Para evaluar al cierre del año el avance de los proyectos (Suiche Nacional, Biopago y C2P) para la consolidación del funcionamiento de los medios alternativos de pago, que buscan proteger al sistema bancario y sus usuarios, ante las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) se reunió con el sector bancario.
En efecto, la Sudeban realizó una reunión de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Venezuela (BCV), representantes de la banca pública y privada, así como procesadores de pago, con tal objetivo.
Se explica que estos proyectos tienen como objetivo lograr la independencia de nuestro sistema de pagos, uno de ellos es el suiche de interconexión local Naiguatá, el cual se estima poner en funcionamiento en el mes de marzo de 2020.
El Superintendente, Antonio Morales, señaló que ha habido un avance significativo en cuanto a los proyectos relacionados con los medios alternativos de pago, y todos los actores involucrados están realizando grandes esfuerzos para darles continuidad, a pesar de las sanciones coercitivas y unilaterales del gobierno norteamericano y de las amenazas de algunas franquicias.
En relación al Sistema de Interconexión Local Naiguatá, el ambiente de calidad se encuentra listo para comenzar pruebas integrales en enero del 2020, el equipo de almacenamiento se encuentra instalado y en los próximos días culminará el proceso de interconexión entre todos los bancos.
El Biopago presenta un 66% de avance y a la fecha cinco instituciones bancarias han solicitado ventanas de pruebas, en tanto que el simulador para autenticación de las huellas ya se encuentra en su fase final.
Por otro lado, el Superintendente destacó que durante este año se ha evidenciado un crecimiento importante en las transacciones electrónicas, razón por la cual los bancos deben dar estricto cumplimiento a las instrucciones emanadas por este Ente Regulador, entre las que se encuentra el aumento de los límites por consumos en puntos de venta fijado en 50 millones de bolívares diarios.
