El pronunciamiento lo hizo este martes Erika Guevara Ross en la reunión de frente a la Amnistía Internacional en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en el país, sobre los hechos ocurridos en Venezuela a finales de enero de 2019.
“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por
El hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, precisó.
Expresa el informe que los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal.
No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.
Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión, precisa.
Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.
Crear comisión de investigación
Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.
El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.
“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.
“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello.”
Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año, en la que se entrevistó con decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional y de graves violaciones de derechos humanos cometidas, principalmente, del 21 al 25 de enero, lapso en el que tuvieron lugar manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país.
La investigación demuestra también el preocupante giro de la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes se han manifestado en su contra, la mayoría pertenecientes a comunidades de escasos recursos económicos.
Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones.
Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.
A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños,niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.
Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado los patrones y la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen el uso excesivo de la fuerza en contra de personas manifestantes y los tratos crueles, inhumanos y la tortura en su contra, con el fin de neutralizar la protesta social.
La organización ha identificado y denunciado los patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos que han ocurrido en todos los años del gobierno de Maduro, a través del análisis de 22 casos emblemáticos, y ha identificado al menos seis presos de conciencia.
Amnistía Internacional también ha denunciado más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero de 2019 en contra de una población civil.
