El primer ministro peruano Salvador del Solar y su gabinete ministerial buscaban el martes ante el Parlamento opositor obtener el compromiso para la aprobación de cinco proyectos de ley anticorrupción, los cuales si no son aprobados, podrían provocar el cierre del legislativo por el mandatario Martín Vizcarra, siendo el choque más fuerte entre ambos poderes del estado.
Vizcarra invocó hace una semana un mecanismo previsto en la Constitución peruana para que el Parlamento dirigido por el opositor partido derechista Fuerza Popular apruebe sus iniciativas de lucha contra la corrupción y de reforma política en un país que ha enjuiciado en los últimos tiempos a su poderosa clase política, incluidos sus cuatro últimos expresidentes por sus nexos corruptos con la constructora brasileña Odebrecht.
La gota que colmó la paciencia presidencial surgió luego que el Legislativo archivó sin debate hace dos semanas uno de los proyectos enviados para eliminar un privilegio de protección judicial de los congresistas, quienes sólo pueden ser enviados a la cárcel si el Parlamento lo autoriza. Este privilegio ha permitido que en los últimos dos años, dos legisladores sentenciados por corrupción posterguen sus ingresos a la prisión y puedan incluso fugarse.
En caso de no obtener el compromiso de aprobación del paquete de leyes anticorrupción, Vizcarra podría usar la ley para cerrar el Parlamento dominado de la lideresa Keiko Fujimori, también en cárcel de forma preventiva por sus presuntos vínculos con Odebrecht. El lunes el mandatario se mostró confiado de lograr la confianza del Parlamento. “Soy optimista, estoy seguro que los congresistas tienen que, con su voto, mostrar el sentimiento de los peruanos”, dijo el presidente.
Los proyectos que Vizcarra intenta aprobar son: uno que busca que la inmunidad parlamentaria pueda ser retirada por la Corte Suprema, otro que las personas condenadas no puedan ser candidatos y un tercero en el cual cualquier peruano pueda participar en la elección de candidatos en primarias internas partidarias.
Las otras iniciativas buscan que se elimine el voto preferencial para que se garantice la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos y finalmente que se prohíba el uso de dinero sucio en las campañas electorales.
Vizcarra sustenta su dura exigencia en el artículo 134 de la Constitución que sostiene que el presidente puede disolver el Parlamento si éste le niega la solicitud de “confianza” o compromiso a dos gabinetes ministeriales. El Congreso ya ha negado una vez la confianza a un gabinete ministerial en 2017 y si vuelve a hacerlo, podría ser disuelto por el mandatario.
Si Vizcarra disuelve el Congreso, debe convocar a elecciones parlamentarias en el plazo de los cuatro meses posteriores y no pueden postular los congresistas cesados. Los nuevos legisladores finalizarían su gestión el 28 de julio de 2021.
Vizcarra asumió el poder en 2018, tras la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien está procesado por sus vínculos con Odebrecht.
Las investigaciones anticorrupción en Perú, que incluyen a cientos de personas y a los expresidentes que gobernaron el país entre 2001-2018, han provocado un terremoto entre la élite política de derecha e izquierda.
Odebrecht admitió en 2016 ante la justicia estadounidense que pagó varios millones de dólares en sobornos a funcionarios en varios países de Latinoamérica para obtener a cambio jugosos contratos en obras de infraestructura.
Vizcarra finalizará su gestión en 2021.
