Ante la alarmante cifra de mil cien muertes violentas en el estado Lara durante el año 2012, la dirigencia regional de la Causa R llama al logro de un acuerdo regional para la elaboración de un Plan Integral de Seguridad que se coordinador por el gobernador Henri Falcón, como máxima autoridad de la región.
“El Gobierno nacional ya ha anunciado como veinte planes contra la inseguridad, y todos han fracasado porque la cifra de muertos para el año pasado ronda la cifra de veintiún mil muertos, superando los diecinueve mil del año 2011”, dijo Humberto Agudo, secretario general del partido opositor.
El dirigente considera que la ineficiencia de los planes elaborados desde el Gobierno nacional se debe a su orientación eminentemente política y partidista, por lo cual mientras no se despoje al trabajo por la seguridad de estos elementos, la espiral de muerte seguirá en aumento y enlutará a más hogares venezolanos cada día.
Asegura que el acuerdo regional debe incluir a factores como la Policía Nacional, Polilara, las policías municipales, los alcaldes, diputados del Consejo Legislativo y la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los tribunales, las organizaciones prodefensa de los derechos humanos y hasta los consejos comunales.
“No nos debe costar nada sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo con una solución para la inseguridad, a través de un plan cuya primera prioridad sea la mano dura contra la impunidad, porque de lo contrario las aterradoras cifras se mantienen”, comentó.
Agudo calcula que en promedio tres ciudadanos son asesinados cada 24 horas en el estado Lara y que el promedio anual de homicidios en los último diez años se ubica en 700 muertes. La zona con las condiciones más alarmantes es el municipio Iribarren donde el promedio anual de muertes violentas está en 600.
“La situación es verdaderamente preocupante, ya que la tendencia de la inseguridad es a incrementarse con el paso de los años”, puntualizó.
Instó a las autoridades del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), a entender que esta iniciativa constituye un gran fracaso, puesto que se haya afectada por los condicionamientos políticos, que en última instancia pagan con su vida los ciudadanos comunes, quienes no reciben la protección a la cual tienen derecho.
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