El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, informó que su despacho viene trabajando con sumo interés la situación de venezolanos y venezolanas que se encuentran fuera del territorio nacional en calidad de migrantes, y que ante la pandemia mundial de la COVID-19 han visto afectados sus derechos humanos.
Ruiz recordó que la movilidad humana es un derecho humano reconocido por la mayoría de los Estados del mundo y debe ser garantizado tanto en los países donde se origina como en los receptores. Argumentó que es una obligación de los mismos proteger sus derechos fundamentales, brindar orientación, seguridad y acogida. Lamentablemente muchos hombres, mujeres, adolescentes y niñas migrantes venezolanas han sido engañadas, explotadas y abusadas en diferentes países de la región latinoamericana, el Caribe y en Europa, especialmente en España, donde se han identificado redes de prostitución y trata de personas.
Resaltó que en diciembre de 2018, se aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular por los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmando la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, aunque constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados; sin embargo, se reconoce que los migrantes y los refugiados afrontan muchos problemas comunes y tienen vulnerabilidades similares.
Precisó que en el caso del Pacto Mundial para los migrantes se propone un marco de cooperación internacional para abordar la migración en todas sus dimensiones y responsabilidades compartidas tanto en derechos como obligaciones para una migración segura. En ese sentido, lamentó que desde que se declaró, hace varios meses atrás, la pandemia de la COVID-19 en algunos países no se les haya brindado la debida atención a las y los compatriotas que decidieron residenciarse en otros territorios.
Recordó que muchos venezolanos en el exterior vieron comprometidos sus puestos de trabajo, fueron coartados de los servicios básicos, privados de atención médica, de alimentación e inclusive fueron desalojados de sus residencias, todo esto agravado por la actitud xenofóbica de algunas personas inescrupulosas. Lo anterior afectó la seguridad y permanencia de nuestros connacionales en diferentes países de la región y los colocó en situación de desventaja, desamparo y vulnerabilidad al no contar con el respaldo de las autoridades de esos países.
Refirió que esta situación obligó que muchos connacionales regresen masivamente por las distintas fronteras, particularmente por las denominadas “trochas”, consideradas pasos ilegales que han puesto en riesgo a muchos de ellos, así como a la población residente en la región fronteriza de Venezuela, por no respetar los protocolos de bioseguridad previstos por las autoridades sanitarias, los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos internacionales de DD.HH. para contener y prevenir el coronavirus y proteger su salud y su vida.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace del conocimiento público una serie de recomendaciones a las personas y a los entes respectivos para el tratamiento adecuado a las y los venezolanos que estando en el exterior desean regresar a Venezuela.
En particular, se recomienda a cualquier venezolano o venezolana que esta fuera del país y está siendo discriminada, explotada o vulnerada en sus derechos humanos ponerse en contacto con cualquiera de las Defensorías del Pueblo o Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en los países donde reside. Así como con los consulados y embajadas de Venezuela para recibir asesoramiento y presentar la respectiva denuncia y en dado caso, buscar los mecanismos adecuados para la repatriación.
La Defensoría ha propiciado con la cancillería venezolana un acercamiento permanente para la protección a connacionales en situación de vulnerabilidad, con los gobiernos y organizaciones de DD.HH. en los países de la región donde residan venezolanos. Así como, fortalecer las capacidades para la protección y mejorar el trato a los migrantes, en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada, Regular y respetuosa de los derechos humanos.
Además, se recomienda establecer criterios de priorización para el retorno inmediato de connacionales en situación de vulnerabilidad, en especial niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores o con alguna discapacidad o condición grave de salud, a través del programa “Vuelta a la Patria”, mejorando y haciendo estrictos los protocolos de evaluación y cuarentena para quienes regresen al país.
Igualmente, mantener la logística necesaria a las personas, autoridades e instalaciones o Puestos de Atención Social Integral (PASI) que se encuentran apostadas en las diferentes zonas de la frontera terrestre venezolana para recibir a los connacionales durante el estado de alarma y la cuarentena.
Señaló también la necesidad de que los funcionarios y funcionarias en puestos fronterizos brinden un trato digno y le presten la ayuda requerida para que se sientan seguros de regresar, con el apoyo de dichas autoridades, de forma segura, respetando las medidas de bioseguridad y cuarentena.
Finalmente, destacó que la Defensoría del Pueblo está en contacto permanente con las Defensorías del Pueblo de la región y mantiene reuniones, encuentros y visitas en las zonas fronterizas, a través de las Defensorías Delegadas, con acompañamiento de otras instituciones del Estado en materia de seguridad y de autoridades de salud, así como, con las Agencias de Cooperación Internacional de la ONU, registradas en Venezuela, para apoyar la llegada de connacionales y facilitarles su regreso al país.
