Los esfuerzos por detener la curva de contagio de la pandemia por COVID-19 han tenido serias consecuencias en el ámbito económico. El confinamiento y el distanciamiento físico requerido han generado un shock de oferta que poco a poco se ha ido trasladando a la demanda y, de mantenerse las circunstancias, se trasladará también al sistema financiero. Esto, junto con la ausencia de una vacuna contra el virus, mantiene un panorama incierto sobre el futuro económico, lo que genera grandes desafíos ante un escenario de recuperación, que debe comenzar a construirse lo antes posible.
La crisis pandémica inyecta mucha incertidumbre en la economía, lo que trastoca las preferencias de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos. Altos niveles de incertidumbre acucia mucha previsión, que no debe confundirse con ahorro, sino con una preferencia por el presente, resultado de familias y personas expectantes ante cualquier eventualidad. Esto explica la razón por la cual el consumo no logra estimularse pese a los ingentes gastos públicos, lo que está incrementando los niveles de deuda y se prevé alcancen máximos históricos al finalizar el 2020. Conviene tomar en consideración que, de acuerdo con la CEPAL, la región ha venido manifestando una reducción de su espacio fiscal, producto principalmente de sus limitados ingresos públicos, y tampoco se cuenta con margen de maniobra por medio de la política monetaria, debido a que la búsqueda previa de estímulo a la demanda agregada mantiene los tipos de interés en mínimos históricos, sin resultados notorios.
Tomando en consideración el escenario antes descrito, se sugiere orientar los esfuerzos en tres aspectos, con diferentes grados de complejidad: disminuir la presión tributaria, reconfigurar la estructura o esquema de impuestos y encontrar soluciones a los problemas institucionales que limitan las inversiones y estimulan la informalidad.
Con relación a la disminución de la presión tributaria, se considera que la forma más expedita de hacerlo — y con un impacto más favorable para las personas con menos ingresos — es a través de la reducción de los impuestos a bienes y servicios, específicamente el IVA, donde actualmente se sustenta gran parte de los ingresos vía tributos, lo que nos indica una carga relativa mayor por parte de los sectores más vulnerables, que conforman el grueso de la población.
Disminuir el IVA es una solución aplicable de forma inmediata y que coadyuva en la recuperación de la actividad económica, al favorecer un mayor ingreso disponible en los ciudadanos. Sin embargo, esta medida no es suficiente, hay que emprender acciones para reestructurar el esquema impositivo, con el fin de trasladarse hacia impuestos más progresivos, siendo el impuesto sobre la renta el más idóneo. Además, esta reconfiguración implicaría una reducción de los costos inherentes a los procedimientos para el pago de los múltiples y diversos tributos, lo que supone un estímulo adicional en un escenario de recuperación.
El informe Doing Business del Banco Mundial refleja que en Latinoamérica se deben pagar en promedio 28 impuestos diferentes, número que triplica la cantidad de impuestos promedios que se pagan en los países que conforman la OCDE. Más llamativo es el tiempo que se debe invertir en honrar estos compromisos. En promedio se requieren 317 horas para cumplir con los trámites de pago, lo que equivale a poco más de 13 días continuos y sin descanso.
La reestructuración tributaria debe ir acompañada de reformas institucionales que den solución a los altos niveles de informalidad y evasión de impuestos. En este sentido, conviene atender todos los costos, requisitos, trámites y procedimientos que desincentivan la formalidad y llevan a una considerable porción de la población a estar al margen de la legalidad. La simplificación de trámites; el adecuado ordenamiento jurídico; la buena gestión de los gobiernos locales; la descentralización del poder; el debido respeto a la propiedad privada, todos estos son aspectos que pueden ayudar a mejorar la situación de forma significativa.
La confianza en el Gobierno, los valores democráticos y el grado de instrucción parecen ser variables que influyen en lo que la OCDE ha denominado Moral Tributaria, indicador que refleja el grado en que una población justifica la evasión de impuestos. El grado de confianza que los ciudadanos tienen sobre sus gobiernos va en función de la calidad de la gestión pública, de la eficiencia del gasto y de un sólido Estado de derecho. De acuerdo con Transparencia Internacional, la región no logra progresar significativamente en la lucha contra la corrupción. Conviene entonces atacar este problema con transparencia, y será pertinente tener un manejo sobrio y cabal del presupuesto público. Metas claras y delimitadas, entregables precisos, menores grados de ambigüedad en el establecimiento de objetivos, indicadores de éxito realmente sensatos, son elementos adicionales que coadyuvan en este propósito.
La recuperación económica de Latinoamérica amerita atender estos y otros grandes problemas estructurales e institucionales que emanan desde el Estado. La recesión global es profunda y las políticas tradicionales parecieran estar agotadas. La libre empresa puede encontrar una senda de crecimiento sostenible en medio de grandes dificultades, pero ello implicará un escenario de certidumbre, bajos costos transaccionales, baja presión tributaria, ausencia de distorsiones en el sistema de precios (producto de la intervención del Estado en la economía) y una gestión púbica con transparencia y objetivos muy claros.
Oscar J. Torrealba
