Ejercer todas las acciones legales a que hubiere lugar, contra el Gobierno de los Estados Unidos y la decsión de la Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó, de autorizar el traspaso de 342 millones de dólares de una cuenta del ente emisor, abierta en el Citibank, a otra de la Reserva Federal de Estados Unidos, con el fin de dotar de recursos a la administración interina, en base al el Estatuto de Transición aprobado por el parlamento electo en 2015.
La decisión fue calificada, por el régimen, a través de un comunicado como un vulgar despojo, agregando que la acción constituye una medida unilateral impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en colusión con un grupo de diputados de la Asamblea Nacional venezolana en desacato.
El texto del comunicado del BCV expresa:
«El Banco Central de Venezuela rechaza y repudia la medida unilateral impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en colusión con un grupo de diputados de la Asamblea Nacional venezolana en desacato, mediante la ilícita orden emanada de la Secretaría del Tesoro estadounidense en la que instruye a la institución bancaria Citibank, a transferir los recursos de una cuenta cuyo titular es este Instituto, a una cuenta de la Reserva Federal estadounidense, consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al Ente Emisor venezolano, a través de la apropiación indebida del patrimonio cuyo único titular es el Estado venezolano.
Esta acción se suma a una serie de ataques dirigidos desde el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el Banco Central de Venezuela, que no solo pretenden desacreditar la legitimidad de sus altas autoridades, sino que principalmente, procuran apoderarse de forma fraudulenta de los activos y recursos pertenecientes al pueblo venezolano, y que en su conjunto, conforman la agresión multifactorial para causar sufrimiento al pueblo de Venezuela.
El Banco Central de Venezuela ejercerá todas las acciones a que hubiere lugar en el marco del Derecho Internacional y del ordenamiento jurídico nacional, para proteger y defender los legítimos derechos e intereses del Estado venezolano, que ha sido víctima de este despojo de sus recursos financieros, ejecutado directamente por el Gobierno de Donald Trump en colusión con diputados extremistas de la derecha venezolana, y que sin duda, configuran la comisión de graves delitos de crimen trasnacional organizado.
Ante esta situación deplorable que incide directamente en el normal desenvolvimiento de la economía venezolana, ya afectada por el ilícito bloqueo económico y financiero de la élite supremacista que gobierna los Estados Unidos de América, y actualmente agravada por el impacto pernicioso de la pandemia global del Coronavirus (Covid-19), ratificamos nuestro compromiso en mantener y preservar la institucionalidad de este Banco Central, ejecutando nuestras actividades en estricto apego al marco jurídico vigente, así como a los principios éticos y morales que informan la gestión pública, para garantizar la continuidad de las operaciones del Instituto con los más altos estándares de seguridad y eficiencia».