amenazas y robos, se ven obligados a huir y abandonar sus propiedades.
3.000 cabezas de ganado robadas en 2020
A pesar de que en esta área geográfica el levantamiento de datos es difícil, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), durante el mes de octubre de este año en la zona del Capanaparo fueron atacados cinco hatos. La denuncia fue presentada por productores de la región ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Apure, en San Fernando. Aún esperan respuesta.
Esta institución gremial también reporta que 37 comunidades indígenas que hacen vida en el Capanaparo -distribuidas en las poblaciones de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo; y Elorza, municipio Rómulo Gallegos- han sido organizadas y entrenadas para delinquir, bajo la dirección de irregulares del ELN.
Según Fedenaga, estos grupos amenazan y asaltan unidades de producción, cometiendo abigeato en grandes dimensiones, afectando entre 80 y 100 productores, a quienes les han hurtado y robado más de 3.000 cabezas de ganado bovino, sólo en 2020.
Aunque fuentes en materia criminalística resaltan que el índice de homicidios en el estado Apure ha bajado 70% durante 2020 en comparación con 2019, los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. Aseguran que los entes de seguridad del Estado en lugar de resolver los casos, los engavetan.
Los “ajustes de cuentas” entre delincuentes, el robo y la resistencia a la autoridad han sido los móviles más frecuentes en la entidad llanera, según los reportes oficiales.
Los homicidios reportados en esta entidad durante los últimos años han sido perpetrados no solo por el hampa común y por grupo armados irregulares, sino también por indígenas y funcionarios de los organismos de seguridad del Estado como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cicpc y la Policía Regional, que ejecutan a los presuntos delincuentes en sus propias casas. Pese a esta realidad, en las minutas policiales los funcionarios registran los hechos señalando que se trató de enfrentamientos por resistencia a la autoridad.
La mano de la guerilla colombiana
Aunque el Cicpc reporta 40 homicidios en Apure, la organización Fundaredes, dedicada al estudio de la violencia en los estados fronterizos de Venezuela, registra que solo en el primer trimestre del año 2020 ocurrieron 26 homicidios, incluyendo tres enfrentamientos de grupos armados.
Uno de estos choques, aún sin esclarecer, ocurrió en el sector Las Tres Esquinas del municipio Páez entre efectivos del Ejército y la Aviación venezolanos y presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC. Aunque algunas fuentes apuntan a que se trató de una emboscada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ELN en contra de grupos disidentes de las FARC para apoderarse de esa población ubicada en El Nula, al oeste de Apure. Lo más escandaloso fue que en el incidente perdieron la vida cuatro militares venezolanos, pero nunca se produjo información oficial sobre el hecho y tampoco se reportó si hubo víctimas por parte del grupo armado colombiano.
Oswaldo Cáceres, gerente general de FundaRedes, denunció esta semana ante el Ministerio Público del estado Táchira la desaparición de cuatro personas en el estado Apure, cuyos cadáveres fueron abandonados posteriormente en la zona sur del Táchira.
El defensor de derechos humanos exigió abrir las investigaciones correspondientes sobre estos hechos, que parecieran obedecer a un patrón de actuación de grupos armados irregulares como el ELN, las disidencias de las FARC y las FBL.
Cáceres explicó que en solo 10 días fueron localizados en el estado Táchira los cadáveres de cuatro hombres identificados como Rubén Ortega Blanco (50 años de edad) en el sector El Piñalito, municipio Fernández Feo, y residente de La Ceiba, estado Apure; y también José Ángel Ferrer (24 años de edad) en el sector Caño Tigre, municipio Fernández Feo, residente del estado Apure, y quien fuera desaparecido por la guerrilla según relatos de sus familiares.
Las otras víctimas fueron José Abenavide Jiménez Rojas (44 años de edad), hallado en el parcelamiento Irco en el municipio Fernández Feo, quien residía en San Camilo, El Nula, estado Apure; y un cuarto hombre que permanecía sin identificar para el momento del hallazgo, ocurrido en el sector Puerto Vivas del municipio Fernández Feo.
A un ganadero lo atacaron con flechas
Entre los crímenes más sonados de este año en Apure se encuentra el caso del ganadero y protector de animales Claudio Ramón Calzadilla Maleras, asesinado el pasado 14 de abril en una emboscada protagonizada por al menos 20 indígenas de la comunidad Pumé Vuelta Mala, en hechos ocurridos a orillas del río Capanaparo, en Achaguas.
De acuerdo con los familiares del fallecido, el suceso se registró cuando este hombre de 31 años de edad trataba de recuperar seis de los 10 caballos que le habían hurtado en la zona.
Calzadilla fue atacado con flechas por los aborígenes cuando se encontraba cerca de una res de su propiedad. El ganadero resultó herido y quedó en el lugar, mientras que sus dos acompañantes lograron huir y notificar lo sucedido.
El pasado 16 de abril, dos días después del hecho, una de las piernas del productor agropecuario fue encontrada a orillas del río Capanaparo por una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional, el Cicpc y la policía regional.
