El retorno a los controles de precio, a las fiscalizaciones del sector privado sin derecho a la defensa y apego al debido proceso, generarán mayor desabastecimiento, volatilidad en los precios, extorsión y la proliferación de un mercado negro que terminará por ser un instrumento de exclusión para las grandes mayorías.
Así lo advierte la Comisión de Economía del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios(Consecomercio) al fijar posición en torno a las últimas de medidas que ha anunciado el gobierno de Nicolás Maduro, desconociendo que este tipo de políticas, solamente contribuyen a crear distorsiones en la economía, además de tener un impacto directo entre los consumidores.
Recuerdan que el 24 de abril de 2020, la Vicepresidente Delcy Rodríguez, anunció un conjunto de medidas en el ámbito económico, a los fines de contrarrestar una serie de conductas que, a juicio de las autoridades, son contrarias al comportamiento óptimo que debiera mostrar la economía venezolana en medio de la pandemia derivada del COVID-19 y la escasez de combustible que afecta el territorio nacional.
Con base en el marco regulatorio que ofrece el Decreto-Ley Orgánica de Precios Justos (“LPJ”), Rodríguez anunció, en esencia, tres cosas: (i) la ocupación temporal del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa S.A. (COPOSA); (ii) la venta supervisada de determinados productos de Empresas Polar y Plumrose de Venezuela; y (iii) la elaboración de un listado de productos – hasta la fecha se estiman 27- con “precios acordados” para la venta. El listado, para el momento, en que se escribe este documento, no ha sido publicado en Gaceta Oficial, por lo que se estima conveniente su divulgación oficial para realizar un análisis sobre el contenido del mismo.
Una vez realizada y publicada esta información, pudiera plantearse el retorno de los controles de precios a una economía que, en la práctica, los había desaplicado en los últimos meses. Sobre este preámbulo vale la pena cuestionarse hasta qué punto dicha medida es conveniente para el bienestar del país.
La telaraña de los controles: Una trampra para la economía
En este sentido, la historia debe servir de consejera al momento de implementar este tipo de políticas públicas. Y la historia sugiere, incluso desde un enfoque milenario, que allí donde se han aplicado controles de precios, la economía termina por sufrir mayores males que los que teóricamente busca paliar.
De esta forma, un eventual retorno a los controles de precio, a las fiscalizaciones del sector privado sin derecho a la defensa y apego al debido proceso, generarán mayor desabastecimiento, volatilidad en los precios, extorsión y la proliferación de un mercado negro que terminará por ser un instrumento de exclusión para las grandes mayorías.
Creemos que toda autoridad debe aplicar políticas tendientes a la generación de bienestar de sus ciudadanos. Ello cobra especial realce en un país como la Venezuela de nuestros días, en la que existe una cantidad importante de sectores de la población que hoy luchan por sobrellevar condiciones de pobreza en distintos ámbitos: alimentario, salud, acceso a servicios básicos, por solo mencionar algunos aspectos puntuales en medio de la coyuntura.
Negar las bondades del mercado para favorecer la activa intervención estatal con fines sancionatorios al sector privado, lejos de coadyuvar a la población le dificultará el acceso a los bienes y servicios que tanto necesita en estos tiempos imbuidos de complejidad.
La historia reciente atestigua cómo los precios libres son necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la economía. Los precios, en esencia, se encargan de transmitir información, y es gracias a esa información que los actores económicos, tanto consumidores como empresarios, pueden tomar decisiones de la manera más óptima y satisfactoria posible.
Intervenir los precios en nombre de conceptos tales como “usura”,“especulación”, “abuso”, “aprovechamiento”, además de carecer de idoneidad técnica en el ámbito económico, terminan por truncar el objeto y razón de ser de los precios, con lo cual la información que transmiten se distorsiona, resultando todo ello en un funcionamiento perjudicial de la economía.
Del mismo modo, conviene recordar, que las empresas obedecen al mandato de sus clientes, de sus consumidores. No existe empresa o comercio en el mundo que pueda permanecer en funcionamiento de forma sostenida causándole daños o perjuicios a su clientela. Porque cuando un cliente es libre de elegir, inmediatamente optará por un buscar un negocio distinto de aquél que le cause un mal. Por ello, debe recordarse que el funcionamiento de la economía se fundamenta en la noción de cooperación social existente entre empresas y consumidores, que lejos de ser antagónica, se complementa entre sí.
De allí que el llamado que se realiza desde la Comisión de Economía de Consecomercio es a que no solo se profundice el proceso de desaplicación de u derogatoria formal para brindarle mayor asidero al principio constitucional de libertad económica consagrado en nuestras leyes. Así mismo, creemos que las autoridades venezolanas pudieran revisar otras opciones distintas a los controles como medidas paliar la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela a raíz del COVID-19.
Existen suficientes ideas menos nocivas en el plano fiscal, monetario y jurídico que pudieran implementarse para ayudar a los ciudadanos venezolanos, todo ello de la mano del sector privado, el cual no sólo debe ser el centro de ejecución de dichas políticas, sino que también ha manifestado su disposicióna colaborar con las autoridades para darle una mano a Venezuela, porque difícilmente alguien puede permanecer indiferente a las complejas circunstancias que enfrenta el país, por lo que el empresariado está presente para asumir el compromiso histórico al cual está llamado, y ante cual, sin duda alguna, tiene capacidad de honrar en todas aquellas dimensiones que se le permitan, recomienda la Comisión de especialistas de Consecomercio, integrada por Andrés F. Guevara B., José Miguel Farías, Rednaxela Sequera y Antulio Moya.
