Más de 4.7 millones de venezolanos han salido de su país hasta la fecha para escapar de una crisis económica y social sin precedentes, aseguró el miércoles David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados de Venezuela.
Smolansky señaló que el éxodo podría seguir creciendo y alcanzar la cifra de 7 millones de personas a finales de 2020 “si se prolonga la dictadura” de Nicolás Maduro.
“La única solución pasa por desmantelar el estado criminal que hoy reina en Venezuela” dijo Smolansky. “Es un Estado que promueve la violación de los derechos humanos y niega la ayuda humanitaria que se le ha ofrecido.”
El comisionado realiza una gira de cuatro días por Colombia en la que su equipo ha realizado mesas de trabajo con más de 100 migrantes venezolanos. El propósito de éstas es preguntar a los migrantes por qué salieron de su país, cómo se sienten en sus nuevos hogares y bajo qué condiciones regresarían a Venezuela.
Estos testimonios, explicó, servirán para redactar un informe que detallará los motivos detrás de la migración de la nación sudamericana. El documento se utilizará para reforzar una propuesta realizada hace seis meses a los países miembros de la OEA, mediante la cual la organización regional busca que se le otorgue estatus de refugiados a los migrantes venezolanos que se encuentran en distintos países del continente.
“La declaración de Cartagena (suscrita en 1984 por varios países del hemisferio) expande el estatus de refugiado y dice que un refugiado también es alguien que se va de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, violación de derechos humanos o por ocupación extranjera”, señaló Smolansky. “En nuestra opinión todas esas condiciones aplican para el venezolano que se tiene que ir”.
A pesar de estos esfuerzos de la OEA, varios países de la región están tomando medidas para limitar el ingreso de venezolanos.
En 2019, Chile, Perú, Ecuador y República Dominicana comenzaron a imponer requisitos de visado para ciudadanos venezolanos al verse abrumados por las grandes cantidades de migrantes ingresando a sus territorios. Las islas caribeñas de Aruba, Bonaire y Curazao también contemplan medidas similares.
En Aruba y Curazao, una quinta parte de la población está constituida por migrantes venezolanos.
Smolansky aseguró que su oficina se opone a estas políticas porque “agudizan” los riesgos enfrentados por los migrantes.
“Cerrar la frontera es abrir las trochas (pasos ilegales)”, dijo. “Además, ¿cómo se le pide a un venezolano visa cuando el Estado le niega el derecho a la identidad?”, señaló para referirse a las dificultades que enfrentan los venezolanos para conseguir pasaportes en su país.
