En abril, el déficit alimentario en Venezuela superó el 62%, lo que quiere decir que los venezolanos en promedio consumen al menos 1.800 calorías diarias y 9.3 millones de personas en el país consume menos de 1.200 calorías al día cuando debería consumir, como mínimo 2.500.
Así lo explicó el sociólogo con maestría en Seguridad Alimentaria, Edison Arciniegas, en el Taller Seguridad Alimentaria en Venezuela, organizado por la Facción de Agrotécnicos del partido político Acción Democrática.
 Lácteos, pescados y huevos son los alimentos que alcanzaron una menor disposición en los mercados en el país para abril | Fotos: William Urdaneta |
El experto considera que Venezuela atraviesa por la peor crisis alimentaria de su historia desde la guerra federal, en el siglo XIX. El sistema alimentario venezolano se ha estabilizado en una disposición de alimentos siempre inferior al 40% de los alimentos requeridos en los últimos 20 años. Ese estándar debería ser 36,74 kg de alimento por cada millón de habitantes.
Los alimentos que registran un mayor déficit son los lácteos, pescados, huevos, carnes, frutas, grasas visibles y tubérculos. Solamente los cereales alcanzaron una disposición del 75%, en su mayoría proporcionados por el mercado tradicional. El estudio plantea que el sector privado logra proveer entre el 25 y 50% de los alimentos de la canasta básica.
Una de cada tres personas en el país sufre inseguridad alimentaria, 2.3 millones de venezolanos está en inseguridad alimentaria severa, eso quiere decir que tienen una brecha extrema en el consumo de alimentos o agotó sus medios de vida para alimentarse porque el salario mínimo integral no supera los tres dólares mensuales, lo que también implica una brecha en el consumo.
7 millones de personas en el país sufre inseguridad alimentaria moderada, lo que significa que solo pueden satisfacer necesidades mínimas de alimentos, y para conseguirlo debe afrontar estrategias irreversibles. Esto de acuerdo con el informe más reciente de la Evaluación de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas.
La pandemia de la COVID-19 agrava la inseguridad alimentaria en todo el mundo, Venezuela venía lidiando con ella en medio de la emergencia humanitaria compleja en la que no se garantiza la columna vertebral de la seguridad alimentaria: la disposición de los alimentos, que haya garantía de acceso a estos y que también se garantice su inocuidad.
Incidencia del CLAP en la disposición alimentaria
Entre enero y abril del 2020 la distribución de las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) aumentó en un 18.49%, sin embargo, el Estado solo llega a cubrir el 10% de las necesidades alimentarias de la población a través de este sistema público de distribución alimenticia.
“El CLAP no cumple con los estándares que el Gobierno se propuso a sí mismo, suministra menos de la mitad de los alimentos planificados”, manifestó Arciniegas. En un principio, el plan diseñado para paliar el hambre en Venezuela planteó la distribución de 19 kilos de alimento en 2016, que debía contener al menos 11 tipos de productos.
 La mayoría de la disposición de alimentos la provee el sector privado de la economía ante la incapacidad del Estado para proporcionar seguridad alimentaria  2.3 millones de venezolanos agotaron sus medios de vida para alimentarse porque el salario mínimo integral no supera los 3 dólares mensuales |
Pese a esta expectativa, para abril de 2020 la caja llegó a pesar solo 8 kilos, sin productos como atún enlatado, harina de maíz, harina de trigo, mayonesa, salsa de tomate y otros. “Actualmente el CLAP suministra menos de la mitad de los alimentos planificados”, subrayó Arciniegas.
Los resultados arrojados por el monitoreo establecen que el CLAP ofrece el 9% de kilocalorías, 7% de las proteínas, 6% de las grasas y en general 6,2% de los kilogramos de alimentos requeridos por una persona al mes.
Del total de las cajas distribuidas en abril en todo el territorio nacional, solo el 5,52% se distribuyó en la región Guayana, una de las regiones con mayor inseguridad alimentaria de todo el territorio nacional, según la evaluación de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Otra de las regiones que casi no perciben el suministro son los llanos, con una distribución de 4,18%, es decir, menos en 200 mil combos entregados.
Este sistema de suministro público de alimentos es desigual y funge más como una herramienta política que como una herramienta para satisfacer los requerimientos nutricionales de las poblaciones más vulnerables, así lo demuestran las estadísticas del estudio de la Fracción Agrotécnica.
Arciniegas establece que la mayor parte de la distribución de las cajas de alimentos se concentran en las parroquias de las regiones centrales, y las zonas que pueden incidir más sobre el orden público, la región capital concentró el 26,51% para ese mismo mes, seguida de cerca por la región central y centro occidental, que reciben de 500 mil a un millón de cajas en comparación a las 100 mil que puede recibir la región Guayana, por ejemplo.
El 48% del contenido de la caja es importado, mientras que el 52% son productos nacionales. El 76% de los productos importados son procesados en el país y el 16% es importado al anaquel.
Cuatro líneas de trabajo
Arciniegas plantea 4 líneas de trabajo para superar el déficit alimentario y la inseguridad alimentaria en el país, iniciando con dejar entrar al programa mundial de alimentos y coordinarse con las agencias internacionales para el suministro de alimentos cosidos y crudos a los sectores poblacionales con carencias alimentarias extremas.
Además propone un Plan de importación de insumos. Materias primas para reactivar la agroindustria venezolana que tiene una alta capacidad de procesamiento de alimento, y que a través del procesamiento de alimentos puede abaratar las importaciones, generar el 70% del valor en el país y empezar a reactivar la producción primaria.
 Nutricionistas expertos en sistemas alimentarios como Susana Raffalli, opinan que el hambre también es una decisión política |
“La producción primaria no va a arrancar con rapidez, el campo venezolano podría tardar hasta 10 años en tener las condiciones para poder alimentar a los venezolanos por lo que es importante entender que la dependencia de las importaciones va a seguir y solo una gestión inteligente de las importaciones puede resolver eso”, destacó Arciniegas.
Las líneas de acción implican reformar la economía para recuperar la posibilidad adquisitiva de las personas, pues el déficit alimentario tiene dos aspectos importantes a considerar: la disminuida disposición alimentaria y el menguado poder adquisitivo de las familias.
Y por último, propone invertir en la recuperación de los servicios públicos y el funcionamiento de las infraestructuras.
La pandemia de la COVID-19 hace predecible un agravamiento de la inseguridad alimentaria atribuibles a factores como la disminución de la producción primaria de alimentos y del funcionamiento de las cadenas alimentarias mundiales, aunque estos no son los únicos factores.
En Venezuela implica arrastrar fantasmas que carga consigo desde antes de la pandemia. La desarticulación del aparato productivo del país, la expropiación de tierras que ahora están baldías, la expropiación de industrias alimentarias que después de pasar a manos del Estado ahora operan al mínimo de su capacidad productiva y la persecución a las empresas privadas han pulverizado la capacidad del Estado venezolano para ofrecer seguridad alimentaria al país, por eso nutricionistas expertos en sistemas alimentarios en medio de crisis y emergencias humanitarias como Susana Raffalli, opinan que el hambre también es una decisión política.
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