La policía de Hong Kong empleó el miércoles gases lacrimógenos, gas pimienta y mangueras de agua contra los manifestantes que habían rodeado el edificio del gobierno para oponerse a una polémica reforma del sistema de extradiciones, convertida en un símbolo de las preocupaciones sobre el creciente control chino y la erosión de los derechos civiles en el territorio.
Los incidentes de violencia eran una importante escalada en la mayor crisis política del país en varios años. Los manifestantes habían forzado antes la demora de un debate legislativo sobre las propuestas de reformar la normativa sobre extradiciones, que permitiría enviar a China para su juicio a sospechosos de delitos en Hong Kong.
La multitud, con una gran mayoría de jóvenes, llenó las calles cercanas, derribó barreras y tuvo escaramuzas con la policía ante la sede del gobierno y las oficinas del Consejo Legislativo. Pero cuando pareció que algunos habían rebasado el perímetro policial en torno al edificio, la policía actuó para repelerlos, utilizando también proyectiles no letales.
Un escueto comunicado del gobierno había anunciado antes el aplazamiento de la sesión legislativa, prevista para las 11:00 de la mañana, a “un momento posterior”. Las autoridades no concretaron cuándo se celebraría, y la directora general del gobierno, Carrie Lam, canceló una conferencia de prensa que tenía programada.
La demora parecía ser al menos una victoria temporal para los detractores de la reforma, que han protagonizado las manifestaciones más grandes en Hong Kong desde las protestas prodemocracia que paralizaron parte del centro financiero asiático durante más de tres meses en 2014. Algunos negocios cerraron el miércoles y se convocaron paros laborales y huelgas estudiantiles.
Las protestas son un desafío para el gobernante Partido Comunista chino y su presidente, Xi Jinping, que dijo en el pasado que no toleraría que se utilizara Hong Kong como una base para desafiar la autoridad del partido. Las marchas también han permitido expresarse a los hongkoneses jóvenes alienados por un proceso político dominado por la élite económica del territorio.
En una breve conferencia de prensa mientras la situación escalaba en el exterior, el comisario de policía Stephen Lo Wai-chung describió la protesta como un disturbio. Eso podría suponer largas penas de prisión para cualquiera que sea detenido, agravando el temor a que el gobierno de Hong Kong esté utilizando las leyes contra la alteración del orden público para intimidar a manifestantes políticos.
“Condenamos este comportamiento tan irresponsable”, dijo Lo. “No hay necesidad de lastimar a personas inocentes para expresar sus opiniones”, dijo, añadiendo que la gente no debía “hacer nada que lamenten el resto de su vida”.
El portavoz policial Gong Weng Chun defendió la decisión de emplear gases lacrimógenos y otras armas no letales para dispersar a los inconformes.
Los manifestantes arrojaron piedras, botellas, vallas de metal y otros objetos a la policía.
La situación de la reforma legislativa seguía sin estar clara tras los incidentes violentos, que en su mayor parte habían terminado para las 17:00, después de que la policía guiara a los manifestantes al otro lado de un puente peatonal. Sin embargo, el tráfico en una de las zonas más atareadas de la ciudad seguía cortado, y quedaban varios cientos de manifestantes que no daban muestras de querer marcharse.
Algunos manifestantes habían expresado por la mañana su esperanza de que el bloqueo persuadiera al gobierno de Lam de archivar las enmiendas previstas sobre el proceso de extradición.
Un manifestante que solo se identificó por su nombre, Marco, dijo que confiaba en que la protesta persuadiera al gobierno de la directora general, Carrie Lam, de retirar las enmiendas propuestas.
“Queremos que el gobierno deje la legislación y no vuelva a traerla”, dijo.
Otro manifestante que dio su nombre como King dijo que la protesta era un momento decisivo para los jóvenes hongkoneses, que afrontan difíciles perspectivas de empleo y un precio disparado de la vivienda.
“Tenemos que alzarnos por nuestros derechos o nos los arrebatarán”, indicó.
Los reparos de los asistentes a identificarse por su nombre completo y profesión _muchos llevaban mascarillas quirúrgicas para ocultar su rostro_ reflejaban la estrategia cada vez más agresiva de las autoridades con la desobediencia civil. Esas acciones nunca se toleran en la China continental y los residentes en Hong Kong pueden afrontar vetos a viajar y otras repercusiones si cruzan la frontera.
Se suponía que la filosofía “un país, dos sistemas” garantizaba a Hong Kong el derecho a conservar sus sistemas social, legal y político durante 50 años tras la devolución de la excolonia británica en 1997. Sin embargo, el gobernante Partido Comunista chino parece renegar progresivamente de ese acuerdo al imponer reformas legales impopulares.
El gobierno siguió adelante con sus planes de presentar el miércoles las enmiendas sobre extradición en la cámara, pese a los cientos de miles de personas que se manifestaron el fin de semana, la protesta política más grande del territorio en más de una década.
