La denuncia de Vasco Da Costa, preso del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de haber contraído cáncer en un ojo como consecuencia de las torturas a que ha sido sometido, una vez más llama la atención sobre los tratos inhumanos que se aplican en los cuerpos de seguridad en Venezuela y de los cuales tiene conocimiento la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dra. Michelle Bachelet, que ya produjo un informe muy contundente que fue hecho de conocimiento público.
El Dr. Abraham Cantillo, representante de la organización Foro Penal en el estado Lara, dijo que los activistas de los Derechos Humanos no se cansarán de exigir el cumplimiento de la ley que rige esa materia y de formular acusaciones contra los funcionarios que la violentan, sobre todo porque Venezuela suscribió su apego a dicha norma y a tratados internacionales en torno a esa materia.
Importante es resaltar que los delitos por torturas, tratos inhumanos y degradantes no prescriben y eso deben tomarlo en cuenta todos los funcionarios que por cuenta propia u órdenes recibidas de sus superiores procedan a victimizar a los detenidos que están bajo su custodia.
Ante los tribunales internacionales no tendrán excusas, dijo el Dr. Cantillo. Nada valdrá que digan que no sabían el contenido de las leyes y los tratados internacionales o que cometieron esos delitos en acatamiento a órdenes recibidas de sus superiores. Porque la misma ley prevé la culpabilidad de los funcionarios.
Aún más, el propio presidente Nicolás Maduro firmó y ratificó leyes y tratados internacionales, que obligan a su cumplimiento. Y en el 2013 suscribió la Ley contra la tortura, tratos inhumanos y degradantes. Todo eso ha fortificado la defensa de los Derechos Humanos. Y por supuesto, genera responsabilidades ineludibles. Eso deben saberlo los funcionarios y comandantes de los cuerpos de seguridad.
