El informe “La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura. Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela”, donde demuestra que la persecución política aplicada por el régimen de Nicolás Maduro al Poder Legislativo tiene como fin destruir por completo los vestigios de democracia que quedan en Venezuela, fue dado a conocer por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Destaca la información, que el informe evidencia una cadena de hechos recurrentes que han signado el asedio a la Asamblea Nacional (AN) desde su elección en 2015.
Estas reiteradas y sistemáticas prácticas de persecución política por parte del gobierno venezolano a la disidencia, violatorias de los derechos humanos, civiles y políticos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en los pactos y convenciones internacionales suscritos por Venezuela han sido documentadas por Cepaz desde el año 2015 y producto de este esfuerzo se generaron tres informes: “Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución en contra de la disidencia política venezolana”; “Persecución Política en Venezuela (Identificación diferenciada de patrones de persecución en actores disidentes y seguimiento de casos)” y “Nuevos patrones y agudización de la persecución política. Seguimiento y actualización de caos de persecución”.
Patrones de persecución
El informe destaca que son doce los patrones desarrollados por el gobierno venezolano para la reiterada y sistemática persecución y represión de la oposición política:
- Apertura de procedimientos judiciales caracterizados por la violación del derecho al debido proceso.
- Persecución a través de los medios de comunicación.
- Destitución de cargos públicos.
- Allanamientos irregulares a la propiedad privada.
- Allanamiento a la inmunidad parlamentaria.
- Inhabilitación política.
- Usurpación de las funciones públicas.
- Aquiescencia de actos violentos en contra de dirigentes políticos.
- Apertura de procedimientos ante tribunales militares.
- Persecución a familiares.
- Anulación de pasaportes.
- Apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes.
Como también fue documentado en el informe “Estocada a la Democracia”, el Parlamento venezolano ha sufrido constantes ataques, incrementándose en los últimos meses bajo la sombra de un supuesto desacato emanado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Desde que se realizaron las elecciones parlamentarias en el año 2015, hasta la actual fecha, se han producido 119 sentencias emanadas del TSJ que buscan ejercer el control absoluto por parte del Ejecutivo nacional de todos los poderes y el desmantelamiento del Poder Legislativo.
El 2,52% de las sentencias van contra las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, como el manejo de su presupuesto y del personal que labora en la misma y sus normativas internas. El 71,43% de las sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional afectan las atribuciones y competencias del Poder Legislativo establecidas en la Constitución. El 21,01% de las sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional atentan contra la inmunidad parlamentaria y el 5,04% contra el sistema democrático.
Del 28 de diciembre de 2015 al 16 de diciembre de 2019 un total de 59 diputados de oposición de la Asamblea Nacional fueron víctimas de persecución política.
Debido a amenazas de detención o contra su integridad física, 33 diputados se encuentran en el exilio, clandestinidad o refugiadas/os en embajadas. Esta cifra es el equivalente al 19.76% del total de 167 parlamentarias/os de la AN.
El diputado Gilbert Caro, por ejemplo, ha sido detenido en tres oportunidades, violándosele la inmunidad parlamentaria. El 20 de diciembre fue nuevamente detenido y actualmente se desconoce su paradero.
A 14 parlamentarios se les ha violado el derecho a la identidad y al libre tránsito, reteniendo y anulando sus pasaportes, sin existir ningún proceso legal ante los tribunales competentes.
El allanamiento a la inmunidad parlamentaria es un patrón recurrente, aplicado a diputados que han acudido a instancias internacionales a denunciar violaciones de derechos humanos. Hay 28 casos de violaciones a la inmunidad parlamentaria.
La persecución se ha extendido a los familiares de los diputados. Sus domicilios han sido vigilados constantemente por los organismos de seguridad del Estado, grabando, fotografiando e intimidando a sus ocupantes. El allanamiento a las casas de los diputados se ha convertido en otro patrón de persecución, dejando entrever el carácter sistemático que caracteriza a los actos persecutorios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido siete resoluciones con medidas cautelares a favor de nueve diputados, para garantizarles el derecho a la vida, al debido proceso y a ejercer plenamente sus funciones. Por su parte, la Unión Inter-Parlamentaria Mundial dictó medidas de protección a 57 parlamentarios en cuyos casos se ha comprobado tortura, intimidación, arrestos arbitrarios, violación a la inmunidad parlamentaria entre otras violaciones de derechos. Y la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 2019 una resolución condenando las agresiones a la Asamblea Nacional y la violación de la inmunidad de los diputados.
La persecución política contra la Asamblea Nacional no afecta solamente a diputadas y diputados, sino también a los trabajadores de este poder público, tanto en el cumplimiento de sus funciones como en su bienestar y el de sus familias.
La AN no maneja su propio presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Finanzas pagan la nómina de empleados y obreros, pero únicamente salarios y tickets de alimentación. No se cancelan los compromisos correspondientes al Seguro Social y fideicomiso, entre otros. La deuda con los trabajadores correspondiente a los años 2017 y 2018 suma aproximadamente 5.561.175,31 bolívares y queda por cuantificar la del año 2019.
Los diputados no perciben sus salarios desde el año 2016, ni tampoco los beneficios del cargo. Se estima que la deuda es de aproximadamente 300.936.459,97 bolívares hasta 2018.
Más allá de los desaciertos o aciertos que ha tenido esta instancia para la solución a la crisis política, debemos apoyar a la institucionalidad que representa la Asamblea Nacional, como único poder legítimamente electo, y también al derecho de los ciudadanos a resistir frente a acciones violatorias de los derechos humanos.
Cepaz reconoce el trabajo de otras organizaciones que se ha sumado a esta denuncia y documentación: Acceso a la Justicia, Provea, Defiende Venezuela, Transparencia, CDH UCAB, CDH UNIMET, Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Dale Letra.
