Los gobernadores no tienen capacidad, ni estructura, ni conciencia para explotar las minas de oro, según el doctor Román Duque Corredor, abogado constitucionalista, exmagistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Sus palabras se produjeron al ser consultado por Elimpulso.com acerca de la decisión de Nicolás Maduro, de darle esa facultad a los mandatarios regionales para autogestionar sus administraciones.
Los gobernadores ya tenían competencia para la explotación de los materiales superficiales, explicó. El resto de los minerales, tal como lo establece la Constitución, son del dominio de la Nación.
No pueden, por lo tanto, ser explotados por los gobernadores. Ni el jefe del régimen puede delegar en ellos la explotación.
En este caso, se está repitiendo lo que causó el deterioro de la actividad minera en Guayana cuando se le otorgó esa facultad a la Corporación Venezolana de Guayana, Tal fue la anarquía y el desorden que se permitió la minería ilegal.
Una medida de esta naturaleza constituye una fuente más para aumentar la corrupción, advierte el Dr. Duque Corredor.
Y al mismo tiempo, se demuestra que no hay políticas serias, claras y responsables por parte de Nicolás Maduro.
Se supone que esta nueva facultad estará dirigida al beneficio de los gobernadores afines al régimen.
La Corporación Venezolana de Guayana comenzó a dar contratos de arrendamiento, porque no tenía capacidad para efectuar las labores inherentes a la minería.
Decisiones como ésta, no es más que la demostración de que estamos en un régimen que no tiene conciencia alguna del patrimonio nacional.
Además, los gobernadores no pueden recibir el beneficio de explotación de las minas de oro porque no tienen capacidad, ni estructura, ni conciencia para una actividad como la que les ha sido conferida.
Se les da ese nuevo derecho para que solventen su déficit presupuestario.
El profesional del Derecho manifiesta que no hay Constitución, ya que lo que hace el régimen son unas normas con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto Maduro se considera dueño del patrimonio público.
¿Por qué no se le dio esa competencia a los municipios, donde se encuentran las minas de oro?, preguntó. Más que violar la Constitución, aquí se está ejerciendo un gobierno de facto y de hecho, haciendo lo que le viene en gana al mandatario de Miraflores.
