El 20 de abril de 2019, Hugo Marino Salas, un buzo profesional que regresaba al país luego de varios años fuera, llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Antes de salir del recinto, testigos cuentan que fue abordado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y montado en un vehículo que se presume era de ese cuerpo de seguridad. Desde entonces se encuentra desaparecido.
Las desapariciones forzadas no son cosa nueva en Venezuela, aunque en los últimos años se han incrementando debido al aumento de la persecución política en el país, como lo documentó el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicado en julio de 2019.
El Acnudh pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y ocho en 2019. “Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones”.
La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas considera esta figura como la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijo que “la desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar (Sentencia 29/07/1988 por el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras)”.
La Corte IDH ha señalado que en una desaparición forzada se vulneran el derecho a la libertad personal; derecho a la integridad personal; derecho a la vida; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; libertad de asociación; libertad de expresión e incluso derechos políticos.
Esto coincide con lo que estipula el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tipifica la desaparición forzada en ciertas circunstancias como delito de lesa humanidad.
Entre los años 2000 y 2018 el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó 199 casos de desaparición forzada de corta o larga duración, así como algunas que se realizaron posterior a la detención de la persona. La mayoría de estos casos no han sido investigados por las autoridades judiciales.
Esta información coincide con lo documentado por Michelle Bachelet, quien agregó en su informe que ninguna de las víctimas por éste u otras violaciones a los derechos humanos fueron liberadas o indemnizadas.
Entre las recomendaciones que hacía la Alta Comisionada al Estado venezolano estaba la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, además de permitir el ingreso de los grupos de trabajo y relatores especiales en estos temas al país. Ninguna de estas peticiones se ha concretado.
Crecen las desapariciones
Un informe conjunto del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y Espacio Público registra que entre 2014 y 2018 un total de 19 casos de desaparición forzada.
Nueve de esas desapariciones fueron de corta duración, siete ocurridas durante traslados posteriores a la detención inicial y tres de larga duración. Pero la ONG Foro Penal Venezolano tiene cifras distintas.
La Coordinación del Comité de Apoyo a Víctimas y Familiares del Foro Penal recibió 204 denuncias de desapariciones forzadas tan solo en 2018, un número que puede aumentar a medida que reciban más denuncias.
Foro Penal las clasifica como desapariciones forzadas debido al tiempo que pasa entre la detención de la persona o grupo de personas, muchos de ellos de forma arbitraria, hasta el momento de su presentación en tribunales. Para 2019, la ONG documentó 526 desapariciones, uno de los registros más altos según confirmaron a TalCual.
El último gran caso que documentaron fue la detención arbitraria y desaparición forzada de un grupo de civiles e indígenas de la etnia pemón, tras ser acusados de un asalto a un cuartel militar en Santa Elena de Uairén, al sur del estado Bolívar, ocurrido el 22 de diciembre de 2019.
Por lo menos 13 personas sufrieron vulneración de sus derechos hasta que la desaparición forzada se rompió el 9 de enero de 2020, cuando fueron presentados a tribunales.
En Foro Penal tienen un procedimiento específico para denunciar las desapariciones forzadas: “Primero se hace la denuncia ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, luego se acude a tribunales para que emitan una orden donde se inste a los organismos de seguridad a que informen dónde está la persona detenida, pero en muchas ocasiones en Fiscalía se niegan a procesar las denuncias de este tipo pues aluden a las diferentes etapas de investigación de los cuerpos de seguridad”.
La condena
Espacio Público y el CDH de la UCAB señalaron en su informe que la información obtenida les permitió identificar “patrones en la actuación de los organismos de seguridad del Estado al momento de practicar detenciones, en las cuales se niega el paradero de la persona durante horas, días o incluso semanas; se impide la comunicación con abogados y familiares lo que hace imposible constatar la ubicación, el estado y las condiciones de los detenidos, prácticas que violentan las garantías legales del debido proceso”.
Reiteran además que la negación del paradero de una persona detenida es una práctica inaceptable que se enmarca dentro de los supuestos del delito de desaparición. “Mientras el Estado venezolano no transmita un mensaje claro a los funcionarios que prohíba y sancione esta acción, se corre el riesgo de que se generalice y extienda en el tiempo”, aseguraron.
