Fundaredes elevó a instancias nacionales e internacionales la situación de vulneración sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ante la ocupación violenta de sus territorios por parte de grupos armados irregulares, causando afectación directa sobre sus derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, la cultura, el acceso a servicios públicos y la educación, entre otros.
Clara Ramírez, directora de Fundaredes detalló que acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitarle a Alfredo Ruíz, defensor nacional, que conozca la problemática de más de 44 comunidades indígenas que hacen vida en Venezuela.
La denuncia también fue llevada ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, para consignar todos los elementos probatorios documentados, donde se demuestran los casos.
En tal sentido, la Directora de Fundaredes indicó que las comunidades indígenas están siendo vulneradas por la actuación indiscriminada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), células de Hezboláh y las organizaciones criminales denominadas “Sindicatos”, que arremeten contra la tranquilidad de estos hermanos indígenas.
Ramírez detalló que, Fundaredes ha documentado desde hace años cómo las poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han sido despojadas de sus territorios y han caído en el absoluto abandono por parte del Estado venezolano, que ha llevado a que incluso se origine el desplazamiento de comunidades Yukpas hacia la frontera entre Táchira y Norte de Santander, donde permanecen en condiciones precarias.
Igualmente denunció la omisión del Estado venezolano en el resguardo de los derechos, la seguridad y la protección de las comunidades indígenas para ofrecerles el bienestar y desarrollo.
Por su parte Javier Tarazona, director general de Fundaredes, dijo que en Venezuela existe una hiperlegislación para los pueblos indígenas, pero ninguna de estas leyes se aplica de manera efectiva para proporcionarles el respeto a sus derechos, y a sus tradiciones y costumbres.
Denunció que se han presentado asesinatos, desapariciones, detenciones, y enfrentamientos armados, donde las poblaciones indígenas se ven afectadas en medio de la disputa por el territorio, especialmente en la zona del Arco Minero, donde los grupos armados irregulares buscan adueñarse de la explotación de minerales y de otros negocios ilícitos que existen en las fronteras venezolanas.
Exigieron que no se siga usando a los pueblos indígenas solo para construir discursos, sino que, sean realmente atendidos en sus necesidades, se evite su desplazamiento forzado, la pérdida de sus territorios ancestrales, y que no se arriesgue más a estas comunidades que están en el abandono. (Prensa FundaRedes).
