Entre 35 y 40 privados de libertad en el Estado Lara padecen actualmente de tuberculosis, sin mencionar los que están enfermos de hepatitis y escabiosis, tanto en el centro penitenciario Fénix Lara, como en el Centro David Vilora, mejor conocido como Uribana; según denunció a Elimpulso.com Alexis Ramos, abogado Penalista de la entidad.
Ramos afirmó que existe una violación flagrante de los Derechos Humanos de los privados de libertad en Lara, no solo por las pésimas condiciones de salud y hacinamiento en las que están, sino también por el retardo procesal penal y falta de revisión de medidas por parte de los tribunales y jueces del Estado Lara.
El abogado penalista consideró como un grave error el reciente traslado de al menos 40 presos enfermos de tuberculosis desde Fénix Lara hacia Uribana; «buscan el saneamiento en la celdas de Fénix, pero eso significa proliferar esas enfermedades en Uribana, donde hay entre 700 y 750 presos«, detalló Ramos.
Sin comida en las cárceles
Sostuvo también que a los internos en ambas cárceles se les viola su derecho a la alimentación, por cuanto producto de la crisis económica del país, a los familiares se les dificulta visitarlos para llevarles sus alimentos cada semana, pues no siempre tienen el dinero para trasladarse. Además, denunció que la comida que reciben dentro de la cárcel se resume a agua con sal o agua con repollo.
«Los responsables de esta grave crisis en la situación penitenciaria de Lara son la ministra Iris Varela y los directores de ambos centros de reclusión», sentenció el abogado, quien destacó que hay presos que desde hace casi 10 años no se les ha abierto juicio ni se les ha hecho audiencias preliminares por falta de boleta o por imposibilidad de trasladarse debido a que el vehículo carece de cauchos o aceite para funcionar.
«Por esa situación, solo pueden traer un autobús con 30 privados de libertad, cuando deberían ser tres autobuses con entre 100 y 150 presos por cada centro penitenciario, es decir, deberían ser 300 por Lara. Allí también radica el retardo procesal. Mientras tanto, los presos se están muriendo», expuso.
Ramos aseguró que él, junto a un grupo de abogados al que representa, están a la orden como servidores públicos para colaborar con familiares de estos presos quienes se encuentren desasistidos o no hayan sido escuchados por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo o los Directores de las Cárceles, a fin de prestarles la ayuda necesaria. Por ello colocó un número de teléfono a disposición: 04143507391
