El acuerdo de los diputados de la Asamblea Nacional de declarar nulos y sin efectos todos los contratos que suscriba la administración de Nicolás Maduro con la República Islámica de Irán o cualquier otro país, se sustentan en la facultad que tiene el Poder Legislativo de controlar todas las funciones del Ejecutivo Nacional, expuso Héctor Mantilla.
El director de investigación, asesoría y finanzas del parlamento, al ser entrevistado por Elimpulso.com, dijo que hasta ahora la experiencia ha demostrado que todos los acuerdos suscritos entre el régimen de Hugo Chávez- Maduro no han generado resultados positivos al país.
La pregunta es: ¿Qué ha pasado con esos acuerdos y convenios? Porque hay asuntos que no se pueden acordar sin respetar principios elementales de la Constitución y las leyes.
Se está hablando de que Venezuela tiene previsto entregar el Complejo de Refinación Paraguaná, que tiene las principales refinerías del país, a Irán. Pero, eso no se puede hacer. Hay que recordar que todos los convenios que sean suscritos entre nuestro país y otros tienen que pasar por la Asamblea Nacional, para ser aprobados o no. Si se aprueban, automáticamente, se convierten en leyes.
De espaldas a la AN
Es de recordar que los acuerdos entre Venezuela e Irán comenzaron en el año 2005.
Desde entonces Irán acordó suministrar asistencia técnica en defensa, inteligencia y seguridad, así como en distintas áreas.
Fue así como se anunció una fábrica de tractores en Bolívar, el otorgamiento de una mina de oro por parte de Minerven en ese estado, una fábrica de cemento en Monagas, construcción de urbanizaciones (incluyendo una en el norte de Barquisimeto), un acuerdo entre Pdvsa y Petropars, una fábrica de vehículos en Aragua, bancos y otras entidades financieras.
Con el presidente Hasan Pouhani se han venido también haciendo acuerdos, entre los cuales vale señalar que desde hace dos años se ha informado de convenios entre Pdvsa e Irán.
Ante la posibilidad de que sea entregado el Complejo Refinador de Paraguaná, la Asamblea Nacional tomó la decisión de hacer saber que ningún convenio puede pasar por encima del Poder Legislativo, tal como lo establece la Constitución.
