Aunque Nicolás Maduro ha producido, este año, dos decretos de suspensión de pago de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de vivienda principal, en la mayoría de los casos, las partes han llegado a acuerdos satisfactorios.
Así lo hizo saber José Manuel Alejos, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, al ser entrevistado por Elimpulso.com.
La decisión tiene como objetivo “aliviar la situación económica de los arrendatarios y arrendatarias”, dada la crisis ocasionada por la aparición de la pandemia de COVID-19.
El primer decreto, número 4.169, el 23 de marzo en Gaceta Oficial y el segundo, ahora, es el 4.279. Ambos establecieron un lapso de seis meses, lo que hace que la suspensión sea de un año.
Sin embargo, la excepción ha sido la suspensión, porque los propietarios de los inmuebles han llegado a acuerdos con los arrendatarios, en la gran mayoría de los casos. Es así como se han hecho revisiones de los cánones y se han llegado a arreglos muy satisfactorios para las partes.
Algunos arrendatarios se han ceñido al primero de los decretos, que es igual al segundo, para no pagar hasta que cese la situación.
Pero, realmente, los entendimientos que se han logrado ha sido la mejor decisión que se ha tomado, por cuanto están al día los arrendatarios, tanto los del sector comercial como los que viven de inquilinos en todo el país.
Al indicar como sano el acuerdo entre las partes, Alejos manifestó que de ese modo se mantienen muy armónicas las relaciones en ese sector y la prolongación de la medida no alterará ese ambiente de cordialidad.
