Un nuevo apagón no es tan sólo la suspensión de la electricidad en el sitio donde habitas. La falta de energía eléctrica es una afectación profunda a tu calidad y modo de vida. Una agresión hostil contra los más vulnerables y un retroceso en lo concerniente a los niveles de confort material alcanzados por la población venezolana durante la República Civil. Padecemos un sistema de energía eléctrica deprimido y sicótico el cual acelera potencialmente el daño antropológico, que la crisis política, social y económica existente entre nosotros nos inflige diariamente. El clamor ciudadano es que los apagones deben cesar cuanto antes, a la brevedad posible.
La primera pregunta que se hace un habitante de la ciudad al despertarse cada mañana, es indagar ante la incertidumbre que lo sobrecoge, si durante el día que se le planta por delante le será suspendido el servicio eléctrico. Bien puede ser en su casa, en su lugar de trabajo o posiblemente en alguna dependencia del servicio público a la que le corresponda visitar para resolver algún trámite con el fallido estado. Él, desvalido ciudadano debe indagar con prontitud como será esa suerte de paradoja que le aguarda agazapada en las horas por venir. Una vez cumplida la exigente formalidad, decide entonces salir adelante, vivir su agobiante reto, completar su ración de patria y echar para adelante.
Una valoración superficial en los números que arroja una encuesta realizada -vía internet- entre 600 Barquisimetanos, habitantes todos de su zona metropolitana, nos permite asegurar que 9 de cada 10 ciudadanos de la capital larense se han visto afectados sustancialmente por los apagones que se producen de manera itinerante y cruel, en estos tiempos de obligada cuarentena y ante el asedio del temible coronavirus. La iniciativa impulsada por el Grupo Ciudadano Activos por la Luz nos refiere datos muy significativos para la interpretación de esta tragedia. Por ejemplo, uno de los resultados, nos indica que esa misma proporción de gente afectada por los apagones de 9 a 1, está dispuesta a ponerle corazón al asunto para ayudar a resolverlo.
El servicio eléctrico en la capital musical de Venezuela, así como en el resto del país, dejo de ser continuo, seguro y confiable, para convertirse en un enigma por descifrar diariamente. El deterioro en la calidad de vida de toda población es evidente, al verse afectadas las actividades determinantes para el ejercicio y disfrute de su vida, así como de la salud emocional de todos los ciudadanos. El descanso y las actividades de normal desempeño en el hogar, se ven notablemente alteradas, influidas y violentadas por la falta de electricidad, lo cual además se refleja negativamente en lo que se denomina un severo y profundo daño antropológico. Una letal afectación en la estructura emocional de toda la población, la cual se ve afectada fundamentalmente por los apagones, ahora, casi perennes.
En su libro Cuba y su futuro Luis Aguilar León agrupa seis tipos de daños antropológicos específicos que son causados por la progresiva devastación de la vida en sociedad. Cita el servilismo inducido, el miedo a la represión, el miedo al cambio; la falta de voluntad política y de responsabilidad cívica, la desesperanza, el desarraigo y el exilio dentro del país también llamado insilio y una grave crisis ética. Descansar y reponer las energías por la fatiga del trabajo, así como las labores propias del hogar, estudiar, la recreación, la administración y el manejo financiero de la economía doméstica, por citar los más frecuentes enunciados en el estudio, se ven seriamente influidas y alteradas por las interrupciones del servicio eléctrico, lo que a su vez se traduce, en un deterioro irreversible de la salud emocional y afectiva de toda la población involucrada.
La población más vulnerable representada por niños y ancianos sufren con mayor rigor los embates de la esa súbita paralización de la vida social, por la falta de electricidad, de agua, transporte y movilización, preservación de los alimentos, disfrute del ocio creador, recreación y confort. La crisis no discrimina. A punta de apagones continuos, dispersos y aleatorios van demoliendo la voluntad de vivir en libertad de cada uno de nosotros.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, nos alerta sobre el particular señalando que frente a esta realidad se impone la decisión de no permitir que el silencio, condición para que la parálisis, la aceptación y finalmente la sumisión se impongan. Hacerla visible es, sin duda, la mejor manera de impedir la profundización de un daño que se manifiesta a diario. Una de las maneras más serias de hacerlo es motivar la discusión sobre sus manifestaciones y sus causas y sobre el enorme peligro de su acentuación. El mayor aporte actual a Venezuela es el rechazo a la sumisión, no quitar el foco del drama eléctrico, de manera que más personas, sean conscientes de su gravedad y peligro.
