El Foro Interreligioso Social, instancia entre comunidades e instituciones religiosas y organizaciones basadas en la fe, expresó preocupación por la poca incidencia que el ingreso de la ayuda humanitaria ha tenido en la población venezolana, debido a la dimensión de la crisis que existe en el país.
A través de un comunicado, los líderes de la Iglesia Católica, la Comunidad
Judía, el Consejo Evangélico de Venezuela, la Confederación Unicristiana de
Venezuela y la Iglesia Anglicana; coincidieron en la necesidad de recoger el
planteamiento y la preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de llamar la atención de las autoridades para que permitan el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos. “Vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y
organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población”; se señala en el documento.
Indicaron que más de 9,3 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda en el país, de acuerdo con un estudio del propio Programa Mundial de Alimentos y alrededor de 17 millones de venezolanos ya estaban, en marzo de 2019, implementando estrategias de supervivencia y en riesgo de entrar en inseguridad alimentaria aguda. Lo anterior, aunado a la presencia de la COVID-19 y la escalada en el aumento de los contagios, colocan al país y a sus ciudadanos en condiciones realmente dramáticas en términos de indefensión y vulnerabilidad. Esta situación, que ha encendido las alarmas de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos además de la comunidad internacional que sigue el proceso de la crisis humanitaria compleja, ha sido alertada en estudios, reportes e informes como el Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020, el Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta ENCOVI, adelantada por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello.
“Lo que internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria
compleja”, ahora agravada por la pandemia, ha dejado como consecuencias
inevitables, entre otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos”, expresaron los religiosos, quienes reiteraron el llamado “sin dilaciones” a todos los actores políticos y gubernamentales a trascender las posturas y a poner al país en primer lugar en la agenda. “Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de vulnerabilidad.”, concluyeron.
