No puede ser legal un texto que haya sido promulgado por una asamblea no constituyente, ya que han admitido que no están haciendo ni van a hacer ninguna Constituyente, asimismo ha sido convocada y designada de manera ilegitima, de manera que este acto normativo es absolutamente nulo de acuerdo con Constitución, ya que es la usurpación de funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional.
El señalamiento lo hizo el abogado constitucionalista y profesor universitario, Juan Manuel Rafalli, durante su intervención en el foro organizado por el Observatorio Venezolano de las Finanzas de la Asamblea Nacional, para conocer los alcances de este instrumento.
Señaló que esta calificación tiene repercusión aguas abajo, porque de allí podrá devenir una decisión firme de la República, en el desconocimiento de las obligaciones y en los compromisos que se contraigan en función de esta supuesta ley, advirtiendo que quienes vayan a invertir y soportar alguna inversión de capital sobre esta ley absurda, ya saben que se van a enfrentar a problemas legales desde el punto de vista del desconocimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de negocios que se hagan con base a este Ley.
Destaca que este instrumento presenta problemas desde el punto de vista de la legalidad y sometimiento a la ley por parte del poder; el tema de los acuerdos negocios, actos jurídicos y en el tema de la opacidad, el secretismo, de la ausencia de controles e incluso la impunidad de cómo ha sido concebida.
Revela que de acuerdo con el articulo 19 de esta Ley, el Estado podrá desaplicar normas jurídicas de rango legal y sublegal, con lo cual lo que están diciendo es que no van a estar sujetos a la ley, termina esto generando una facultad que la Constitución confiere solo a los jueces, en casos específicos, cuando la aplicación de una norma deriva en la violación de algún derecho fundamental de un ciudadano, esto implica la perdida del principio de la legalidad e incluso altera y vulnera el principio de la separación y competencias funcionales de los poderes públicos, porque ahora el Poder Legislativo, aun cuando ha sido injusta y vilmente vaciado de competencia con sentencias impresentables, ahora las leyes que hayan sido aprobadas antes tampoco se le aplicarán al poder ejecutivo cuando este decida no hacerlo.
Además esta Ley permite al Ejecutivo realizar cualquier tipo de acto, contrato o negocio jurídico, todo ello bajo la excusa, de proteger los activos de la República, mejorar las inversiones, la recuperación del salario, la infraestructura, los servicios públicos, pero simplemente es una excusa, este es el edulcorante, porque después hay cosas terribles, además que señala como muy difícil que se puedan cumplir esos objetivos en estas circunstancias, explicando que esto obvia cualquier mecanismo de control del Parlamento, que se aplica a los contratos de interés públicos y han llegado al extremo de facultar al Ejecutivo para que levante la reserva constitucional de actividades reservadas al Estado por su importancia estratégica, es decir en materia de Hidrocarburos, telecomunicaciones, Minería y en cualquier otro tipo de actividad reservada al Estado, sin autorización y sin estar sometido a ninguna ley y además fuera del control parlamentario que establece la Constitución.
“Esto por supuesto es gravísimo, porque a partir de aquí puede empezarse a generar un proceso de reprivatizaciones, que yo en lo particular no estoy en desacuerdo con las privatizaciones, pero esta vez se haría con los aliados y secuaces de quienes está ejerciendo el poder ejecutivo y librados de cualquier atadura legal para el cumplimiento de la Ley. Esto le va a permitir al Ejecutivo modificar no solamente órganos de la administración pública centralizada y descentralizada, sino que le permite modificar el régimen de empresas mixta y empresas del Estado, crear nuevas, transformarlas, todo bajo la excusa de preservar el patrimonio de la República y liberarnos de un terrible bloqueo, que no se hasta que punto existe”, explica.
Advierte Rafalli que si quisieran tener una magnífica ley antibloqueo, debe tener un solo artículo que es la convocatoria a elecciones libres, autenticas y justas; con un CNE designado de acuerdo a la Constitución, legitimar el ejercicio de la función legislativa y el poder Ejecutivo, es decir parlamentarias y presidenciales para poder enrumbar el país hacia adelante.
Expone que la propia Ley exime al ejecutivo de cumplir con el régimen presupuestario y el endeudamiento público regulado en la Constitución. Dijo que en Venezuela no se puede gastar dinero fuera del presupuesto que debe aprobar la AN; en el país no se puede endeudar la República ni puede haber endeudamiento interno, sin una ley que previamente debe ser aprobada por la AN, todo esto ha venido siendo obviado poniéndolo en manos de la ANC y ahora se pretende recoger en un instrumento de aparente legalidad, aunque realmente no la tiene.
“Allí podrán gastar todos los recursos que se obtengan en estos negociados, sin que nos enteremos, sin que estén asignados a ninguna partida, sino en los rubros que con la excusa de mejorar las condiciones de vida de la gente aparecen en la Ley, pero esto realmente es muy grave y esto me lleva al último punto, que es el secretismo, la confidencialidad, hay una reserva de documentos, archivos que serán llevados en expedientes apartes, ningún funcionario va a tener acceso a ellos, como lo ordena la Constitución y la Ley de Procedimientos Administrativos, nadie va a poder enterarse de nada y esto no solo abarca al poder Ejecutivo, sino a cualquier ente o autoridad pública, concluye que los funcionarios públicos van a estar limitados en la información que puedan dar, lo que establece un mecanismo de censura sobre los asuntos que están bajo su responsabilidad y eso esta expresamente prohibido en la Constitución, pero esto llega a un extremo tal que ni siquiera el Ministerio Público y los Tribunales pueden acceder a esa información, sin pasar primero por la alcabala de la Procuraduría General de la República, que tratará de dar la información en términos que no generen daños a la República, esto genera impunidad, una perdida de autonomía en el principio de la separación de los poderes públicos, e incluso la Contraloría tendría que coordinar con el auditado, el acceso a esta información”, dijo Rafalli.
