La «Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia», desde su aprobación el 8 de noviembre de 2017, ha sido utilizada por el Estado venezolano como un mecanismo de persecución, censura y autocensura en el país, afirma el Reporte Especial “Normativa contra el odio: la censura hecha ley”, de IPYS Venezuela.
“Al menos 23 afectados, entre medios de comunicación y trabajadores de la prensa, ha dejado la norma contra el odio desde el 2018”, señala el texto. A 17 afectados les aplicaron acciones legales, entre las imputaciones de los tribunales y las denuncias formales de actores públicos; mientras que los otros seis fueron amenazados e intimidados con ser denunciados o procesados “por incitación o promoción al odio”, reveló el trabajo de IPYSve, que además indicó que “el 2020 ha sido el año con más personas detenidas y enjuiciadas por la norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con un total de 34 ciudadanos que han sido privados de libertad”, según datos de la organización Foro Penal.
Este informe también relató que “funcionarios públicos se han valido de la ‘Ley contra el odio’ para perseguir e intimidar a medios de comunicación, periodistas, religiosos, trabajadores de la salud, empleados públicos y hasta ciudadanos comunes por hacer valer su derecho a la libertad de expresión y opinión”, destacando que “dentro de esta legislación se pena el discurso de odio, pero no se establecen límites claros sobre su categorización”, lo que deja espacio a la libre interpretación, a la ambigüedad y da la potestad al Estado de establecer cuáles mensajes son generadores de odio y cuáles no.
El balance resaltó que “con la entrada en vigor de la normativa contra el odio, publicar informaciones incómodas para el Estado representa un riesgo para ser acusado e imputado por los delitos que la regla establece”, y citó los casos del Diario La Región en Sucre y La Verdad de Monagas, como medios que fueron señalados por presuntamente incurrir en la incitación o promoción al odio.
IPYS Venezuela exigió al Estado venezolano la derogación de la “Ley contra el odio” por ser un instrumento que va en contra de los estándares internacionales. De igual forma, la organización pidió la liberación y el cese de las investigaciones contra los ciudadanos señalados por los delitos contenidos en este estatuto, y el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas en cada caso.
