En los primeros dos meses de 2020 han muerto tres niños menores de un año en la comunidad indígena de Cambalache. Según sus familiares, todos tenían cuadros de diarrea y vómito, y nada que comer
Alejandra Flores vive a orillas del río Orinoco. Tiene 17 años, está embarazada y hace 16 días vio morir a Alejandro, su primer hijo de nueve meses. “Aquí nadie ayuda a la gente, yo no tenía rial tampoco para llevarlo al hospital”, contó este miércoles, sentada frente a su casa, en la comunidad indígena de Cambalache en Puerto Ordaz.
La muerte de tres niños en los dos primeros meses de 2020 en la comunidad indígena warao ha convocado esta semana a organizaciones de la sociedad civil a denunciar y conseguir ayuda para el progresivo aumento de los casos de desnutrición en ese sector rural.
La historia de Alejandra es el caso de otras familias de la barriada. Le tocaba quedarse sola en casa mientras su marido buscaba la forma de conseguir alimento. “Llegaba pero no traía nada”, relató mientras se le quebraba la voz. “A veces conseguía 100 bolos para comer, y a veces fiábamos pan, o harina”.
Cuando Alejandro enfermó intentó llevarlo a un centro de salud, pero fue en vano: en el módulo tipo II, José María Vargas, no pudieron auxiliarla. “Uno va para el módulo y ahí no le dan nada a uno, solo la receta. Como no tenemos nada para comprar -medicamentos- uno se queda en la casa, con la receta en la mano”, interrumpió la prima de Alejandra, Isbelis Jaramillo.
Alejandro pasó 4 días sin comer antes de morir, el 3 de febrero. Tenía el estómago hinchado, sufría de diarrea y una fiebre incesante. “Yo no tenía nada para comprar remedios para él, él lloraba y yo me asusté, yo no tenía ni remedio ni rial, mi tía no tenía rial tampoco”, dijo consternada.
Este miércoles en su casa solo había tres arepas de harina de trigo, que deben rendir para varios días, y una taza a medio llenar de Fuctus, una bebida instantánea. “Tendremos que esperar hasta mañana, o quitar prestado para poder comer”, respondió al preguntarle si aquella sería la única comida que consumirían ese día.
La prima de Alejandra, Isbelis, comentó que a menudo los niños de la comunidad se enferman de gripe o les da fiebre. “El mío tiene fiebre”, afirmó señalando a Junior Flores, su bebé de 4 años y el segundo de tres hermanos. “Cuando consigo le doy harina, ya en la tarde no comemos nada”.
Sin poder amamantar
José Náez era abuelo de Wilfredo, otro de los tres menores fallecidos en 2020. Su nieto, asegura, murió con cuadro de vómitos y diarrea. Según José, la madre no producía suficiente leche para amamantarlo por lo que optaba por alimentarlo con crema de arroz, la cual era preparada con agua del río.
Wilfredo nació el 8 de julio y no pudo terminar de cumplir los seis meses. La madre intentó que fuera atendido en el módulo de salud pero la respuesta fue negativa: “Aquí no hay medicinas, tiene que salir a comprar”, recalcó la tía de Wilfredo, Norma Náez, que le indicaron en el hospital.
Todavía en el patio cuelgan los mecates del chinchorro donde dormía Wilfredo todas las noches. En los alrededores juegan otros 10 niños, de los cuales siete son de Norma. Hace unos meses uno de sus hijos también pasó por lo mismo: a ambos se les intentó curar con fregosa y conchas de guayaba, pero a Wilfredo le salieron unas llagas en la boca y murió.
El padre de Wilfredo, Wilmer Náez, no pudo ni siquiera despedirse de su hijo. Tiene tres meses detenido en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana luego de que saliera a pescar por las inmediaciones de las empresas básicas. Según sus familiares, fue llamado por funcionarios de seguridad y al acercarse a la orilla lo acusaron de robarse unos teléfonos y lo apresaron.
