La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó el martes en el banquillo en un juicio inédito, en el que la principal acusada de presunta corrupción se encuentra al mismo tiempo en campaña para volver al poder, esta vez como vicepresidenta.
El juicio, el primero de una serie de procesos que enfrentará la exmandataria (2007-2015) y actual senadora, comenzó tres días después de que Fernández anunciara de forma sorpresiva que su exjefe de gabinete Alberto Fernández será precandidato presidencial y que ella lo acompañará como aspirante a la segunda magistratura.
Otros exmandatarios argentinos han sido juzgados pero Fernández, de 66 años, es la primera que se someterá a proceso al mismo tiempo que tiene posibilidades ciertas de volver a la casa de gobierno.
“Comenzará un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, cuestionó Fernández más temprano en Twitter.
La senadora se considera una perseguida en todas las causas que, a su entender, son instruidas por jueces sujetos a las órdenes del presidente Mauricio Macri.
Según la legislación, mientras no haya condena firme una persona procesada no está impedida para ejercer cargos públicos.
El desafío de Fernández es que lo que se diga en las audiencias no merme sus aspiraciones electorales ni las de su candidato en los comicios en los que Macri buscará reelegirse y la expresidenta se presenta como su principal rival, según varios sondeos.
Fernández está imputada de haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado. Junto a la exmandataria están procesadas otras 12 personas, entre ellas el empresario de la construcción Lázaro Báez y exfuncionarios.
Su compañero de fórmula presidencial, jefe de gabinete durante su mandato y el de su antecesor y marido Néstor Kirchner (2003-2007), es uno de los cerca de 150 testigos que desfilarán durante el juicio.
El analista Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dijo a The Associated Press que Macri “va a antagonizar con este tema: Cristina sentada en el banquillo con un conjunto de funcionarios” de su gobierno y “no va a ser tan fácil” para ella.
El analista agregó que, sin embargo, con el sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial Fernández consiguió desviar la atención sobre el juicio y amortiguar el impacto de su imagen frente a los jueces. “No es lo mismo la foto sentada en el banquillo siendo una candidata a presidenta, que la foto de Alberto Fernández viajando para hacer un acto” de campaña, dijo.
Para Bacman, al situar a Alberto Fernández como candidato presidencial la senadora busca atraer a sectores de la población más moderados e independientes y “a aquellos dirigentes peronistas que se fueron alejando”.
La primera audiencia del juicio está destinada a la lectura de la acusación fiscal y podría prolongarse por varias semanas.
La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. De ser hallada culpable podría ser condenada a una pena de hasta 15 años de prisión.
La acusación de los fiscales está centrada en los 51 contratos de obras públicas que recibieron las empresas de Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, de la que Kirchner fue gobernador y Fernández senadora.
Según la acusación, los contratos fueron amañados a favor del empresario pese a que sus firmas no tenían capacidad para hacer las obras. Muchas de ellas quedaron inconclusas o tuvieron un costo mucho mayor al valor de mercado.
El juicio, que está previsto que dure un año, quedó envuelto en una polémica luego de que la Corte Suprema pidió la semana pasada el expediente para evaluar los recursos interpuestos por la exgobernante y otros acusados, lo que disparó especulaciones sobre una postergación de su inicio.
Las fuertes críticas del gobierno y de juristas y “cacerolazos” de protesta en varios barrios de Buenos Aires obligaron a la Corte a ratificar el comienzo del proceso.
Fernández afirmó en Twitter que “jamás” intervino como presidenta “en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras” y sostuvo que los fondos para esos contratos fueron votados por el Congreso en el presupuesto.
