Colombia anunció el sábado que buscará manejar con prudencia y respeto «la encrucijada» en la que se encuentra después del fallo de la Corte Internacional de Justicia le recortó una extensa y rica zona marítima en el Caribe para cederla a Nicaragua.
Pese a que la decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas es de inmediato y obligatorio cumplimiento, Colombia ha dilatado su acatamiento, mientras evalúa el fallo para decidir si pide aclaraciones o una revisión.
«Le pediré a la canciller que entre en contacto directo con el Gobierno de Nicaragua para manejar esta encrucijada con prudencia y respeto», dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter.
La canciller colombiana, María Angela Holguín, afirmó el viernes que el Gobierno de Bogotá no ha acatado el fallo y que se encuentra estudiándolo a profundidad para decidir que recurso presenta ante la Corte Internacional.
Previamente, la misma funcionaria admitió la posibilidad de que Colombia se retire de un tratado con el que reconoció la jurisdicción de ese tribunal, procedimiento con el que no evadiría el fallo, de acuerdo con expertos.
Pese a la posición de Colombia de no acatar de inmediato el fallo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confió que en Bogotá lo cumplirá y dijo que no tiene otro camino diferente.
Mientras, la Armada colombiana mantiene sus embarcaciones en la zona que antes del fallo estaba bajo su jurisdicción y dijo que lo hace para defender su soberanía, proteger a los pescadores y habitantes de las islas y combatir el narcotráfico.
Aunque la Corte Internacional le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico, principalmente pesqueros y petroleros,
El tribunal modificó como frontera entre los dos países el meridiano 82, lo que amplió a Nicaragua su jurisdicción en el Caribe.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, de acuerdo con analistas y expertos.
Pero esa alternativa es contraria a la tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional y podría crear tensión en la región por el respaldo que recibiría Nicaragua de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, de acuerdo con analistas.
