Hasta cuando tiene razón el régimen se comporta irracionalmente. La emergencia sanitaria ocasionada por el corona virus tiene a la mayoría de la población en plan de cooperar para que la situación no se complique más en perjuicio de todos, pero el poder, contra la conveniencia nacional y aún la suya propia, se come la flecha cada vez que puede.
Todo el mundo entiende que la emergencia ocasionada por la pandemia puede considerarse causal para decretar el estado de alarma, el primero de los estados de excepción previstos en el 338 constitucional. Esa declaración no es una licencia para la arbitrariedad. Constatado que ante la amenaza que sufren los ciudadanos las facultades de las cuales dispone la autoridad “resultan insuficientes”, pueden restringirse temporalmente garantías constitucionales “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación y tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”, dice el 337.
Y el artículo 339 manda que el decreto “regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe” debe presentarse, al cabo de ocho días a la Asamblea Nacional. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, porque el régimen interpreta la excepción como discrecionalidad plena y no reconoce a la Asamblea Nacional. Entonces, no está usando los recursos constitucionales previstos para la emergencia, inyectándole así un virus de alto riesgo a su accionar.
Insiste en despolitizar la pandemia y la politiza, nacional e internacionalmente. Se acusa a la oposición de querer sacar partido a la crisis y en nombre de la unidad nacional, se insiste en la conveniencia de mejorar el clima social a través del diálogo, pero las obras van en dirección contraria a las palabras. Los presos políticos siguen presos aún cuando lo sensato sería una medida humanitaria que los pusiera en libertad y no conforme con eso, siguen las persecuciones, las detenciones arbitrarias, el acoso, aún llevándose por delante el 143 constitucional acerca del derecho de todos a ser informados por la Administración Pública y “No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.” ¿Qué les puedo decir?
Desde diversos sectores de la vida nacional, no somos pocos los venezolanos, quien escribe entre ellos, que hemos venido llamando a la sensatez para enfrentar esta situación que amenaza a todos, en especial a los más vulnerables. El sector empresarial, en la voz de sus dirigentes, ha sido insistente en el mismo llamado con propuestas concretas de buena voluntad. En vez de acusar recibo de esos mensajes, el poder responde con medidas contumaces para machacar las políticas fracasadas que nos metieron en este hueco. Ocupación de empresas, “vigilancia” de otras, acoso. Como si la policía sirviera para eso. La propaganda tampoco. Es tan inútil como que el ministro del ramo publicitario salga con bata blanca en televisión.
En las crisis de escasez y especulación de guerra y postguerra, en otros países se han tomado medidas de control de precios pero ¿es esa situación comparable con la venezolana de hoy? La escasez y los precios altos tienen su origen en la baja producción, las dificultades e incertidumbres para que los proveedores traigan los insumos, la corrupción en las carreteras que impone peajes. ¿Se resuelve eso controlando precios? Por favor, esa no se las cree ni su mamá.
Ramón Guillermo Aveledo
