En su informe, la CIDH lamentó la falta de disposición del Estado venezolano y la ausencia de información oficial para contrastar con la obtenida durante la visita
Este martes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe preliminar de la “visita in loco” que realizaron a Venezuela durante los primeros meses del año para monitorear la situación de derechos humanos que se vive en el país.
El ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), intentó ingresar al país entre el 5 al 8 de febrero, sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro impidió la entrada al territorio venezolano por lo que tuvieron que mudar la visita al vecino país de Colombia y dirigirse a la frontera (Cúcuta) para poder realizar las entrevistas y recabar la información.
En su visita, la Comisión constataría la situación en cuanto a los derechos humanos se refiere, visitando centros carcelarios, hospitales y sostener reuniones con víctimas de tratos crueles e inhumanos.
La misión estuvo presidida por la Relatora de País para Venezuela, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y por la Relatora sobre los Derechos de los Migrantes, Comisionada Julissa Mantilla Falcón, asimismo contó con la participación de Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); así como el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, y un equipo de especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
En la misiva, la CIDH agradeció todo el apoyo brindado por el gobierno colombiano para la realización de la misión, por lo que resaltó que Colombia, actualmente, es el mayor receptor de venezolanos en el mundo con una cifra superior al 1.600.000 migrantes.
“Por tal motivo, la visita tuvo un particular énfasis en la situación de los derechos humanos de las personas forzadas a abandonar su país como resultado de la grave crisis social, política y de derechos humanos en Venezuela”, señala el informe.
De la misma manera, el ente de la OEA lamentó la falta de disposición del Estado venezolano y la ausencia de información oficial para contrastar con la obtenida durante la visita.
“La CIDH ha considerado que la profundización de la crisis política y social del país, en el marco de la represión generalizada, ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela”, expresa el comunicado. “Esta situación perjudica la separación y el equilibrio de poderes, y conduce a serias restricciones y limitaciones en el espacio democrático”.
Agregaron que todo ello (crisis política, económica y social) ocurre en un contexto de persecución sistemática a la disidencia que se caracteriza, entre otras cosas, por la militarización de la seguridad pública y “el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones por desabastecimientos de alimentos, la interrupción de servicios públicos y la escasez de insumos básicos”.
Asimismo, denunciaron el deterioro de en el “goce de los derechos civiles y políticos, en particular, en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos”, a lo que agregaron que todavía continúan las detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y de personas que hacen público su disenso con el gobierno.
Igualmente, manifestaron su preocupación por los constantes ataques y persecuciones a diputados opositores de la Asamblea Nacional, los cuales se intensificaron luego de las elecciones de 2015; al tiempo que rechazaron la actuación de la ilegítima asamblea constituyente.
“La CIDH advierte que estos hechos contribuyen a que en el país se haya instaurado un clima generalizado de animadversión para hacer política y expresarse públicamente, lo que perjudica el pluralismo democrático y el orden público del país”, expresa el informe.
También rechazaron la militarización de la seguridad ciudadana, por lo que solicitaron la separación de los cuerpos de seguridad “ya que se trata de instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
Migración
Con respecto a la migración de los venezolanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) constató con extrema preocupación los graves efectos de la crisis humanitaria como factor de desplazamiento de millones de personas en venezolanas.
“El fenómeno migratorio venezolano representa actualmente uno de los más grandes desafíos en materia migratoria y de asilo en la región”, expresa la investigación.
El organismo de OEA aseguró que el número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar como mecanismo de supervivencia ante la grave crisis humanitaria que afecta al país, “asciende a más de 4,9 millones de personas”.
“La Comisión pudo observar y recibir testimonios que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentran grupos de personas en situación de discriminación y exclusión histórica, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; mujeres; mujeres embarazadas; personas mayores; personas viviendo en condición de pobreza; personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas LGBTI; personas afrodescendientes; entre otras”, resalta la investigación de la CIDH.
En este sentido, manifestaron su preocupación por la degradación de las condiciones de vida en la que se está colocando a centenares de mujeres y niñas que abandonan su país en busca de mejorar su calidad de vida.
