En el marco del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, la diputada Milagros Valera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral y Salud del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda y el concejal Máximo Sánchez, presidente de la Comisión de Legislación del Cabildo Metropolitano de Caracas, ambos miembros de la dirección nacional de Primero Justicia, acompañados de ediles de Chacao y El Hatillo, rechazaron las recientes actuaciones por parte del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios en materia de violación a los derechos fundamentales de las féminas venezolanas.
Sánchez comenzó repudiando los sucesos ocurridos a la ex jueza María Lourdes Afiuni, pues a su juicio se evidencia el estado de indefensión que tienen los presos políticos por parte del Gobierno central, por lo que hizo un llamado al respeto de las leyes. “El caso de la jueza muestra la indolencia del Estado venezolano, que lejos de esclarecer y garantizar la integridad de todas las mujeres, arremeten por denunciar”, aseveró.
Asimismo, la legisladora por la tolda aurinegra, lamentó que sea el Ejecutivo nacional quien quebrante los derechos humanos de las mujeres venezolanas, pues “es increíble que la mayoría de los poderes públicos de Venezuela sean liderados por mujeres y que sean ellas las más indolentes, que en vez de atender con premura casos de violación a las normativas legales, se lavan las manos y lo que hacen, como es el caso de la ministra Iris Varela, es amenazar con enjuiciar nuevamente a una funcionaria que denunció lo que le pasó con cargos de difamación.
Pareciera que quieren es coartar la libertad de expresión y la libertad de denunciar cualquier delito contra las mujeres”.
Agregó que el caso de agresión contra Afiuni se dio a conocer porque todas las miradas de la opinión pública se encuentran puestas en ella, sin embargo cuestionó “si esto pasa con la ex jueza, imagínense lo que pasa con todas las mujeres que sufren este tipo de agresiones y vilipendios dentro de un centro penitenciario, sin poder denunciarlo porque las mandan a callar”.
Por su parte, la presidenta del Instituto de la Mujer del estado Miranda, Deliana Torres, aseguró que no se tienen cifras oficiales de violaciones contra las mujeres desde hace años, por lo que hizo un llamado al mandatario nacional a crear políticas públicas, conjuntamente con los estados y municipios, en materia de la protección de la integridad femenina.
“Con el caso de la jueza, las mujeres debemos unirnos y alzar la voz contra esto, porque fue violentada la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el Código Procesal Penal porque no tuvo la debida atención”, fustigó.
Los concejales y legisladores de Primero Justicia, exigieron cumplir con las garantías constitucionales de las mujeres venezolanas y en especial, a las privadas de libertad.
Foto: Cortesía de Alejandro Castillo