No tan solo de luz vive el hombre.
En el estudio realizado, gracias a una selección de varias opciones en esa pregunta específica, esas actividades obtienen en su generalidad valoraciones entre 60 y 85 por ciento; para estimar el grado de afectación e importancia. Un sencillo detalle que desestima el criterio oficial expresado hace algunos días por la Gobernadora Carmen Meléndez, que en su momento sugirió a la población que sin luz eléctrica se podía vivir. El estudio, opinión de sus gobernados dice todo lo contrario, sin electricidad apenas se sobrevive, y de muy mala manera.
Frente a otros deterioros, esta vez de orden material, esa misma estimación nos permite suponer que la reposición de los equipos y electrodomésticos que se han dañado durante estos dos meses – en los cuales se incrementó 90% la frecuencia de los apagones- supondría para los deprimidos ciudadanos larenses, una desinversión mayor a los 120 mil dólares. Las suspensiones del servicio, otrora un evento episódico y previsible, hoy se convierten en calamidad diaria.
El número de dólares a reponer es obviamente un valor arbitrario y poco respetuoso de la estadística actuarial. Es un valor ponderado de lo que estarían dispuestos a pagar los 506 anónimos ciudadanos participantes del estudio, cuyas calamidades han oscilado entre tener que pagar eventualmente entre 50 o más de 300 dólares por la reposición de los numerosos equipos dañados durante los apagones. Si el importe de los daños causados por las interrupciones del servicio eléctrico en este lapso, para ese reducido universo de personas seria de esa cantidad. Imaginen un ejercicio más exacto que estime el mismo deterioro en equipos para toda la población del área metropolitana estimada en más de 1.200.000 personas.
La frecuencia de los apagones paso a ser un castigo frecuente, disperso en las 24 horas del día, por lo cual 87% de la muestra reconoce haber tenido que soportar daños en alguno de sus electrodomésticos, y de un apagón cuando menos lo esperaba. Ese mismo 90% asegura que los apagones se incrementaron durante la cuarentena tanto en tiempo y como en su ferocidad.
La duración y recurrencia de cada apagón es una incógnita muy difícil de dilucidar. La muestra de este estudio señala que 42% de los encuestados aseguran que en sus lugares de habitación el corte puede ser mayor a las seis horas continuas. Otra porción de la muestra – representativa del 40% del universo completado- dice que lo suyo es mayor a las seis horas, mientras un segmento más afortunado y estimado en 18% dice que su afectación no va más allá de las cuatro horas continuas. La única certeza de toda la población Barquisimetana, es que, en un día cualquiera, una familia promedio puede experimentar dos apagones distribuidos a lo largo de sus 24 horas, con una duración de 6 o más horas, sin aviso ni protesto.
Un detalle adicional, no abordado por la encuesta, pero apuntado por los técnicos asesores de Activos por la Luz, es la recurrencia de las oscilaciones de voltaje que experimenta el servicio durante casi todo el día. En su opinión esas variaciones en el voltaje, producto de la misma precarización de las líneas de distribución, subestaciones y otros sistemas de control, son tanto o más peligrosas para la vida útil de los electrodomésticos que los apagones en sí mismos.
Un detallado informe sobre el tema del caos eléctrico, avalado por la Asociación de Ingenieros Electricistas y Mecánicos de Venezuela AVIEM advierte en unas de sus consideraciones que el racionamiento eléctrico diario es realizado a través de los Interruptores de Potencia de las Subestaciones de Distribución ocasionándoles un sobre estrés mecánico. Ello produce a su vez subsecuentes fallos, por la falta de mantenimiento, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos quienes diariamente, de forma aleatoria y creciente, en cualquier momento del día y de la noche, sufren debido a los cortes del servicio. Esta situación se agravó desde el día 7 de marzo del año 2019 y desde entonces los venezolanos y especialmente los larenses sufren los daños en sus electrodomésticos por los picos de corriente y de voltaje que se presentan con frecuencia sin obtener ninguna respuesta del gobierno, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La deficiencia del sistema eléctrico ocasiona, en un 70 – 80%, las fallas diarias que presenta el servicio de suministro de Agua Potable, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos larenses.
Otro detalle notablemente significativo es el relativo al silencio de las autoridades regionales frente al tema de los apagones y su impacto en la población en general. La situación a criterio del gobierno regional no aparece inscrita entre las prioridades fundamentales de su agenda, habida cuenta del hermetismo y el inexpugnable silencio que circunscribe el tema. Tanto es así, que los 600 entrevistados en proporción casi absoluta a 98% perciben y luego aseguran, que las autoridades locales en sus distintos niveles, no han hecho ningún esfuerzo por resolver la situación del deterioro del servicio eléctrico.