Provea dijo en su investigación que “genera honda preocupación el aumento de los casos de desapariciones forzadas temporales de personas en el marco del aumento del terrorismo de Estado”.
Mientras que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha dicho que existe un “patrón de desapariciones forzadas a corto plazo de opositores políticos o personas percibidas como tales, y sus familiares”, en Venezuela.
José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, lo resume así: “Ya es bastante malo que las fuerzas de seguridad venezolanas hayan detenido arbitrariamente a miles de personas, pero también han recurrido a desapariciones forzadas, un crimen perverso y globalmente prohibido en todas las circunstancias, al ocultar deliberadamente el paradero de las personas detenidas”.
Caso Hugo Marino Salas
Los familiares del buzo profesional Hugo Marino Salas acusan al Estado venezolano por no responder y cumplir las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su caso, y que incluyen informar sobre el paradero de Marino Salas.
Elizabeth Marques, esposa de Marino Salas, ha dicho que debido a su desaparición forzada han pasado “muchísimas dificultades”, que incluyeron la pérdida de su vivienda, sus enseres, y que su hija mayor se retirara de de la universidad. Su hijo menor, de 8 años de edad, pregunta constantemente por Marino Salas, una pregunta que sus familiares no pueden responder.
Marques aseguró que no han tenido información del lugar en donde se encuentra detenido su esposo, a pesar de que el caso fue llevado a organismos nacionales e internacionales, incluso hasta la Embajada de Italia porque Marino tiene doble nacionalidad.
A comienzos de julio de 2019, los familiares de Hugo Marino Salas informaron que introdujeron un habeas corpus en el tribunal con ayuda de la organización Foro Penal, pero que no habían recibido respuestas. Elizabeth Marques pidió en ese entonces al Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas y al juez Freddy Pérez Alvarado que respondiera a las peticiones del caso.
Luego, el 27 de septiembre de 2019 Marques informó que su esposo investigaba sobre el avión en el que murió el hijo de Miguel Pérez Abad, exministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
“Mi esposo viajó a Venezuela en abril pasado por motivos laborales y estaría en el país por cuatro días. Luego me contactaron varias personas y me dijeron que Hugo estaba detenido”, indicó.
El 15 de marzo, sus familiares informaron que habían tenido comunicación con el abogado del caso, quien les informó que iba a poder tener contacto con Marino Salas. Ese contacto nunca se concretó.
Alcedo Mora y hermanos Vergel
El 27 de febrero se cumplieron cinco años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora y los campesinos Esneider y Eliézer Vergel. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) serían los presuntos responsables de este hecho.
Meses antes de su desaparición, Alcedo Mora había realizado de manera pública y ante varias instituciones, una serie de denuncias sobre hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vinculadas al contrabando de gasolina.
Mora también trabajaba en las comunidades en procesos de exigencia de sus derechos y asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales. De los hermanos Vergel se conoce poco, solo que eran campesinos que conocían a Alcedo Mora.
A los pocos días de la desaparición, los hijos de Mora y otros familiares presentaron la denuncia ante las autoridades respectivas, el Ministerio Público inició algunas investigaciones preliminares; sin embargo, durante meses la investigación se paralizó a pesar que familiares y amigos realizaron reclamos públicos y formales ante esa institución.
En noviembre de 2017, el Ministerio Público llamó a declarar a algunas personas que anteriormente habían dado su testimonio, y esa retoma de las actuaciones tiene una explicación: el gobierno venezolano fue notificado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que los hijos de Alcedo Mora, con la asesoría de Provea, habían presentado denuncia en esa instancia internacional.
Efectivamente, el 28 de junio de 2016, familiares de Alcedo Mora acompañados por Provea ejercieron una petición por violación de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, a los fines que el caso sea examinado por ambas instancias de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Provea, destacó que en estos caso, como en otros tantos de desaparición forzada, el “Estado venezolano no solo no ha investigado de manera eficaz, sino que la práctica de la desaparición forzada se institucionaliza cada vez más”.
Lea más en www.talcualdigital.com
