Sucedánea de la antipolítica, rechazamos la necropolítica. Colmo del melodrama, nuevamente encontró eco en la Asamblea Nacional el domingo 9 de los corrientes, aparatosamente convocada, en contraste con el rápido trámite de las sesiones que anteriormente atendieron la materia, incluyendo la sesión especial de Maracay so pretexto del Día de la Aviación.
La bancada de la oposición democrática se mostró sobria, y –sobre todo por el sereno y firme argumento de María Corina Machado– señaló el derrotero constitucional. Lejos de refutarla, la oficialista espectacularizó la noticia y, como si fuese un asunto de su absoluta incumbencia, todas sus intervenciones estuvieron orientadas a halagar hasta la extenuación al paciente, añadido el llamado a cumplir radicalmente sus órdenes, a acatar la decisión favorable a Maduro, circunscrita a las ya viejas circunstancias y satanizaciones, como las prodigadas por los sucesos del 11-A.
Parece comprensible, aunque injustificable, la maniobra que delata esa complicadísima procesión que los gubernamentales llevan por dentro, forzados a un homenaje que fuese capaz de levantar la moral de los seguidores. La interpretación del Himno Nacional que hizo Cristóbal Jiménez en medio de la sesión, luego acompañada por las arengas de rigor, no la desearon compartida.
En el fondo, hay un desprecio por el parlamento y cualesquiera otras instancias institucionales para el debate, pues, siendo el escenario natural, los distintos aspectos constitucionales y legales que necesitamos urgentemente considerar, simplemente no quisieron tratarlos. Optaron por una exhibición de unidad y fortaleza que la lisonja enfermiza jamás concede, en lugar de afrontar con talento y sensatez la situación.
Defendemos no sólo la efectiva encargaduría de la presidencia por Maduro y el reconocimiento de Caracas como asiento principal del poder, en vez de La Habana, sino las soluciones que dispensa la vigente Constitución de la República.
Sumada otra vicisitud, por ejemplo: en tanto encargado de la jefatura de Estado, el vicepresidente titular debe conducir a la Fuerza Armada, porque si se estimara que la Comandancia-en-Jefe es un grado militar, como erráticamente lo impusieron a través de una ley orgánica, sería indelegable o intransferible. Y es que la corporación castrense no puede dirigirse a punta de una necropolítica que quizá sea el último estadio de la antipolítica.
@luisbarraganj