Sin registro gubernamental
El tercer niño murió a mediados de enero y tenía dos meses de edad. Aún no había sido presentado ni tenía nombre. Era hijo de Carmen Vería, quien llegó a Cambalache a finales de 2019 para establecerse luego de salir de los caños en el Delta del Orinoco. El niño murió y no había sido presentado en el Registro Civil.
Vecinos aseguran que en la comunidad rural no se han hecho los operativos para sacar la partida de nacimiento de los niños, además de que a los muertos no se les realiza acta de defunción. Los 3 niños fallecidos, esta vez, fueron enterrados en urnas de madera hechas por los residentes. “El año pasado no teníamos para conseguir la urna y lo envolvimos con un poco de trapos y lo enterramos”, manifestó Venancio Narváez, cacique warao de la comunidad.
Narváez reclamó la falta de personal médico en el módulo. “Muchos indígenas se han muerto sin poder salir para ninguna parte”, aseguró. En Cambalache, como varias comunidades aledañas de Puerto Ordaz, los pasajeros pueden pasar hasta más de dos horas esperando transporte, el cual para muchas personas pueden ser un gasto incosteable y, en ocasiones, del cual depende la vida.
Comunidad de nadie
Asunción Castillo, warao de la zona, denunció que hace años que no les llega el suministro de agua potable. El cúmulo de enfermedades por el consumo de agua sin la potabilización debida es recurrente, pero la falta de medicamentos y equipo personal especializado también ha sido determinante. “Aquí les damos remedio de mata porque el módulo no tiene nada”, manifestó Díaz.
Olivia Flores, tía de Alejandro, considera que las pocas oportunidades de trabajo agravaron la situación de su sobrino: “No comía nada, pasó todo el día sin comer”. Sumado a eso denuncia que organismos estatales tan solo llegan anotando problemáticas que luego no son resueltas. Para ella ya son muchas visitas con promesas que no han sido cumplidas.
Cambalache es conocida en el último año por el tráfico de gasolina por los ríos hacia las zonas mineras. En las últimas dos semanas, la Dgcim y la GNB cortaron el suministro de combustible desde este sector, la única entrada de dinero que les quedaba a los waraos luego del cierre del relleno sanitario. Los tambores ahora están acostados en varias de las chozas cercanas al río. “No hay trabajo, no hay nada, no hay que hacer nada ya”, lamentó Olivia.
“Nos quitaron el poquito de trabajo que teníamos… nosotros llenábamos un tambor y con eso uno mantenía los carajitos de uno, pero ahora peor”, dijo Díaz al reclamar que al haber quedado sin fuentes de ingresos los entes gubernamentales debieron aplicar otro tipo de solución para generar trabajo.
Castillo manifestó que cuando niño habitaba en las cuencas del Orinoco en Delta Amacuro hasta regalaba lo que sembraba. Ahorita por lo dura de la tierra y la falta de instrumentos no puede conseguir los alimentos para su familia. Ni a la pesca se han podido dedicar por lo costoso de los implementos. Exige el aporte de curiaras y demás equipos para trabajar en el río: “Con un tren tenemos para agarrar pal sancocho”, aseguró indignado.
Venancio Narváez reclamó que no cuentan con ayuda ni del alcalde Tito Oviedo ni del gobernador de Bolívar. “¿Con qué vamos a trabajar?”, exclamó indignado.
De mal en peor
De acuerdo con Provea en su informe preliminar de 2019, la situación social de los indígenas empeoró. “El 2018 se caracterizó por el recrudecimiento de las afectaciones consecuencia de la crisis humanitaria compleja sobre todo en salud y alimentación, aumentando de manera exponencial la migración forzosa en varios pueblos indígenas, la incorporación por sobrevivencia a labores riesgosas de contrabando, la minería ilegal en mayor escala, la deserción de la labor educativa y el sometimiento a condiciones de explotación laboral”, señala el documento.
Amnistía Internacional ha catalogado de catástrofe la situación de las etnias indígenas. Al menos, en el caso de la muerte de estos tres niños, tan solo queda el dolor de sus familias. Para el Estado venezolano no existen ya que ni siquiera son una cifra, al no quedar legalmente registradas.
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