La necesidad de viviendas ha enfrentado a los venezolanos en casi todo el territorio nacional.
El fenómeno de las invasiones no ha dado tregua en Lara, y es que cada vez son más los casos de ocupaciones ilegales y desalojos forzosos de la Guardia Nacional en la entidad.
En esta ocasión, los protagonistas de la situación irregular son 32 familias pertenecientes al Consejo Comunal Canaán, quienes aseguran ser propietarios de los terrenos donde se construye el conjunto residencial Los Jabillos, en Agua Viva.
En detalle, los ocupantes aseguran que la constructora fue quien invadió los terrenos, por cuanto según sus averiguaciones, los mismos son propiedad del Estado. “Estas personas construyeron estos edificios en terrenos que no les pertenecen. Cuando averiguamos qué zonas les correspondían al Consejo Comunal Canaán, supimos que teníamos a disposición 27 hectáreas pero sólo contábamos con 20.
Al revisar los mapas, nos dimos cuenta que entre las 7 hectáreas faltantes se encontraban estos apartamentos y otros urbanismos desarrollados de manera ilegal”, explicó Pedro José Álvarez en representación del grupo.
Con papeles en mano, los ocupantes señalaron que los terrenos fueron vendidos ilegalmente por cuanto es el Estado quien tiene potestad sobre ellos. “Todas las construcciones que están en esta zona se encuentran fuera de la ley. Nosotros estamos aquí porque tenemos un grave problema de vivienda. Toda esta gente se encuentra damnificada”, expresó José Luis Sequera, líder de la comunidad, quien presuntamente se reunió anteriormente con el vicepresidente de Pdvsa para tratar este caso.
Si estamos equivocados, agregó, estamos dispuestos a asumir las consecuencias. “Aquí están mis manos si tengo que ir preso”.
Por su parte, la mayoría de los ocupantes manifestó su preocupación por cuanto sus viviendas están cercanas a una quebrada, la cual ha comenzado a tumbarle los ranchos.
“Esa quebrada no estaba ahí, lo que pasó es que las constructoras la desviaron sin importar lo que ocurriera con nosotros”.
En el lugar se encontraban hombres, mujeres embarazadas y niños.
En este sentido, exigieron respeto y protección por cuanto presuntamente recibieron amenazas de los funcionarios de la GN. “Queremos instalar una mesa de diálogo para llegar al fondo de esta situación.
Nosotros sabemos que varias personas ya pagaron estos apartamentos, pero la constructora y el banco tendrán que responderles por esa estafa”.
La aspiración de los líderes comunales es que el ejecutivo nacional adquiera las bienhechurías, les conceda subsidio y un crédito.
“No somos ladrones. Podemos pagarle al Presidente poco a poco”, dijeron.
Las residencias en cuestión conforman 32 apartamentos, los cuales serían entregados a sus dueños en marzo del próximo año.
“Con mucho esfuerzo pagué mi apartamento”
Un elemento que vale la pena destacar es que el banco financista del proyecto habitacional no es otro que Bicentenario Banco Universal, propiedad del Estado. Al respecto, representantes de la constructora insistían en que ningún banco, mucho menos oficial, se prestaría a otorgar créditos si la documentación no estuviese en orden.
En las adyacencias del urbanismo se encontraban los propietarios, quienes, en su mayoría, ya han cancelado los inmuebles. “Somos gente de clase media que con mucho esfuerzo ha logrado surgir y conseguir una solución de vivienda. No es posible que en este país no haya seguridad jurídica ni respeto a la propiedad privada”.
En este sentido, manifestaron estar dispuestos a recurrir a todas las instancias posibles para recuperar sus propiedades.
Finalmente, líderes comunales de Agua Viva se sumaron a los llamados de atención y también manifestaron su desacuerdo ante este tipo de conflictos. “Tenemos 31 años viviendo en esta zona y cada vez que hay invasiones se devalúan los inmuebles”.
Les corresponderá a las autoridades aclarar la situación a la brevedad posible, en aras de evitar enfrentamientos y hechos lamentables.
Fotos: Ángel Zambrano