“El contexto de crisis humanitaria e institucional, así como la degradación de las condiciones de vida, está colocando a mujeres y niñas en riesgo de sufrir diversas formas de violencia sexual (…) Esto resulta en un escenario facilitador de violencia sexual asociada a la trata de personas, la inducción a la prostitución y la extorsión”, expresó.
De la misma manera, la CIDH pudo verificar la ausencia de información clara, precisa y confiable sobre la situación sanitaria y el sistema de salud venezolano.
“Las personas que padecen alguna patología médica que viven en Venezuela, se encuentran imposibilitadas para acceder a la compra de medicinas, insumos médicos y a recibir tratamientos, además de la carencia de recursos económicos para acceder a los alimentos y servicios básicos (…). El salario mínimo es de dos dólares al mes y la inflación es tan alta que ese dinero alcanza para comprar un kilo y medio de harina pan. La población en su mayoría no puede acceder a las frutas, verduras y ni decir las carnes, pues un kilo cuesta 3,5 dólares, hablando del Estado Táchira. En los demás Estados se triplica el costo, pues los alimentos, verduras y carnes provienen de Colombia (…). Estar enfermo en Venezuela es una sentencia de muerte”, expresa el comunicado.
Graves violaciones a DDHH
En relación a la violación de derechos humanos, la Comisión recibió los testimonios de los familiares de las personas afectadas por los cuerpos de seguridad y el uso excesivo de la fuerza por agentes estatales y por colectivos armados.
Asimismo, la CIDH tomó conocimiento sobre la falta de debida diligencia en las investigaciones de las muertes ocurridas en las protestas, la ausencia de sanción a todos los responsables e, inclusive, frente a las denuncias de represalias de los familiares que buscan acceso a la justicia y a una reparación integral.
Igualmente, instaron al régimen de Nicolás Maduro “abstenerse” de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y “en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de se cumplan todas las garantías del debido proceso, incluyendo la pronta presentación ante una autoridad judicial”.
“La CIDH estima impostergable que el Estado venezolano garantice el inmediato restablecimiento y vigencia del Estado de Derecho, garantizando el principio de independencia y separación de los poderes públicos como condiciones mínimas para el goce y disfrute de los derechos humanos de toda su población”, señala el informe.
Libertad de expresión
Durante la visita, la CIDH pudo constatar que persisten graves violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, en el contexto de una agudización del conflicto político y social. “La violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, ejercida en muchos casos por los propios miembros de las fuerzas de seguridad, se acrecentó durante la cobertura de manifestaciones y protestas, actos políticos o para reportar la actividad de la asamblea nacional”.
Periodistas y organizaciones venezolanas también documentaron ante la CIDH casos de detenciones arbitrarias, y procesos penales llevados adelante por el régimen en represalia por su labor informativa, sin garantías del debido proceso.
Al respecto, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Soledad García Muñoz, indicó que “el riesgo de ser hostigado físicamente, detenido arbitrariamente o sometido a un proceso penal sin garantías es permanente para los comunicadores, mientras dentro de Venezuela los medios están sometidos a un régimen de presión que no permite un debate plural y abierto”.
Conclusiones y recomendaciones
La CIDH reiteró que Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de estado de derecho, por lo que instaron al régimen a “tomar medidas” para revertir esta situación.
De la misma manera, consideraron que la tiranía venezolana ha vulnerado sistemáticamente “los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión, especialmente en el contexto de su respuesta a las manifestaciones, protestas sociales y expresiones de disenso que han ocurrido en el país”.
Asimismo, observaron que persiste el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de las y los pacientes del Hospital JM de los Ríos y de la Maternidad Concepción Palacios. “Esta situación afecta particularmente a mujeres con cuadros de desnutrición, mujeres embarazadas y neonatas y neonatos, lo cual constituye una violación de sus derechos a la vida y la integridad personal así como a la salud reproductiva”.
La CIDH reitera que la prolongación de la crisis humanitaria y de derechos humanos, sumadas al quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela y el cierre del Estado al escrutinio internacional, mantienen latente en la población venezolana la demanda por el restablecimiento de un sistema que garantice la plena vigencia de los derechos humanos.
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