Los familiares de la víctima reconocieron que se trataba de una de las extremidades de Calzadilla por una cicatriz que tenía en la rodilla. Un día antes del hallazgo, tanto parientes del hombre como funcionarios de organismos del Estado habían recorrido la zona. Los investigadores determinaron posteriormente que el ganadero fue asesinado y arrastrado más de 100 metros hacia el río.
En el Capanaparo, zona apartada donde está ubicada la finca La Fortaleza, propiedad de la familia Calzadilla, se reporta escasez de gasolina y aseguran que no hay señal telefónica, lo que dificulta el traslado de las personas. En esta área geográfica se registran de manera indiscriminada hurtos y robos (que son hurtos perpetrados con violencia) de ganado, caballos mansos y queso.
Elisa Daniuska Pérez, quien fue pareja sentimental de Calzadilla durante dos años, relata con mucha tristeza cómo fue su vida con un hombre preparado académicamente, de buenos sentimientos, buen hijo y excelente novio. Vivían alquilados en la zona urbana de Achaguas para mantenerse cerca de la finca.
Pérez indica que el hombre se había convertido en parte de su familia. “No hubo persona con la que tuviera problemas. Incluso también formó parte del grupo juvenil de la Parroquia del Santuario Jesús Nazareno de Achaguas”, dice.
“Cuando pensamos en estabilizarnos como pareja hicimos el sacrificio de viajar hasta Cúcuta para comprar nuestras cosas, porque nuestro plan era emigrar para España, donde ambos pretendíamos casarnos y formar una familia”, relata la mujer. Al mismo tiempo confiesa que en el fondo los dos querían seguir dando lo mejor de sí en Venezuela, por lo cual decidieron posponer los planes de salir del país.
Una semana después del atroz crimen, la diputada Indígena Yesenia González y una comisión del Cicpc Apure acudieron a esta área rural para conversar con los indígenas y recabar evidencias. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver el caso porque los culpables del asesinato de Calzadilla amenazan de muerte a los indígenas para que no revelen dónde se encuentran.
La madre del productor, Sonia Maleras de Calzadilla, reclama que los homicidas de su hijo están libres, mientras su familia clama por justicia.
Ejecuciones y la llegada de la FAES
De acuerdo con fuentes en materia de seguridad, durante este año en la entidad llanera se han reportado 38 muertes clasificadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales seis fueron responsabilidad de funcionarios del Cicpc, las restantes se atribuyen a las FAES, policía estadal, Conas, Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército. Sin embargo, estos casos son registrados en las actas policiales como muertes por resistencia a la autoridad.
Defensores de derechos humanos en la región, que pidieron reservar su identidad por seguridad, explicaron a Monitor de Víctimas que los funcionarios de los entes de seguridad del Estado luego de las ejecuciones extrajudiciales llevan los cuerpos desde el lugar donde ocurrieron los hechos hasta la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortíz (Hpao), sin identificar los cadáveres.
Al abordar casos de este tipo es imprescindible hacer mención a la ejecución de Freddy Daniel Falcón Díaz, alias “Pelín”, y Frederys José Falcón Díaz, alias “Pelito”, supuestos integrantes de la banda El Pelín y El Pelito, dedicada a robar vehículos, extorsionar, secuestrar y matar.
El asesinato se registró el 2 de julio de 2020 por parte de una comisión mixta de funcionarios del Cicpc Apure y Miranda, que irrumpió en la casa de ambos hombres, ubicada en el sector Chompresero, parroquia El Recreo, en el municipio San Fernando estado Apure.
De acuerdo con el reporte oficial de los entes de seguridad del Estado, ambos hombres se encontraban solicitados por la supuesta comisión de los delitos de robo de vehículos, extorsión, homicidio y asociación para delinquir. Se escondían en el estado Apure.
Según la minuta policial, ese día el Cicpc no solo mató a los dos delincuentes más buscados en Ocumare del Tuy, estado Miranda, sino también recolectar en la escena del crimen como evidencia tres armas de fuego, dos calibre 9mm y una calibre 22 mm, así como también siete conchas de balas calibre 7.62 mm, diez balas calibre 9 mm, cuatro balas calibre 22 mm, cinco balas calibre 9mm y una granada de humo.
La mencionada banda delictiva operaba en los sectores La Mata y Las Tres Letras de la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, así como en los sectores Santa Rosa, Santa Marta, Pueblo Nuevo, Piloncito, La Cabrera y Colonia Mendoza, situados en la parroquia Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander de esa misma jurisdicción.
Alias “Pelín” estaba solicitado por el Tribunal Primero, Cuarto de Control de Valles del Tuy, estado Miranda por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, robo de vehículo automotor, extorsión, secuestro y asociación para delinquir. Así lo informaron las autoridades.
El hombre también era requerido por el Tribunal Primero de control de los Teques, estado Miranda, señalado por el delito de robo agravado de vehículo automotor, así como por el Tribunal Quinto de Control de San Juan de Los Morros, estado Guárico, por el delito de homicidio doloso.
