Su profunda preocupación por los recientes derrames de petróleo que han afectado grandes extensiones del territorio nacional, comprometiendo aún más los recursos naturales, la diversidad de nuestros ecosistemas, la salud de las comunidades y la actividad económica de las zonas afectadas, expresaron en un comunicado las academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) y de Ingeniería y el Hábitat (ANIH).
Indican que es público y notorio que los derrames de petróleo dejaron de ser la excepción en la operación y desempeño ambiental de PDVSA. El aumento de la frecuencia y la extensión de estos accidentes previsibles y controlables, reflejan la violación continuada de la legislación nacional e internacional en materia de petróleo y ambiente. Es parte integral de la industria petrolera nacional, tomar las previsiones más rigurosas para evitar o minimizar los riesgos asociados al manejo de los desechos y, particularmente, del derrame de sustancias contaminantes derivadas de sus operaciones petroleras.
Advierten que las evidencias presentadas por investigadores de universidades nacionales y las denuncias de ONG que hacen vida en las áreas afectadas, indican que el derrame ocurrido en los ambientes marino-costeros de los estados Falcón y Carabobo, proviene de la Refinería El Palito, ocurrido entre el 19 y el 22 de julio de 2020 en Golfo Triste y solo fue atendido por PDVSA, 22 días después (09 de agosto 2020). A la fecha, se desconoce la composición de los hidrocarburos derramados y el alcance de los mismos, así como los daños ocasionados a los recursos naturales y actividades humanas en el área de influencia del derrame. El procedimiento desplegado por PDVSA evidenció la precariedad del equipo y de personal con escasa preparación y conocimiento para atender la magnitud del daño ocasionado.
Señalan que el derrame ha afectado varias Áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), destinadas a la protección, educación, investigación y recreación que resguardan recursos biológicos, ecológicos, turísticos y económicos excepcionales. Entre las ABRAES afectadas por el derrame están los Parques Nacionales Morrocoy (Falcón) y San Esteban (Carabobo), el Refugio de Fauna Silvestre Cuare (Falcón, además sitio RAMSAR), la Zona Rural de Desarrollo Integral (ARDI) y la Zona de Interés Turístico (ZIT), ambas asentadas en el sector Boca de Aroa-Tucacas, entre otras áreas protegidas que están por identificar. Es particularmente preocupante, que los hidrocarburos derramados puedan alcanzar, a través de las mareas, las áreas inundables de numerosos pequeños cursos de agua estuarinos, y a las desembocaduras de los ríos Yaracuy, Aroa y El Tocuyo, localizados a lo largo de la costa afectada, y cuyas aguas son aprovechadas directamente por la población local para usos doméstico y recreacional, principalmente.
Advierten que la respuesta tardía y precaria de PDVSA y del Ministerio de Ambiente, el MINEC, y el silencio de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, ponen nuevamente de manifiesto el nivel de desinstitucionalización del país. Los daños post derrame, aun cuando los científicos puedan inferir, deberán ser precisados para diseñar las acciones específicas y efectivas que correspondan. Es por ello que la Academia hace un llamado a conformar grupos de investigadores que están en nuestras universidades y centros de investigación, y otras instituciones dedicadas a la conservación del ambiente, para que además de utilizar la información disponible, permitan realizar el levantamiento de información base, que incluya estudios biológicos, ecológicos y socio-económicos, al igual que identificar a los actores y niveles locales, estatales y nacionales que deberán involucrarse de manera coordinada e inmediata, en la recuperación de las áreas marino-costeras afectadas.
Aseguran los académicos que las consecuencias del daño ocasionado, transcienden lo ambiental para configurar una problemática social y económica que afecta a un vasto territorio marino-costero del país, por lo que no deben ser subestimadas. El saneamiento ambiental, los estudios de línea base, las decisiones de política y, las sanciones administrativas y penales que correspondan según las leyes nacionales, no devolverán los sistemas afectados a su estado previo al derrame. Pero si podrán, apoyar en el control y, en algunos casos minimización, de los daños ocasionados; aportar información científica actualizada que permita mejorar el monitoreo y la toma de decisiones para proteger los recursos comprometidos, e igual de importante, evitar que este tipo recurrente de delito ambiental (tipificado como tal en la Ley Penal del Ambiente, 2012, específicamente en sus Artículos 84 y 89) quede impune y, comprometiendo la vida, la diversidad biológica, la salud y la economía del país, señala el documento.
