Los mecanismos de control de precios, incluso flexibles, resultan en mayor escasez, desestimulo a la inversión, producción, importación y distribución de bienes, fortalecimiento del mercado negro y explosión de la inflación. Basta ver la experiencia de Venezuela en los últimos 15 años.
Así lo expresa en términos contundentes, inequívocos y sin posibilidades de interpretación distinta a lo que allí refleja, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, al referirse a las últimas decisiones de Nicolás Maduro en contra de la actividad privada, a través de su cuenta oficial en Twitter:
Advierte que aunque parezca una tautología, vale la pena resaltar que no puede haber precios “acordados” si las partes involucradas no los “acuerdan” de manera libre y voluntaria. Recordando como ejemplo que hasta el matrimonio eclesiástico obligado…es ilegítimo.
Este señalamiento viene al caso, porque mientras el Ejecutivo anuncia los precios “acordados” para 27 rubros alimenticios, los cuales aun no han sido oficializados en las páginas de la Sundde, la empresa que en estos momentos más alimentos produce en el país, como es Alimentos Polar, emite un comunicado en el cual advierte que “no ha acordado los precios de sus productos”.
Destaca asimismo, que la fijación de precios en dólares reconoce que el bolívar, ya no cumple funciones básicas de intercambio, reserva de valor y cuenta. Esto sincera lo que sabemos, pero su valoración equivalente al tipo de cambio oficial sigue siendo discrecional y, por ende, inviable para los privados.
Advierte que siempre es mejor que a una persona presa injustamente le permitan visita conyugal, lo que equivale a regular precios en dólares, y eventualmente le pregunten que quiere comer (precios “acordados”), afirmando que eso no resuelve el problema central, ni saca de la calle al verdadero culpable.