Por su parte, alias “Pelito” tenía igualmente amplio prontuario policial y se encontraba prófugo de la justicia que planeaba procesarlo por la supuesta comisión de varios delitos: homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, asociación para delinquir, robo agravado de vehículo automotor, extorsión y secuestro, entre otros.
El abogado de las familias de las dos víctimas, que pidió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, denuncia ante el equipo de Monitor de Víctimas que luego del doble asesinato los parientes de ambos fueron despojados de sus bienes materiales, sin tomar en cuenta de las necesidades de las respectivas esposa e hijos de los entonces occisos.
El jurista asegura que dicha actuación policial fue peligrosa y estuvo mal realizada, porque a su juicio los entes de seguridad del Estado convirtieron dos órdenes de captura en un homicidio y robo de bienes.
“Cuando llegó al lugar del hecho la comisión del Cicpc, las esposas de los asesinados a gritos piden a los funcionarios actuantes el cese el fuego porque en la casa estaban alojados unos cuatro niños. Ellos (Pelín y Pelito) se rinden ante las autoridades, nunca hubo un enfrentamiento. Salen de su casa y lo ajustician en otro lugar, no los mataron en el interior de la casa”, dice.
El día del asesinato los encargados de la operación policial, regresaron a la casa para trasladar todos los objetos de valor existentes en este espacio privado: neveras, aires acondicionados, camas, colchones, topes de cocina, ropa, ollas y platos. También se apoderaron de dos motos y una lancha. “Se llevaron hasta los zapatos de los niños ¡No dejaron nada! También se trasladaron a una finca en la vía que conduce a la población de Achaguas, donde sacaron 43 reses”, apunta.
Según este mismo relato, los efectivos de la policía estadal sacaron de la casa los objetos restantes y los ingresaron en el comando de Poliapure, situado en la parroquia El Recreo en San Fernando. Luego, funcionarios del Cicpc tomaron por asalto esta sede y obligaron mediante el uso de la fuerza al encargado de este recinto dónde se encontraban los referidos enseres. El jefe de la Policía de Apure, Adelso Yépez, intervino y ambos organismos llegaron a un acuerdo: toda la operación quedaba a cargo del Cicpc y se dejaba constancia en un acta policial de los enseres entregados.
“Toda actividad policial que transgreda los derechos fundamentales es nula. Una orden de captura se convirtió en un verdadero acto delictivo. Es hora de conminar a las autoridades a hacer justicia, los funcionarios desnaturalizan el acto policial y lo convierten en delitos. La orden de captura no tiene incidencia en los bienes”, explica el jurista.
Ante el abuso de poder, los familiares de los fallecidos exigen a los entes competentes justicia y esperan recuperar sus bienes, confiscados por los funcionarios del Cicpc.
En la práctica se verifica que por lo general los casos de muertes de personas solicitadas y asesinadas por los entes de seguridad del Estado no son investigados a fondo, porque los informes no son presentados ante el Ministerio Público y los familiares no toman acciones por miedo a represalias.
En Apure los homicidios por robo son frecuentes
En el estado Apure una de las circunstancias más frecuentes en las que han ocurrido los homicidios de este año ha sido el robo. Tal es el caso del asesinato del comerciante Werner Alexánder Beroes Suárez, de 51 años de edad, registrado en el sector Los Algarrobos, municipio Biruaca. El hecho se presentó el pasado 24 de octubre aproximadamente a las 3:00 p.m. cuando desconocidos le propinaron un tiro en el pecho y otro en la cabeza.
Se conoció que el crimen fue protagonizado por tres desconocidos que no han sido capturados, quienes le solicitaron al comerciante que se detuviera y saliera del camión en el que se trasladaba en compañía de una mujer y un trabajador.
Según datos suministrados por fuentes policiales, Beroes decidió acceder a dicha solicitud e inmediatamente los tres delincuentes golpearon a la mujer para obligar a las víctimas a entregar la suma de 2.000 dólares y dos teléfonos celulares que llevaban consigo. El comerciante, al ver lo ocurrido, trató de defender a la mujer y fue entonces cuando le dispararon. El trabajador recibió un tiro en la espalda.
Beroes se dedicaba a la venta de víveres al mayor, era dueño de un establecimiento comercial ubicado en las adyacencias del mercado municipal de San Fernando y deja huérfanos a dos menores de edad. Gozaba del cariño y el aprecio de la comunidad, por lo cual la noticia consternó a la población que pide justicia.
La violencia en el estado Apure no se detiene. En 2020 han surgido cambios en la operatividad de algunos grupos armados, a lo que se suma la llegada de de las FAES a finales de 2019. De esta manera, desde indígenas hasta grupos subversivos y cuerpos de seguridad del Estado se han convertido en los protagonistas de la violencia en este estado fronterizo, mientras que la impunidad se instaló en cada rincón de la entidad llanera.
Lea más en www.runrun.es
