La exigencia de políticas de asistencia y protección para las personas mayores en Venezuela, grupo especialmente vulnerable en medio de la pandemia global alertada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solicita a través de un comunicado la organización Convite Asociación Civil preocupada por la situación de riesgo de las personas de la tercera edad.
Recuerdan que son muchas las organizaciones que han denunciado desde hace 5 años que el sistema de salud en el país es precario y ante una pandemia de tal magnitud, Venezuela es totalmente vulnerable.
“Son muchos los años de desinversión en el sistema de salud. Esta situación pone en riesgo la vida de millones de personas mayores, quienes representan la población de mayor riesgo de letalidad por las condiciones precarias que vive Venezuela», indicó el director de la organización, Luis Francisco Cabeza.
Las 426 personas y organizaciones que suscriben el comunicado, aseguran que este grupo poblacional enfrenta mayores riesgos frente al COVID-19 y denuncian que esto se puede convertir en un factor de discriminación para la prestación de asistencia como ya se mostró con la decisión del alcalde, Tomas Bello del municipio Montes, en el Estado Sucre quien, por decreto prohibió la venta de alimentos a las personas mayores de la zona.
“Nadie debe limitar la compra a las personas mayores, lo que se debe generar son incentivos para que no tengan q salir a comprar durante la cuarentena, exonerar de impuestos a comercios que le presten servicios de delivery gratuito”, señaló el representante de la organización.
Entre las exigencias que realizaron las más de cuatrocientas suscripciones, se encuentra la necesidad de que las personas mayores sean incluidas de manera diferenciada dentro de cualquier programa de respuesta humanitaria y se respete su derecho de ser consultadas. Igualmente, el comunicado asevera que deben implementarse mecanismos que garanticen la protección de las personas mayores frente a situaciones de violencia, incluso intrafamiliar durante la cuarentena.
“Urge que los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local declaren a las personas mayores como población objeto de su política de prevención del COVID-19. Se debe privilegiar la dotación de insumos, medicinas y alimentos a las entidades de atención, indistintamente de su condición, garantizar que la asignación de cualquier ayuda económica, sea de carácter universal, y prescindir de cualquier otro tipo de acreditación que no sea la cédula de identidad”.
Entre las propuestas planteadas, está que se brinden facilidades logísticas y garantías de protección a todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana, incluso organizaciones internacionales que actualmente estén desplegando programas de ayuda humanitaria, dirigidos a las personas mayores en cualquier parte del país.
