Nicolás Maduro, con la excusa de la inconstitucional Ley Antibloqueo, aprobada por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, anunció que convertirá a la Asamblea Nacional en una instancia dominada por las comunas, es decir, está anunciando que instalará en Venezuela, de manera definitiva una organización política que obedezca a los principios básicos propios de un Estado Comunista.
¿Ahora bien, tiene base legal tal pretensión? Lo primero es dilucidar claramente en que consiste el Poder Comunal. Una comuna es una “forma de organización social y económica que se basa en la propiedad colectiva y en la eliminación de los valores familiares tradicionales”. Se puede decir que tiene base legal, pero con soporte en la ilegítima Ley Orgánica de las Comunas de diciembre de 2010, pues violenta normas constitucionales tales como la 16 que ordena organizar políticamente a la República dividiéndola en Estados, Distrito Capital y territorios federales y precisando que el Municipio es la base territorial de tal organización. Todavía es más claro el artículo 136 de nuestra Carta Magna que precisa: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional” ¿Y en que recóndito lugar estará oculto en nuestra Constitución el Poder Comunal que da pie a la fantasiosa e ilegítima Ley que lo regula?
Como estamos acostumbrados a que este arbitrario régimen ande por la calle del medio irrespetando el mandato legal, es conveniente dejarle claro a nuestros lectores lo que pretende esta apócrifa Ley Orgánica, que hasta crea un Ministerio Popular para las Comunas, actualmente en función. Su artículo 2 es meridianamente claro al basamentar su constitución y funcionamiento en “los principio y valores socialistas”. Pero es el encabezamiento de su artículo 4 el que desarrolla con claridad sus perversos designios al dar por sentado el futuro comunal del país como “forma de organización política social”. El numeral 11 del mismo artículo crea una Gaceta Oficial para impartir las órdenes que deban convertirse en normas de obligatorio cumplimiento como sucede con las leyes y las ordenanzas, sustituyendo al Poder Legislativo Municipal, Estadal y Nacional; el numeral 13 proyecta un sistema económico comunal que sustituirá al ordenado por normas constitucionales; el numeral 14 define al socialismo, base ideológica de esta forma de organización, como un modo de relaciones sociales de producción para “lograr la suprema felicidad social”; y el numeral 5 define a la Comuna como la base de la “edificación del Estado Comunal”, en sustitución del previsto en la Constitución. Por su parte el artículo 57 llega al despropósito de crear una Jurisdicción Comunal, con jueces elegidos por el ámbito comunal.
La respuesta como vemos es clara, indubitable y sin alegación en contrario, Quiere decir que lo que se está preparando consiste en una franca conspiración internacional en la cual participa Cuba, Rusia, China e Irán para hacer de nuestro país un enclave comunista desde el cual promover la expansión de este sistema totalitario por toda América.
Mas grave aún es que este comunismo caminará junto con la penetración cultural que ya están acometiendo los iraníes a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, tal y como de manera valiente y sin tapujos lo está denunciando el Arzobispo Mario Moronta. Quiere decir que además de fraguarse un Estado Comunista, tienen planificado acabar con nuestro credo cristiano, algo imposible pero que nada mas en el intento creará un sufrimiento moral terrible a todo el pueblo.
Entonces tenemos que preguntarnos como detener estos planes criminales en contra de nuestra amada Venezuela. La respuesta la tenemos frente a nosotros y no es otra que alzando nuestra voz de protesta a nivel mundial, mediante la consulta popular que se hará del 7 al 12 de diciembre. Allí hay una pregunta clave que es la llave legal que abre la puerta para la ayuda internacional:”¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?”. Si el pueblo venezolano da instrucciones a la Asamblea Nacional para que proceda en este sentido, a nuestros aliados internacionales no les quedará otro camino que acudir en nuestro auxilio.
Para quienes pongan en duda la eficiencia y legalidad de este procedimiento debemos señalar que el artículo 62 de la Constitución prevé que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos y su artículo 71 faculta a la Asamblea Nacional para someter a referendo consultivo, las materias de trascendencia nacional, como son los que se plantean mediante la consulta aludida. Por otra parte, todos los venezolanos tenemos la obligación de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución por cualquier medio eficaz y legítimo, según su artículo 333.
Sabemos que hay apatía en muchos venezolanos, que existe frustración porque hemos luchado mucho sin haber tenido éxito, pero también debemos entender que si no detenemos al régimen en su proyecto de convertir a Venezuela en un Estado comunista e islámico, donde seremos perseguidos como cristianos, es una realidad que tenemos ante nuestras narices y por ello es obligatorio sacar fuerzas de lo profundo de nuestras creencias para detener el asesinato de Venezuela como país libre, democrático y mayoritariamente cristiano, Dios con nosotros.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