Incapacidad divino tesoro
Para el 64% de los Barquisimetanos no cabe duda que los apagones son consecuencia directa de la incapacidad técnica y gerencial de la empresa eléctrica Corpoelec, la cual en el pasado constituyó un modelo gerencial de excelencia a nivel continental por su eficiencia operativa y por la calidad de su servicio. El mismo estudio nos indica que en la actualidad, un 76% de los encuestados asegura, que sus reclamos nunca son atendidos al momento de formularlos. Otra respuesta que refleja un grado de aceptación medio, acerca del mismo ítem, nos dice que 23% de los encuestados reconocen haber sido oportunamente atendidos en sus demandas de atención por algún accidente o avería reportada. En todo caso, vale decir que este rango representa un indicador muy alto tratándose de un servicio público fundamental y por tratarse de una empresa de servicio público en manos del estado. Eso es igual a decir que de 10 reclamos en promedio la empresa solo atendió a dos.
Un tema muy sensible como lo son las contribuciones extraordinarias, por la prestación de un servicio de avería, refieren que ocasionalmente (37%) les han sido solicitadas. Se ha hecho una costumbre recurrente demandar a los usuarios del servicio un pago extra para resolver alguna contingencia. Un 52% niega haber enfrentado una situación como esa, y un margen de No sabe no responde de 12% aparece igualmente reflejado. Este último indicador advierte varias cosas: Lo delicado del asunto, lo impreciso que este tema resulta, y la necesidad de no meterse en problemas al responder una encuesta abierta. Lo único cierto es que el asunto existe en una proporción de 37 por ciento, lo registra el estudio y no se trata de algo lícito.
Cincuenta por ciento de los encuestados refieren haber contribuido monetariamente en alguna ocasión para la refacción de algún equipo del sistema de distribución de electricidad en sus comunidades. La pregunta se refiere sobre todo en lo concerniente a la reposición de transformadores y otros equipos destinados a la conducción eléctrica. En otro estudio, realizado a nivel nacional, se indica que en el país han desparecido no menos de 50 mil transformadores que fueron a dar a manos de un mercado informal de autopartes que las vende en el mercado negro o las exporta como material reutilizable.
Quién es responsable.
La mitad de los encuestados aseguran que la responsabilidad de los apagones es consecuencia directa de la incapacidad gerencial y técnica de la empresa Corpoelec. La aseveración se manifiesta inmensa y descomunal como el Pico Bolívar y como el drama mismo de los crueles apagones. Esa misma proporción en 50% de la muestra, nos dice que conocen las razones por las cuales se producen los apagones. Señalan que las fallas en la generación y distribución de la electricidad son las causales determinantes de la precarización del servicio eléctrico. El dato es relevante y nos habla de una población informada y en conocimiento de la gravedad de la crisis, muy a pesar del hermético silencio de las autoridades. Cinco de cada 10 saben cómo va la cosa con los apagones. Por lo demás, es un muy mal reporte para la oficina de comunicaciones de la empresa eléctrica, porque estos números aseguran que no están realizando su trabajo.
Un detalle de altísima relevancia es el relativo a la información disponible y difundida acerca del tema de la calidad y permanencia del servicio eléctrico en la ciudad. Prescindiendo del reclamo ciudadano, hecho y formulado a través de medios no convencionales, el 98% de los encuestados asegura no haber recibido nunca información sobre la naturaleza del grave problema por parte de las autoridades de la empresa eléctrica o cualquier otro despacho público con competencia en el área. Para la empresa y las autoridades del regimen este tema no existe y así lo reflejan sus constantes intervenciones públicas.
El silencio de Corpoelec hasta la fecha ha sido absoluto, como si un problema de esta naturaleza, no debiera ser informado a la ciudadanía que lo padece. Este es un gesto a todas luces que vulnera el derecho ciudadano a recibir información de su interés de manera oportuna y veraz, así como la potestad de elevar a la consideración de las autoridades del gobierno, las opiniones y pareceres sobre asuntos que sean interés ciudadano. En enero de este año, el Grupo Ciudadano Activos por la Luz, introdujo una comunicación ante la gerencia regional demandando las explicaciones de rigor, acerca del tema de los apagones, siendo desestimada su iniciativa con un displicente silencio corporativo.
