La debilidad más importante que existe en Venezuela «es que no hay un mecanismo especial para las personas defensoras de DDHH, como lo tiene Colombia y la mayoría de los países centroamericanos, un mecanismo de protección individual para personas defensoras»
“En abril de 2013, funcionarios policiales empezaron a violentar mi domicilio en El Valle. Se metían, extorsionaban y me decían que pagara por la vida de mis hijos porque, de lo contrario, me iban a matar a uno. El 11 junio de ese mismo año, asesinaron a mi hijo de 20 años de edad”, resume Aracelis Sánchez, directora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh), quien tras la pérdida de su hijo creó esta organización para luchar contra la impunidad.
En ese entonces y al ver la cantidad de asesinatos en manos de funcionarios policiales, como los ocurridos con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y después con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Aracelis Sánchez se organizó con unas 13 madres más y comenzaron a denunciar estas violaciones a los derechos humanos. Han transcurrido siete años y aunque la Fiscalía 127 con competencia en materia de Derechos Fundamentales le recomienda dejar su caso así, ella no cesa en su intención de buscar justicia.
El trabajo de las organizaciones no gubernamentales que atienden a víctimas de violencia policial o militar no es nada fácil, pues muchas veces también se ven amenazadas por realizar su labor. “Las organizaciones que estamos en Caracas no hemos tenido mayor inconveniente con las denuncias que hacemos sobre la violencia militar o policial y el acompañamiento que hacemos a las personas afectadas; sin embargo, la situación es distinta en el interior del país: las ONG más pequeñas reciben amenazas, ya sea por las propias instituciones o por funcionarios policiales”, explica Marino Alvarado, coordinador de Provea.
En este sentido, Aracelis Sánchez agradece que su organización no ha recibido amenazas, pero admite que “es un trabajo bastante fuerte”. Cofavic, organización con tres décadas de atención en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y casos de tortura, fue la primera ONG de derechos humanos del país que tuvo medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defensores de DDHH en riesgo. Las medidas estuvieron vigentes desde el año 2002 y hasta el 2010.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, dice que ellos manejan un informe en conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, Federación Internacional de DDHH, Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Caracas, el Centro para los Defensores y la Justicia y, este concluye que en Venezuela “hay una agudización y un debilitamiento de las garantías de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”.
Ortega coincide con Marino Alvarado y asegura que esta situación “tiene mayor notoriedad y riesgo en el interior del país, donde la gente es menos visible y donde hay menos posibilidad de acudir a las instancias internacionales”.
Alvarado recuerda que en el país ha habido varios casos donde defensores de derechos humanos han sufrido atentados por funcionarios policiales o militares tras realizar denuncias por abusos de estas instituciones. Cuenta que más o menos en 2006, una defensora de DDHH del estado Guárico fue atacada a tiros por funcionarios policiales, tuvo medida de protección de la CIDH, el gobierno le puso protección de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), pero tuvo que liberarse de esa protección un año después porque le tocaba costear la alimentación de los dos funcionarios y el mantenimiento del vehículo y se le hacía económicamente inviable.
Silencio e impunidad
Aracelis Sánchez tiene siete años trabajando con víctimas y dice que su experiencia le ha permitido comprobar que la mayoría de los expedientes en Venezuela tienen vicios. “En Venezuela hay más impunidad que justicia, aun sabiendo que las víctimas mueren en ejecuciones extrajudiciales, nos tratan a los familiares como delincuentes y asesinos y como si los funcionarios fuesen las víctimas”, sostiene.
Sánchez denunció los atropellos policiales a su vivienda y familia, y aunque en la Fiscalía le ofrecieron protección, esta no llegó ni después que le asesinaron a su hijo. Desde 2013 ha ido al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y en la actualidad le piden que las denuncias y reconocimientos comiencen desde cero. “Hay mucha impunidad, mucho retardo procesal y por eso es la lucha”, asevera Aracelis Sánchez.
La ausencia de cifras oficiales y la mala actuación de los organismos competentes en materia de derechos humanos alientan el hecho de que se sigan cometiendo estos abusos. La Defensoría no publica cuántas denuncias ha recibido por torturas, por ejecuciones extrajudiciales, por detenciones arbitrarias, por allanamientos ilegales. El Ministerio Público lanza cifras genéricas que no están clasificadas por el tipo de violación de derecho humano y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que anteriormente hacía pública este tipo de información, dejó de hacerlo.
Para Marino Alvarado, la falta de estas cifras complica aún más la defensa de los derechos humanos. “La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público no están jugando su papel como les corresponde y como lo establece la Constitución”, asevera, mientras explica que el papel del primer organismo es “proteger a la población frente a los abusos; sin embargo, hay un silencio aturdidor que genera consecuencias graves para la población por parte del defensor del pueblo frente a las ejecuciones, las torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales que son por miles en el país”; lo que a su juicio, “estimula y favorece que en el país se cometan graves violaciones de los DDHH”.
