El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) realizó un foro denominado Mujeres en prisión: Mirada desde Venezuela, donde una vez más se visibilizó la realidad de las mujeres privadas de libertad en Venezuela y América Latina.
María Corina Muskus Toro, consultora en género y Derechos Humanos, indicó que, aunque han tratado de darle una atención diferente a las mujeres privadas de libertad, no se han generado políticas carcelarias con una perspectiva de género, por lo que en consecuencia se invisibiliza y discrimina a ese sector de la población reclusa.
Además, Muskus señaló que efectivamente existen varios tratados internacionales, pero que habría que hacer enfoque en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), que no tienen un apartado especial para mujeres pero que incluyen principios básicos para su debida atención.
De igual manera, mencionó las Reglas de Bangkok, las cuales son una guía para los operadores de justicia como legisladores o jueces que tienen un enfoque diferente al momento de enfrentar al sistema penal.
Muskus añadió que, según cifras del 2017, a nivel mundial hay 800 mujeres y niñas privadas de libertad, lo que representa el 7% de la población reclusa; mientras que en América Latina representa el 8,4% porque las políticas implementadas son diferentes y genera que exista un incremento en su detención.
En ese sentido, resaltó que una comparación desde el año 2000 al 2017 develó que las detenciones de mujeres han aumentado en un 53% y la de los hombres un 20%
La consultora explicó que el perfil de las mujeres que están detenidas son madres solteras, responsables del cuidado de su hogar, quienes provienen de un nivel socioeconómico y educativo bajo, de contexto de pobreza y además tienen antecedentes como víctimas de violencia.
En cuanto a las prisiones, aseguró que están diseñadas arquitectónicamente para hombres, tanto así que no existen espacios adecuados para su estadía, higiene o atención, es por ello que las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia sexual.
“Productos básicos como una toalla sanitaria se pueden convertir en un instrumento de manipulación, pueden llegar hasta pagar con sexo por ello o por algún beneficio”, expresó María Corina Muskus.
Todas estas situaciones traen consecuencias drásticas como es el rechazo social, la separación de sus hijos, la deserción escolar. “Cuando una mujer es privada de su libertad no solo genera consecuencia en ellas sino en toda su familia”, puntualizó Muskus.
Por su parte, Carolina Jiménez, directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, habló sobre la crisis de DDHH en Venezuela. En ese sentido, manifestó que en el país no se violan algunos derechos y se garantizan otros, sino que la violación de los derechos humanos es masiva y sistemática.
Jiménez explicó que Venezuela pasó de ser un país que recibía migrantes y hoy en día se ha vuelto el país con la mayor cantidad de refugiados a consecuencia de la violación reiterativa de derechos humanos.
En reiteradas oportunidades se han denunciado violaciones de derechos civiles y políticos que se manifiestan en la violencia del propio Estado, la violencia que ejerce el Gobierno contra sus ciudadanos. “Es difícil hablar de datos en un país donde la política de opacidad es la implementada por el Gobierno en políticas de comunicación. Las cifras son importantes para entender la realidad de un país, pero la sociedad civil es quien ha llenado esos vacíos porque el Gobierno no aporta datos”, destacó la directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
Asimismo aseguró que la violencia del Estado “no son casos aislados, son patrones sistemáticos que podrían ser crímenes de lesa humanidad. Para nadie es secreto que se vive una emergencia humanitaria compleja, los datos más graves son los de alimentación, en febrero de este año, antes de la pandemia del Covid-19, los estudios realizados en Venezuela señalaban que 1 de cada 3 personas vive en inseguridad alimentaria. Es una situación grave”.
También enfatizó que toda crisis de derechos humanos debe ser analizada con enfoque de género y el impacto de la crisis sobre las mujeres es invisibilizado por las pocas políticas públicas, considerando que las cárceles venezolanas no están ajenas a la realidad del país.
“Dentro de las cárceles se vive con agravantes muy preocupantes porque tienen un 117% de hacinamiento y con esta cantidad de población no pueden mantener distancia, lavarse las manos y mantener la higiene si no hay agua. No podemos pensar que las crisis de derechos humanos son ajenas al género, todo lo contrario”, sentenció Jiménez
