Consignar ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un informe sobre la situación de los jubilados y pensionados en Venezuela y en el exterior por la vulneración de sus derechos ante las acciones contrarias recibidas de parte del gobierno usurpador, acordó la Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado este martes..
El texto señala desconocer la modificación estatutaria de APJ PDV de noviembre del año 2014, por resultar inconstitucional y que ordene el pago regular de los intereses acumulados por PDVSA de acuerdo a los planteamientos de los afectados, así como la entrega de los estados financieros del fondo de pensiones APJ PDV del 2016 al 2019.
Asimismo establecer el compromiso de este Parlamento para reformar la legislación pertinente que conduzca a otorgar el 100 por ciento del último salario a jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral.
El acuerdo insta a realizar los impulsos necesarios de cara al nuevo gobierno democrático, para la aprobación de la Ley de Pensiones que incluya la creación de fondos suficientes que puedan garantizar pensiones dignas a las generaciones futuras.
De igual forma, investigar ya cesada de la usurpación y la reconstrucción de Venezuela, se lleve a cabo con base en instituciones sólidas en la búsqueda de la justicia social, los hechos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los jubilados y pensionados para así determinar las indemnizaciones correspondientes.
Con la gente en la calle podremos restablecer la democracia
Marco Bozo, diputado por el estado Carabobo, afirmó que el Parlamento Nacional no puede permitir la gran desigualdad que vive Venezuela y que el trabajo honesto siga siendo mal pagado y a su vez, esto sea una causa para morir de hambre, “mientras que un grupito se sigue enriqueciendo aferrados al poder, solo por un dinerito que se meten al bolsillo”.
Bozo exhortó a la AN en continuar acompañando a la gente en las calles, para ejercer la presión interna con el objetivo de establecer el orden democrático e institucional, con el fin de poder brindarle la justicia social al pueblo venezolano.
Indicó que el referido Acuerdo se llevó a cabo gracias a los jubilados y pensionados de Pdvsa, Cantv, CVG y de las distintas empresas públicas que aún siguen luchando con el propósito de canalizar muy pronto la justicia social.
“Vemos como le fue robado al Fondo de Pensiones de Pdvsa más de tres mil millones de dólares a través de una modificación estatutaria, una viveza de las que hace el régimen de Nicolás Maduro, es por ello, que debemos continuar con la presión a través de la movilización, a través de la calle, hasta lograr revertir esta situación para democratizar nuevamente a Venezuela y poder contar con instituciones justas en el país”.
Pierden beneficios que obtuvieron como trabajadores activos
Mientras que el diputado por el estado Aragua, Arnoldo Benítez recordó que en marzo del año 2016 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados y en diciembre del año 2018, fue sancionada la Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo, con el objetivo de garantizar a los adultos mayores la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Benítez aseguró que el régimen de Maduro ha impedido el avance de las referidas leyes al oponerse a su ejecución. Al mismo tiempo informó, que desde diciembre del año 2015 los pensionados que se encuentran en el exterior dejaron de percibir sus pensiones porque la usurpación así lo decidió, resaltó.
Enfatizó que los jubilados en Venezuela pierden los beneficios que obtuvieron cuando eran trabajadores activos, disminuyendo sus ingresos a cantidades insuficientes para vivir.
Ante lo expuesto el parlamentario le solicitó a la AN asumir el compromiso de garantizarle a todos los adultos mayores en Venezuela y a los que se encuentran en el exterior, la cancelación de las deudas existentes, así como la mejora sustancial de los montos de las pensiones, para que satisfagan las necesidades mínimas necesarias para subsistir, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Necesario asistencia técnica de la OIT con los actores sociales
Héctor Vargas, parlamentario por el estado Zulia, indicó que la AN debe asumir el compromiso de procurar los recursos para garantizar las sostenibilidad del Fondo de Pensiones del sector público y ejecutar las acciones necesarias para extender la solidaridad social a los sectores excluidos de la protección que merecen.
Vargas consideró la necesidad de una asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo OIT en conjunto con los actores sociales, en base a una dirección tripartita de la seguridad social. “La Fracción de Un Nuevo Tiempo apoya el referido Acuerdo, porque cumple los aspectos formales de la cara al nuevo gobierno”, enfatizó.
