Venezuela registra nuevamente una política de opacidad en materia presupuestaria, al obtener desempeños mínimos y calificaciones de 0 puntos, en una escala de 100, en dos de las tres categorías evaluadas a nivel global: Transparencia, participación pública y supervisión en el proceso presupuestario, revela la séptima edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey, OBS 2019), publicada hoy en el marco de la pandemia que enfrenta el mundo por COVID-19.
La información dada a conocer por Transparencia Venezuela, señala que en medio de una pandemia mundial que está obligando a los gobiernos de todo el mundo a lanzar nuevas medidas de gasto, la OBS 2019 del International Budget Partnership (IBP) muestra por qué hay motivos de preocupación: cuatro de cinco de los 117 gobiernos evaluados no alcanzaron el umbral mínimo de transparencia y supervisión presupuestaria adecuada, según los estándares internacionales, entre ellos Venezuela.
El director ejecutivo del IBP, Warren Krafchik, ha destacado en oportunidad de la publicación de la encuesta que «Si bien la pandemia exige claramente una acción rápida y decisiva, la transparencia presupuestaria, la participación pública y una buena supervisión, son también imperativos». «A medida que los gobiernos responden a esta masiva emergencia de salud pública, los presupuestos deben permanecer abiertos y transparentes, y los funcionarios deben permitir la participación pública inclusiva durante la planificación y la ejecución», subrayó.
Aunque la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 se completó justo antes de que se produjera la pandemia, proporciona una imagen reveladora de las prácticas actuales relacionadas con la divulgación del presupuesto, las oportunidades de participación pública en el ciclo presupuestario y los pesos y contrapesos efectivos.
El promedio de transparencia mundial fue de 45 puntos sobre 100, por debajo de los 61 considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado respecto de los presupuestos nacionales. Solo 31 gobiernos obtuvieron 61 o más puntos, pero hay ejemplos de una fuerte transparencia presupuestaria en seis de las siete regiones del mundo que fueron evaluadas.
El caso venezolano
En el estudio que permite a la sociedad civil evaluar y consultar con su gobierno sobre el uso y la notificación de los fondos públicos (OBS), basado en al menos 108 indicadores, Venezuela registró 0 puntos (sobre 100) en transparencia, es decir en el acceso público a la información sobre cómo el gobierno recauda y gasta los recursos públicos; y en participación pública, entendida como las oportunidades formales ofrecidas a la sociedad para una aportación significativa en las diferentes etapas del proceso presupuestario. El promedio mundial de participación pública fue 14 de 100.
Adicionalmente, el país alcanzó apenas 13 puntos en supervisión presupuestaria, relativo al examen sobre el papel de las legislaturas y las instituciones de auditoría suprema en el proceso presupuestario, y el grado en que se proporciona una supervisión efectiva. Por lo que concluye que “la legislatura y la entidad fiscalizadora superior de Venezuela, conjuntamente, proporcionan una supervisión débil durante el proceso presupuestario”. De los 117 países estudiados, 34 cuentan con una supervisión adecuada por parte de su legislatura, 71 con supervisión de las estructuras independientes y sólo 30 de ambas instituciones.
Con estas calificaciones, Venezuela se ubicó en el lugar 115 entre un total de 117 países examinados, uno de los tres desempeños más bajos a nivel global.
Recomendaciones al gobierno
La Encuesta de Presupuesto Abierto, OBS 2019, recomienda al gobierno, en función de la transparencia, la “publicación de la declaración previa al presupuesto, el presupuesto aprobado y el cierre del ejercicio, informar en línea de manera oportuna, y producir y publicar la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, el presupuesto ciudadano, informes anuales, revisión de mitad de año e informe de auditoría en línea, de una manera oportuna”.
Asimismo, plantea implementar un mecanismo piloto para involucrar al público durante la formulación del presupuesto y para supervisar su ejecución. Además de facilitar la participación de las comunidades, directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil que los representan.
En tanto, propone al Legislativo y a la Contraloría adelantar acciones para mejorar la participación pública en el proceso presupuestario, como permitir a miembros del público o de las organizaciones de la sociedad civil testificar durante sus audiencias y las del informe de auditoría.
El IBP lanzó la encuesta por primera vez en 2006 con el objetivo de asegurar que todas las personas, especialmente de las comunidades más desatendidas, tengan la oportunidad de comprender e influir en la forma en que los fondos públicos –su dinero– se recaudan y gastan. Por lo general, los datos son recopilados cada dos años por expertos de la sociedad civil en presupuestos, independientes, que no están comprometidos con ningún gobierno nacional.
Sus conclusiones son revisadas por pares anónimos, y a los representantes de los gobiernos evaluados se les ofrece la oportunidad de revisar y comentar las conclusiones.