Una visión más exhaustiva al problema de los apagones, advierte que 46% los Barquisimetanos considera que los gobernantes son los primeros responsables de la presente crisis del sistema eléctrico. Se suma a esa valoración, el hecho de que 42% estima que la falta de mantenimiento en las instalaciones de generación y trasmisión son el otro factor notable en la gestación de la crisis. Un 10% confiere responsabilidad al panel gerencial de la empresa eléctrica y solo dos por ciento se come el cuento del bloqueo como razón y causa de las fatigantes interrupciones. La data en conjunto refleja una proporción de 98% como valoración negativa para referirse a los responsables, que al final son uno solo. Las sumatoria de las tres variables con mayor valoración negativa colocan la responsabilidad de la crisis exclusivamente en las manos del regimen.
Ahora, una pregunta referida a indagar si la población encuestada percibe intención del gobierno en resolver la situación descrita da resultados muy representativos. Un 98% de la muestra dice que no aprecian intención alguna en resolver el problema planteado. En cuanto a la intención que se oculta detrás de los apagones 35% de los encuestados refieren que se trata de un delicado modo de control social instaurado por el regimen, para poder permanecer en el poder. En esa misma indagación, para una pregunta abierta, el 64% de la muestra opina que la crisis se origina en la incapacidad técnica y gerencial puesta de manifiesto por los empleados de la empresa Corpoelec.
Como salir del atolladero es otra de las indagaciones que se propone el estudio. A la hora de identificar un actor fundamental en la solución del problema 33% asegura que la solución es exclusiva competencia del estado, mientras un 20% supone que podría ser resuelto por la iniciativa privada mediante inversión de capital fresco y/o la constitución de empresas mixtas creadas a tal efecto. Una tercera opción, de mucha más amplitud, sugiere que 46% de los encuestados se inclina por favorecer un esfuerzo conjunto de capital privado y estado para salir adelante.
En la resolución de ese conflicto 96% de los encuestados estarían dispuestos aceptar un nuevo sistema tarifario, con un ajuste que considere a cada sector de la sociedad larense conforme al zona donde se ubica su vivienda y al consumo registrado en cada hogar. Los artefactos de refrigeración doméstica (62%) son los más afectados por los constantes apagones, seguidos por los aparatos de aire acondicionado, computadoras personales y los sistemas hidroneumáticos. Del total de la muestra 87% reconoce haber sufrido un desperfecto en algún electrodoméstico de su hogar y solo 17% admite haber podido reponerlo.
La industria, el comercio y la educación aparecen como los sectores más afectados por la frecuencia de los apagones. El sector salud y los medios de comunicación aparecen en esa misma secuencia, y vale decir que en una pregunta de selección múltiple los rangos acreditados a cada sector van desde 90% para la industria hasta 62% para los medios de comunicación. En otros términos, eso significa la parálisis de la vida ciudadana y de la región en general, y que alguien por favor, se lo explique a la señora que ocupa la gobernación del estado y a los oficiales integrantes del ZODI.
Algo queda claro con estos números. Por menos electricidad disponible los ciudadanos de Barquisimeto se niegan apagarse.
El grupo Ciudadano Activos por la Luz dirigió una carta pública a la Gobernadora del Estado Lara Carmen Meléndez, al Gerente Regional de Corpoelec, a la Defensoría del Pueblo, así como a los Alcaldes de toda nuestra región, exhortándoles a acometer las acciones necesarias para resolver y hacer más eficiente el servicio eléctrico en toda nuestra entidad.
A finales del mes de enero de este año, consignaron ante sus despachos una comunicación exigiendo ser informados de la real situación del sistema eléctrico en el estado, la determinación de un plazo perentorio para su completa normalización, y la publicación de un cronograma pormenorizado donde se informe a la comunidad la exacta y precisa secuencia de las suspensiones del servicio. Esas solicitudes, un absoluto derecho ciudadano, fueron desatendidas e ignoradas por los funcionarios prenombrados, por lo cual insistimos en que se nos entere a nuestra completa satisfacción la demanda que ahora reiteramos y compartimos con ustedes.
A tal efecto han colocado en sus redes sociales de Activos por la Luz una solicitud publica de firmas de apoyo a su carta pública, para lo cual convocan la solidaridad de sus coterráneos. Aspiran hacer cierto el propósito de contribuir a ser parte de la solución de este problema, Así como 9 de cada 10 se sienten muy afectados por los apagones, esa misma proporción de voluntad se siente convocada a ser parte de la solución. Hágase la luz.
