Sidoristas y familiares de trabajadores fallecidos exigen a CVG que cumpla con el beneficio de HCM

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Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), representantes del Movimiento 10 y familiares de sidoristas fallecidos, se concentraron frente al edificio de la Corporación Venezolana de Guayana para entregar un documento en el que exigen garantías en cuanto a la póliza de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).

Pedro Velásquez, trabajador y director laborar de Sidor, expresó que a los trabajadores y familiares se les está vulnerado el derecho a la salud. “Si un trabajador requiere una cita o tiene una emergencia médica, no nos atienden”, expresó.

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Estima que en las últimas dos semanas han muerto dos trabajadores de la estatal porque no los atendieron en las clínicas de la ciudad, entre ellos, Yuraima Otero y José Mundarain. “No queremos más muertos” comentó.

En los pocos casos que la empresa corre con los gastos de los trabajadores enfermos, estos deben tener facturas de los exámenes, medicamentos o citas médicas, para luego desde la empresa hacer el reembolso que puede tardar hasta dos meses.

Los trabajadores que cobran menos de 20 dólares no pueden costear citas médicas que superan los 30 dólares, ni cuentan con transporte para trasladarse a la planta y solicitar el reembolso. Además de esto, si están fuera del plan de contingencia, pocas son las oportunidades que tienen de entrar a la siderúrgica porque tienen la ficha desactivada.

Un representante de la Asociación de Clínicas de Guayana (Asocligua), que prefirió no identificarse, informó en el mes de agosto a Correo del Caroní que, desde enero de 2019 la CVG no responde sus solicitudes de pago. Las 20 clínicas que forman parte de la organización se vieron perjudicadas por las deudas de las empresas básicas. “A la mayoría no les pagaron”, comentó en ese entonces.

“Lo que nos dicen en las diferentes clínicas cuando vamos con alguna patología es que la empresa o CVG no les ha cancelado a las clínicas. Lo que nosotros le exigimos a la CVG es que cumplan con el pago a esas clínicas para que nosotros podamos ser atendidos”, sentenció Velásquez.

Sin atención integral

Los trabajadores de la estatal ni siquiera en pandemia pueden conseguir alternativas para garantizar el derecho a la salud. Domingo Castillo, hipertenso, con 42 años de servicio en Sidor y sin posibilidades de acceder a atención medica privada, fue al centro médico Comandante Supremo Hugo Chávez de la CVG, ubicado en el antiguo edificio Maxis de Alta Vista, para conseguir una cita médica, pero no fue atendido.

Este centro de salud prestaba servicio de odontología, pediatría, cardiología y ginecología. El poco pago y la falta de insumos llevó a que los médicos se fueran, aunque tratan de reactivarlo desde hace un mes, el servicio sigue siendo deficiente.

“Me dijeron que no tenían medico en estos momentos, que había que esperar hasta el mes de noviembre que viniera el médico internista, para poder solicitar la cita”, señaló Castillo.

El trabajador de 65 años está sufriendo de mareos, malestar en el cuerpo y hasta manchas rojizas en la piel. Desconoce qué le está causando todos estos padecimientos, porque no ha logrado atención médica.

Exigió que se garantice la salud de los trabajadores a través del HCM y que establezcan un salario que les permita acceder a alimentos, ya que muchos están mal alimentados y dependiendo de las remesas de familiares en el exterior.

Exigencias de familiares

Uno de los últimos trabajadores que murió sin atención del seguro HCM fue José Mundarain, quien tenía 32 años de servicio en la estatal. De acuerdo con el acta de defunción, falleció a consecuencia de un shock séptico e insuficiencia renal aguda, sin embargo, en el Hospital Dr. Raúl Leoni lo atendieron como paciente de COVID-19.

Evelin Mundarain, hija del fallecido, acompañó a los trabajadores en la entrega del documento frente a la CVG. Responsabilizó a la Corporación, a la directora del Hospital Dr. Raúl Leoni y al jefe de cardiología de la muerte de su padre. Exigió que se active el seguro HCM y que pare lo que ella considera, trato discriminatorio contra los trabajadores.

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