La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales proyecta que para diciembre, podríamos tener catorce mil casos diarios de COVID 19 en nuestro país, de no disminuir sensiblemente los contagios. El anterior informe de la corporación, cuyas proyecciones han sido confirmadas en la realidad, fue criminalizado por el grupo en el poder.
Impresiona pero dolorosamente, no es raro. La cúpula que manda tiene una querella irreductible contra la inteligencia y el conocimiento, sólo superada por su pleito con la verdad. Sustituir ciencia y verdad con propaganda sirve a unos avispados para trepar y mantenerse en el círculo poderoso, pero a los venezolanos nos perjudica.
Interesa al país entero que quienes gobiernan escuchen a quienes estudian e investigan. Como a quienes producen, a quienes trabajan y se comporte al servicio de todos, como es su deber. Que podamos sumar el esfuerzo y el talento de todos para enfrentar esta amenaza creciente. El virus no discrimina políticamente, no excluye, no divide. Es tenebrosamente democrático al llegar a todos los sectores y todas partes. Médicos eminentes lo han advertido y demostrado.
PROVEA, respetada ONG defensora de los Derechos Humanos, informa que setenta y cuatro profesionales de la salud murieron en agosto “convirtiendo a Venezuela en uno de los países con mayor porcentaje de muertes de médicos en el mundo”. La Universidad Central de Venezuela, anuncia que no reiniciará todavía las actividades presenciales o semipresenciales. Los gremios docentes se han pronunciado en el mismo sentido ante el inminente comienzo de las clases en educación básica y media. Las informaciones generadas por las autoridades son confusas y son abonadas por la desconfianza de la población en que en las prioridades oficiales esté el interés social.
Desde el poder se dictan medidas preventivas de restricción de la circulación de personas así como de actividades económicas productivas, del comercio y los servicios. Las oficinas públicas permanecen cerradas o con funcionamiento muy limitado. Las reuniones de cierto número de personas están prohibidas.
En ese cuadro real, lo sensato es no insistir en una convocatoria electoral para diciembre. Un distinguido grupo de venezolanos introdujo ante el TSJ un recurso solicitando su diferimiento por razones de constitucionalidad, legalidad y conveniencia político-institucional al cual he manifestado mi apoyo. Son buenas razones, pero el panorama relega lo político y lo legal a un plano secundario ante una realidad humana abrumadora.
Ramón Guillermo Aveledo
