El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Lara recordó este martes que, desde que inició la pandemia del coronavirus el pasado mes de marzo, el régimen detuvo en la entidad a 32 personas por protestar en contra de las fallas de los servicios públicos.
Sobre las detenciones, la mayoría de estas se produjeron en el mes de mayo, de las cuales 14 fueron en Carora, 13 en El Tocuyo y 5 en Barquisimeto; 3 eran personas con discapacidades.
“Unas fueron amenazadas con represalias, si relataban su experiencia, y otras fueron también torturadas, según las denuncias de defensores de derechos humanos y diputados a la Asamblea Nacional. Los señalados como responsables son funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”, señala una nota de prensa del OVV.
Asimismo, para el coordinador de dicha organización en Lara, el sociólogo Carlos Meléndez, los hechos demuestran la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza con la que actúan los organismos de seguridad.
“Ellos violan los artículos 53, 62 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que garantiza la participación de los venezolanos en su derecho a protestar pacíficamente y manifestar su disconformidad, y prohíbe a las fuerzas de seguridad del Estado el uso de armas de fuego para ejercer el control”, dijo Meléndez.
Señaló que las FAES continúa violando los derechos humanos, quienes siguen criminalizando las protestas en Lara. “Es el mismo organismo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, calificó como violador de los derechos humanos y solicitó su desintegración”.
