Ha pasado un año de la detención arbitraria de Jesús Medina Ezaine, reportero gráfico apresado por el Sebin el 29 de agosto de 2018. Desde entonces, sus derechos han sido violentados, el proceso de juicio retrasado y quienes son sus carceleros lo han llevado a una celda de castigo en la que por muchos días no pudo ver la luz.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exige la inmediata liberación de Jesús Medina, secuestrado en la cárcel militar de Ramo Verde, señalado por el presunto delito de instigación al odio y agavillamiento, contemplado en la inconstitucional ley contra el odio.
En ocho oportunidades consecutivas fue diferida la audiencia preliminar de Medina. La fiscalía le había imputado en la presentación los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y lucro indebido de la administración pública. Ninguno pudo ser sustentado y en la audiencia preliminar solo le ratificaron el de instigación al odio, un delito con el que se silencia y se le roba a la libertad a los presos de conciencia, a quienes son perseguidos disentir y cuestionar a Nicolás Maduro y su entorno.
El SNTP demanda de la Fiscalía General de la República y de la Dirección de Derechos Fundamentales, una actuación urgente para detener la cadena de atropellos de los que ha sido víctima Medina durante 365 días. No hay razones que justifiquen la detención de este reportero y menos las hay para que no se le garantice el derecho al debido proceso y su caso pueda ser atendido de manera oportuna.
Al mismo tiempo, el SNTP convoca la solidaridad internacional y la acción de gobiernos y organismos multilaterales para se sumen al grito de protesta por la detención de Jesús Medina y, cada uno desde sus espacios pero asumiendo la responsabilidad con la libertad y la democracia, obliguen a Maduro a liberar al reportero.
Medina fue privado de libertad en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas, luego de que realizara un reportaje sobre la crisis hospitalaria del país. Dos días después, el Tribunal 13 de control decretó la privativa de libertad y fijó la cárcel militar de Ramo Verde como su centro de reclusión.
Previamente, Medina estuvo desaparecido en noviembre de 2017 tras publicar unas imágenes de la cárcel de Tocorón.
La organización Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas pidieron a Maduro “desistir de inmediato de los cargos absurdos” en contra de Medina, un reportero de 37 años.
“Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo”, agregaron en el texto.
De acuerdo con registros del SNTP, en lo que va del 2019 ocurrieron al menos 220 casos de violaciones contra los derechos a la libertad de expresión e información. Desde 2014 hasta acá, los casos suman más 2.200.
Medina es uno de los dos comunicadores presos del régimen de Maduro. Desde el pasado 12 de agosto está preso también el comunicador Willmer Quintana, en la población de San Juan de los Morros, en el estado Guárico.
