Un acuerdo en el marco del inicio del nuevo año escolar y la paralización de la educación, que plantea tomar en cuenta la declaración ofrecida por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres, sobre dar prioridad a la apertura de las escuelas una vez se tenga controlada la pandemia, porque un cierre prolongado plantea el riesgo de una “catástrofe generacional”, aprobó este jueves la Asamblea Nacional.
En el documento se advierte que las decisiones que se tomen tendrán un impacto en niños y jóvenes, y en el desarrollo de los países.
El acuerdo establece como condiciones mínimas para el inicio del año escolar, la seguridad social y niveles salariales de los docentes que les permitan costear la canasta básica familiar y reactivación de las pólizas de HCM con la adecuación de la cobertura a la realidad inflacionaria.
Además, advierten que se debe garantizar el cumplimiento de atención sanitaria, mecanismos de protección de bioseguridad y alimentación a los estudiantes y docentes durante la jornada escolar.
Destaca que se debe definir un programa de enseñanza y adaptaciones curriculares adecuado al contexto de emergencia nacional, a la pandemia y a las modalidades educativas a implementar a través de un sistema semipresencial reforzado con mecanismos virtuales de interacción.
El Acuerdo, establece como prioridad la dotación de dispositivos, plataformas tecnológicas y garantizar el acceso a internet de los docentes y las familias para la interacción pedagógica de las comunidades escolares. Además del acondicionamiento y dotación de la planta física, así como la logística para el funcionamiento básico de las escuelas en todas las modalidades, con suministro de agua, electricidad, internet, instalaciones sanitarias, material y logística de bioseguridad.
Así mismo garantizar el transporte a estudiantes y personal educativo, así como el cumplimiento del requerimiento presupuestario de las universidades autónomas con estricto respeto a la autonomía universitaria.
El documento establece la conformación de una Comisión de Alto Nivel, coordinada por la Subcomisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social de esta Asamblea Nacional, con participación de la Comisión Plan País, expertos de los sectores de salud y educación, académicos, gremios docentes, padres y representantes, y estudiantes; en tiempo perentorio a determinar por el parlamento para elaborar los lineamientos de un Plan de Rescate de la Educación Venezolana.
En el documento se responsabiliza a Nicolás Maduro Moros de la falta de condiciones mínimas de salubridad, tanto para educadores, estudiantes, personal administrativo y obreros, como condición esencial para iniciar el año escolar y garantizar el derecho humano a la educación de niños y jóvenes, sujetos activos del proceso de desarrollo. Por la falta de dotación de herramientas tecnológicas (computadoras, teléfonos, instrumentos de conectividad a internet), necesarios para que puedan desarrollarse las actividades pedagógicas de manera efectiva y eficiente.
La Asamblea Nacional deja claro su rechazo del desconocimiento de la realidad educativa nacional, el anuncio irresponsable del usurpador Maduro de cambiar la denominación de las escuelas y convertirlas en “centros de asistencia pedagógica” así dictaminar el eventual llamado a clases presenciales el próximo mes de octubre bajo el esquema 7X7 sin garantizar las medidas de bioseguridad ni las condiciones mínima.
En el Acuerdo se plantea que una vez constituido un Gobierno de Emergencia Nacional se va a impulsar el inmediato acondicionamiento de los planteles educativos en todo el país, para que cuenten con planta física adecuada y servicios básicos esenciales, todo lo cual permitirá la eventual reapertura de dichos centros de educación.
