La popularidad del presidente Juan Manuel Santos sufrió su baja más estrepitosa en lo que va de su gobierno luego de un fallo desfavorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que despojó al país de una porción del mar Caribe que hasta ahora le pertenecía.
La imagen favorable del mandatario colombiano se desplomó a 45% en noviembre, 15 puntos porcentuales menos que dos meses atrás cuando anunció los acercamientos de su gobierno con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para entablar un diálogo que pusiera fin a casi medio siglo de conflicto y cuyos lentos avances parecen restarle también algo de respaldo a su gestión.
De acuerdo con un sondeo publicado el domingo por la revista Semana, 91% de los colombianos entrevistados consideran injusta la decisión que adoptó el tribunal de La Haya el 19 de noviembre.
En un fallo inapelable, la Corte de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus siete cayos deshabitados que eran reclamados por Nicaragua en un pleito que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en 2001, pero cedió a Nicaragua miles de kilómetros del mar Caribe.
Tras este fallo, 85% de los encuestados piensa que el gobierno de Santos debería desacatarlo así ello implique una guerra con Nicaragua.
El gobierno colombiano ha conformado un equipo de connotados juristas para buscar salidas alternativas que permitan «restablecer los derechos» de la población afectada.
Tanto el presidente Santos como el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, descartaron la víspera una confrontación bélica por este litigio territorial.
La encuesta, realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco entre el 23 y el 25 de noviembre, consultó la opinión de 1.006 personas en los 13 municipios de mayor densidad poblacional del país.
El sondeo tiene un error muestral de 3,1% y un grado de confiabilidad de 95%.
En la jornada, uno de los abogados del nuevo equipo colombiano informó que estudian como recursos posibles, para contrarrestar los efectos de la sentencia de la Corte de La Haya, la formulación de una demanda de interpretación al texto, una demanda de revisión e, incluso, una negociación bilateral con Nicaragua sobre asuntos como los derechos de pesca de los lugareños.
Manuel José Cepeda, ex magistrado de la Corte Constitucional, explicó en entrevista con el diario El Tiempo que para entablar la demanda de revisión, por ejemplo, se requiere de «una prueba nueva, no conocida por las partes, con la fuerza de cambiar el sentido del fallo» y que por ello el gobierno ya trabaja en encontrarla.
