En una situación de crisis económica caracterizada, entre otros indicadores, por seis años continuos de recesión, cinco años consecutivos de caída del Producto Interno Bruto (PIB) y la disminución de la producción y el precio del petróleo, se encuentra Venezuela para el momento de la llegada del COVID-19.
Así lo refleja el Informe elaborado y divulgado este martes 28 de julio, por la diputada Delsa Solórzano miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Recuerda que el país vive una emergencia humanitaria compleja que compromete severamente el derecho humano a la alimentación de sus habitantes, especialmente de las poblaciones y comunidades en extrema pobreza por los efectos del hambre y la desnutrición. En medio de la crisis también resaltan el colapso del sistema de salud y la destrucción de los servicios básicos en el país.
Mientras que en el ámbito político, se presenta una situación de crispación, provocada por la voluntad del régimen dictatorial de perpetuarse en el poder, para lo que requiere acabar con la disidencia política y bloquear la posibilidad de que la voluntad del soberano se exprese en elecciones libres, transparentes y justas.
Destaca que a pesar de que el primer caso en América del Sur de la enfermedad por coronavirus se detectó el 26 de febrero en Brasil, es el 13 de marzo cuando el régimen usurpador venezolano decide reconocer oficialmente dos casos de infectados en el país, decretando el estado de alarma y una férrea cuarentena como medida para evitar la propagación del COVID – 19.
Explica que sin desestimar la importancia de adoptar medidas de prevención, para limitar la propagación de la enfermedad, es de destacar el hecho de que el régimen resolviese tomar providencias muy radicales de confinamiento para enfrentar el pequeño número de casos que reportó (se desconoce la cantidad real de personas contagiadas debido a la oscura forma del manejo de las estadísticas en el país) cuando el país por la vía de los hechos ya enfrentaba un alto grado de aislamiento internacional en virtud de haber disminuido significativamente el número de visitantes extranjeros a Venezuela.
Advierte que esta condición habría permitido utilizar las medidas implementadas para lograr un lento crecimiento de los contagios y prepararse para enfrentar el momento en que se acelerara la aparición de nuevos casos fortaleciendo el sistema de salud literalmente colapsado, garantizando el abastecimiento de alimentos y medicamentos, mejorando el funcionamiento de los servicios y enfatizando en la educación de la población para la prevención de nuevos contagios.
Por el contrario, el régimen lejos de apreciar la gravedad de la situación y llamar a todos los sectores del país para actuar en forma cohesionada, para manejar la pandemia y sus impactos optó por afianzarse en el control, acentuando los patrones de comportamiento que nos han conducido a la catástrofe que actualmente nos agobia, violentando el Estado de derecho y vulnerando los derechos humanos para ocultar la desastrosa realidad del país y aprovechando la desmovilización provocada por las medidas para atacar cada vez con mayor fuerza a la disidencia.
Expresa que la esperanza que despertó en el país, la firma de un acuerdo humanitario entre el Gobierno Interino y el Ministerio de Salud, para realizar un trabajo coordinado con el fin de combatir el COVID-19, con la intervención de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 02 de junio, “se extinguió cuando en una nueva artimaña orquestada por el régimen con partidos de la denominada mesa nacional de diálogo hizo que el ilegítimo TSJ, violando la Constitución, declarara la omisión legislativa del parlamento y designara un nuevo Consejo Nacional Electoral”, dijo la legisladora y líder de Encuentro Ciudadano.
