La agudización de la crisis habitacional, ha sido una de las características presentes a lo largo del año 2012, ya que no se le ha dado respuesta a miles de familias venezolanas que siguen esperando por sus viviendas en todo país y el déficit habitacional se mantiene en 2 millones 750 mil viviendas nuevas.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela señala que de acuerdo con la cifras que maneja el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), sólo en el mes de noviembre se produjeron 197 protestas en todo el país por reclamos de viviendas dignas, y esa organización acotó que esas manifestaciones representaron el 38% del total, siendo el tema de viviendas la segunda causa de protestas en Venezuela. De acuerdo con este organismo, la reelección del presidente Chávez no generó una disminución en los reclamos.
Esta alta cifra de protestas por viviendas que registró el Observatorio en noviembre, fue una realidad que se vivió durante todo el año, y ante ello el gobierno intervino por medio de la Misión Vivienda y de leyes para regular el área inmobiliaria.
La Ley Contra la Estafa Inmobliaria entró en vigencia el 30 de abril de 2012 mediante su publicación en la Gaceta Oficial N° 39.912, con el objetivo según el gobierno poner “orden en el tema del desarrollo inmobiliario privado”.
La Cámara Inmobliaria, en su primera reacción, advirtió que este instrumento alejaba aún más la solución a la crisis de vivienda del país, en tanto que el presidente de la organización, Aquiles Martini Pietri, destacó que lo punitivo de la Ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo urbanístico, se castiga a los promotores imponiéndoles multas de 2 unidades tributarias por cada día de retraso en la entrega de la obra, así como la obligación de pagar alquiler mensual durante la tardanza de la entrega de su cliente.
La Ley creó la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual maneja un registro nacional de sujetos vinculados al sector inmobiliario, como constructoras, contratistas, productoras, promotoras de viviendas, a los cuales puede requerir cualquier información, sujetos que pueden ser investigados y si así lo determinase, está en capacidad de sancionarlos. Todos los trámites para el inicio de una obra deben ser aprobados por esta Dirección, la cual es completamente centralizada, causando retrasos significativos. Asimismo, la Dirección puede intervenir una construcción si la misma se paralizase, lo cual está enmarcado en una gran discrecionalidad, porque muchas empresas y desarrolladores se han visto afectados por la escasez de materias primas como cabillas, cemento y otros insumos vitales para la construcción de viviendas.
¿Quién va a promover y a construir viviendas en Venezuela?, se pregunta el presidente de la Cámara Inmobliaria, cuando este instrumento entró en vigencia.
Leyes sin equidad
Por otra parte, durante todo este año se ha sentido el efecto de la Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento de Vivienda, la cual significó la paralización de los alquileres en todo el territorio nacional porque el Gobierno, después de un año de la entrada en vigencia de la Ley, no había publicado el valor de reposición necesario para el cálculo del canon de arrendamiento.
Cuando finalmente el valor fue anunciado en noviembre de este año, la fórmula para la determinación del canon de alquiler, no consideraba variables fundamentales como el valor del terreno, o la localización geográfica, por lo que las viviendas en alquiler perdieron, de acuerdo con lo establecido en la ley, gran parte de su valor.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en función de promover los derechos de los ciudadanos en el acceso a la vivienda, cuestionó severamente estas leyes inequitativas, cuyo fundamento es político más que técnico, porque perjudicaron a importantes sectores de la población, al causar la depresión de la construcción privada y del mercado de alquileres.
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