Un total de 10.477 protestas fueron documentadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias, cifra que representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017, de acuerdo con el informe dado a conocer por el organismo este lunes 15 de julio.
El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación, ratifica el informe.
Precisa que el colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), expuso ante el mundo, en su más reciente informe difundido el 04.07.19, la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto en materia de derechos económicos y sociales como civiles y políticos, a consecuencia de la reducción del espacio democrático por la implementación de leyes, políticas y prácticas que buscan neutralizar, reprimir, criminalizar y atemorizar a la población.
El organismo confirmó las violaciones al derecho a la alimentación y el debilitamiento de los sistemas de producción y distribución como consecuencia de las políticas adoptadas en la última década; así como la gravedad del tema de salud y la falta de acceso a medicinas. La crisis en salud sigue agudizándose, una muestra de ello es la muerte durante el mes de mayo de 4 niños pacientes del Hospital J.M. de Los Ríos, en Caracas, mientras se encontraban a la espera de recibir un trasplante de médula ósea.
La crisis que padecen las familias venezolanas transciende del ámbito nacional al plano internacional. Los gobiernos de la región han sido testigos de una migración forzada de venezolanos generada por las precarias condiciones de vida y las graves violaciones de derechos humanos en el país. 4.054.870 personas se han visto forzadas a dejar el país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo riesgo de aumentar es latente mientras no se tomen los correctivos de manera urgente.
Quienes permanecen en Venezuela se han mantenido en las calles exigiendo el respeto y garantía de sus derechos, más allá de la represión, miedo, discriminación, indolencia y apatía que el régimen de Maduro implementa como Política de Estado en el país.
Las protestas se caracteriaron por:
Arreció la Política de Represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares. Dejando un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones;
Reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus Subsistemas. Con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a nivel nacional; participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y Colectivos Paramiltares sobre la ubicación e identidad de manifestantes; respaldo popular al Presidente Encargado Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por partidos oposición y sociedad civil, logrando congregar a diversos y numerosos actores sociales y políticos durante los primeros 4 meses del año. Al cierre del semestre se aprecia una marcada disminución en la frecuencia de este tipo de manifestaciones y en la asistencia y participación de la ciudadanía.
Asimismo, por el incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia; aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico; repunte de saqueos en zonas vulnerables a causa de las fallas del sistema eléctrico; alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina; a partir del segundo trimestre las protestas por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles; trabajadores se mantienen en pie de lucha exigiendo el respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos y en junio se produjo la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante los tres días escuchó cientos de testimonios de víctimas y constató la violación de derechos humanos.
Distribución geográfica de las protestas
Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.
Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730), volviendo el estado Lara al ranking de los primeros cinco entidades con más protestas con (716).
Asesinadas 61 personas primer semestre
El OVCS y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) lograron documentar de manera conjunta la muerte de 61 personas durante el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas, así como el asesinato de 6 personas, días después de realizadas las protestas, que fueron detenidas en sus casas y ejecutadas extrajudicialmente por participar en protestas u organizarlas, muertes que ocurrieron en 17 estados del país.