Por otra parte, Alvarado explica que el Ministerio Público investiga poco e investiga casos discriminando. «Para las miles de ejecuciones que ha realizado las FAES no hay ningún tipo de investigación, ni para las ejecuciones cometidas por el Cicpc. Entonces, hay una deuda grande que tiene el Ministerio Público con investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los DDHH; lo que evidentemente alienta a los funcionarios para que se sigan cometiendo abusos que cuestan vidas. Su silencio o complicidad cuestan vidas en el país”, resalta el coordinador de Provea.
“A la autoridades le pido celeridad, que los fiscales se pongan a trabajar porque uno va a la Fiscalía y nunca hay respuesta para los casos. Al fiscal general le decimos que queremos justicia. Mi caso lo tienen tres fiscalías, entre ellas, una de corrupción y otra de violación de domicilio y desde 2013 no han avanzado. Hubo un fiscal que me dijo que dejara eso así. Hubo violación, extorsión, violación de DDHH, el asesinato de mi hijo y siempre me evaden. Ese es el gran problema que tenemos las víctimas, las peleas con los fiscales”, detalla Aracelis Sánchez.
Liliana Ortega explica que los abusos policiales y de las fuerzas de seguridad ciudadana se han convertido “en un problema de alcance mucho más grave en estos últimos años, dado que el número de casos ha ido aumentando, especialmente por la impunidad; pero también como forma de control social”, situaciones que han sido identificadas por el sistema regional, como por la CIDH y la Organización de Naciones Unidas.
“Todos los derechos humanos en Venezuela están amenazados por ese eje transversal que es la impunidad”, sintetiza Liliana Ortega, quien recuerda que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la impunidad en Venezuela es de 99%.
Ejecuciones en cifras
La opacidad en las cifras oficiales en el país hizo que Cofavic registrara su data independiente de ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con los números de esta organización, entre 2012 y 2019, “en Venezuela han ocurrido presuntamente 10.961 casos de ejecuciones extrajudiciales”, detalla la directora de la ONG. Igualmente, Ortega dijo que si a la cifra se le suma el primer trimestre de 2020, se alcanzan los 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Cofavic no es una oficina de asistencia masiva, documenta casos emblemáticos que dan asistencia a casos que puedan ayudar a generar hojas de rutas que permitan identificar las deficiencias o debilidades del Estado en esta materia.
Esta ONG ha documentado casos históricos como el de la familia Barrios, en Aragua, a la que le han asesinado 11 integrantes, el Caracazo, la masacre del retén de Catia, que es la única sentencia internacional sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en recintos carcelarios en Venezuela.
Entre 2018 y 2019, Cofavic ha documentado 121 agresiones y 33 en el primer trimestre de este año.
Limitaciones venezolanas
La situación venezolana ha hecho que en los últimos años se dificulte el trabajo de las ONG. Marino Alvarado explica que frente a la grave violación de DDHH, en el país, no se cuenta con una institucionalidad que tenga la disposición de investigar y sancionar estos atropellos.
“En Venezuela hay una gran indefensión para las víctimas de violaciones a los DDHH y nos dificulta a las ONG acompañar a las víctimas para que se haga justicia porque estas instituciones, a pesar de que uno presente la denuncia y acompañe a las víctimas, no tienen voluntad de avanzar en las investigaciones”, expone Alvarado.
Del mismo modo, el representante de Provea asegura que en Venezuela se ha dificultado más la defensa de los DDHH porque hay mayor cantidad y mayor gravedad en las violaciones de derechos humanos que se cometen.
Esta situación fue denunciada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Michelle Bachelet, quien señaló que en Venezuela persiste «patrón» de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela, a pesar del argumento del régimen de Nicolás Maduro de haber «sofocado» varios intentos subversivos en el país para intentar deponerlo y establecer una nueva administración.
Por su parte, Liliana Ortega, dice que entre las limitaciones que las ONG tienen en Venezuela destacan: un marco jurídico muy restrictivo, limitaciones de carácter administrativo y financiero, amenaza permanente de la Ley del Odio y Ley contra el Terrorismo.
Igualmente, Ortega explica que la debilidad más importante que existe en Venezuela «es que no hay un mecanismo especial para las personas defensoras de derechos humanos, como lo tiene Colombia y la mayoría de los países centroamericanos, un mecanismo de protección individual para personas defensoras».
La directora de Cofavic sostiene que el único mecanismo que tiene la legislación venezolana es la protección de víctimas y testigos, y dice que en más de 80% de los casos las medidas no se cumplen a cabalidad. Además, asegura que el Estado venezolano mantiene un desacato permanente y abierto a las medidas cautelares y provisionales que ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Varias organizaciones de DDHH tienen medidas de protección internacional y el Estado no las cumple».
Marino Alvarado también explica que la diferencia entre Colombia y Venezuela es que las víctimas allá tienen la posibilidad de acudir a instituciones que tienen un nivel de independencia, cierto nivel de eficacia en las investigaciones y «es capaz de de dictar sentencia contra altos funcionarios de la Fuerza Armada». Por el contrario, en Venezuela, frente a la grave violación de los DDHH, no contamos con una institucionalidad que tenga la disposición o la voluntad de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos.
Pese a las limitaciones, dificultades venezolanas y la ausencia de garantías para que las ONG defensoras de derechos humanos realicen su trabajo libremente y en la obtención de justicia, la recomendación a las víctimas es presentar la denuncia siempre.
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