Freddy Bernal, principal representante del régimen de Nicolás Maduro en el estado Táchira, trató asuntos con respecto al manejo de la pandemia ocasionada por la COVID-19.
Justamente cuando se está viviendo el incremento de las cifras de contagio comunitario, han responsabilizado a las personas que ingresan connacionales por las trochas, incluso los ha calificado como «bioterroristas».
En ese sentido, Bernal ha manifestado haber emprendido una férrea lucha en contra de esta práctica ilegal, destacando la detención de 40 ciudadanos, a los cuales denominó «trocheros».
Aclaró que estas personas fueron aprehendidas en flagrancia y puestas a órdenes del Ministerio Público, el cual ya ha sentenciado a 13 de ellos para cumplir condena en la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar, entre penas que van desde los 6 hasta los 10 años.
Comentó que los cargos que se le imputan a estos individuos son: tráfico ilegal de personas, instigación al desorden, asociación para delinquir e incumplimiento al régimen especial de seguridad.
Agregó que van 110 casos remitidos al Ministerio Público y que se han podido captar un total de 180 venezolanos que ingresaron por pasos irregulares. También habló sobre 455 ciudadanos detenidos, preventivamente, por desacato a las medidas de restricción, y que se han dictado 635 medidas cautelares.
Desarticulada banda de «trocheros»
Por su parte el general de división Ángel Moronta Juliao, comandante de la Zodi Táchira, informó sobre la desarticulación de una banda de «trocheros» tras un procedimiento efectuado el 24 de julio en los barrios Ocumare, La Invasión y Simón Bolívar, ubicados en el municipio Bolívar.
El operativo dejó como resultado la detención de nueve personas, a los cuales tildó de «asesinos», aseverando que sus actividades pueden llevar a la contaminación de toda una población.
Bernal le acotó a ésto que la banda cobraba 150 dólares por pasar a los connacionales por las «trochas», valiéndose como evidencia al mismo testimonio de los retornados y de lo hallado en los teléfonos celulares de los detenidos.
Apegado al balance general de la pandemia, en materia de seguridad, el general Moronta Juliao anunció la retención de 60 vehículos y 89 motos, cuyos propietarios incurrieron en actividades de desacato a las normas de restricción, así como también se han destruido más de 20 «trochas».
Recordó que en el resguardo de la colectividad tachirense se encuentran desplegados un total de 12600 efectivos militares, y desmintió los rumores que según él se difunden en la frontera colombiana sobre la prohibición del ingreso de venezolanos a Venezuela, por lo que hizo hincapié en que por órdenes del presidente de la república hay que recibirlos.
«Los PASI no son un hotel»
Debido al descontento de algunos retornados, o connacionales como los llama el Gobierno, recluidos en los PASI (Punto de Asistencia Social e Integral), el principal enlace gubernamental en la entidad aclaró que se ha debido a que algunas personas pretenden abandonar el lugar sin haber cumplido el tiempo de resguardo necesario.
Recalcó que «los PASI no son un hotel», y que allí se les da las tres comidas a quienes están recluidos, e incluso se les brinda la asistencia y tratamiento médico.
Explicó que los aislados deben cumplir con normas internas: convivencia, limpieza, comportamiento, «allí no se permiten visitas, ni fiestas, ni licor».
Sin embargo, lamentó que entre el amplio grupo de retornados existan personas del «mal vivir», quienes han querido convertir los PASI en un «retén», pues se dedican a actividades delictivas como el hurto, robo, consumo de sustancias y violencia. Por ende, acotó que estos ciudadanos han sido identificados, sacados del PASI y llevados al Ministerio Público.
Otra razón por la cual los connacionales de los PASI protestan es porque se quieren marchar a sus estados estando aún infectados. Ante esto, Bernal sostuvo que no pueden marcharse hasta que no salgan negativos en la prueba PCR, y que eso depende del tiempo en que la persona dure con el virus.
Violencia contra los milicianos
Destacó el vocero una situación que se vivió ayer en el PASI Gervasio Rubio, ubicado en el municipio Junín, en donde un grupo de 13 connacionales agredieron físicamente a unas milicianas; «eso no lo vamos a permitir y van presos». Incluso relató que quisieron quemar cauchos y «armar guarimbas» dentro del PASI, por lo que aclaró que ahora Venezuela es otra que no permite y castiga la guarimba, y que ellos pensaron que el país era como hace tres años, cuando se fueron con la «mente de guarimberos».
Denuncie al funcionario corrupto
En torno a algunas denuncias sobre supuestos actos de corrupción, por parte de algunos funcionarios militares y civiles, el dirigente político dio unos números telefónicos al cual la población puede contactar para realizar su respectiva denuncia: son el 0416.6570884 y 0412.1016141.
Dijo que se han detectados militares cometiendo irregularidades en la frontera y alcabalas, y que los mismos ya fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.
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